De acuerdo con la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, la comisión de delitos de tortura y la explotación sexual infantil no ameritan prisión preventiva oficiosa y, por lo tanto, un presunto implicado de las características del exgobernador de Puebla, Mario Marín, no representa un riesgo para la sociedad.
El exgobernador llevaba más de tres años en prisión preventiva por los delitos de tortura y protección a redes de trata infantil. Fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, y llevado a Cancún en donde fue vinculado a proceso como probable autor intelectual de la tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida ilegalmente en diciembre de 2005 en Quintana Roo y llevada vía terrestre a Puebla por policías judiciales de esta entidad.
Las acusaciones contra Mario Marín tuvieron lugar a raíz de la publicación del libro “Los demonios del Edén”, publicado en 2005 por la periodista, en el que expone una red de explotación sexual infantil en la que estuvieron implicados Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, este último conocido amigo de Marín.
Recordemos que, en junio de este año, falleció en Cancún Jean Succar Kuri, un libanés nacionalizado mexicano que cumplía una sentencia de 93 años por pederastia y una serie de delitos sexuales contra menores. Su caso dejó de manifiesto una red de corrupción y complicidades en la que participaban reconocidos políticos del PRI y PRD, quienes cometían y solapaban delitos atroces en contra de niñas, niños y adolescentes, arrebatándoles su dignidad humana y dejándoles huellas psicoemocionales imborrables.
Por su parte, "el rey de la mezclilla", Kamel Nacif Borge, fue detenido en Líbano tras ser buscado por las autoridades mexicanas. Lydia Cacho informó en su cuenta de Twitter que se presentó ante las autoridades de aquel país para testificar contra el empresario, presunto tratante de niñas y prófugo de la justicia mexicana desde hace más de diez años.
"Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde", escribió la periodista en sus redes sociales junto con una foto de Kamel Nacif.
No obstante, la jueza resolvió que “el gober precioso” será trasladado del penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a la comodidad de su casa en Puebla; le impuso una fianza de 100 mil pesos; la prohibición de salir de la ciudad y del país, así como de acercarse o comunicarse con los otros personajes indiciados por el mismo proceso; se le retuvo su visa y pasaporte; se le colocará un brazalete electrónico para localizarlo; y estará bajo vigilancia en su domicilio particular.
Ante tal resolución, Lydia Cacho, con sobrada razón, tachó de "mafioso" el actuar de quienes integran al Poder Judicial en nuestro país. Tal y como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador estamos ante otro “sabadazo” de este Poder constitucional que, dicho sea de paso, sigue en franco descrédito ante la sociedad, ya que precisamente por estas injustas resoluciones que favorecen siempre a quienes ostentan poder económico es que el pueblo desconfía de las y los juzgadores.
Es claro que el exgobernador poblano cuenta con todos los recursos para evadirse de la mano de la justicia, salir del país o comprar su libertad al mejor postor, de ahí la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva durante su proceso penal. Mientras él tiene todos los recursos y seguridad a su alcance en la comodidad de su hogar, las víctimas que lo denunciaron, sus familias y la periodista Lydia Cacho quien también denunció los aberrantes delitos, además de ser objeto de tortura, se encuentran en la más absoluta inseguridad e indefensión, desamparadas por eso que algunos defiende y llaman justicia.
La sociedad se quedó con un palmo de narices, a la verdad se le cerró una vez más la puerta. Es evidente que a la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez no la elegiría el pueblo, solamente podrían mantenerla en el cargo quienes la pusieron para que siga sirviendo a sus intereses.
Es urgente reformar al Poder Judicial Federal, ponerle un alto a la impunidad, sacar de la cárcel a las personas inocentes y encerrar a los verdaderos delincuentes. La trata de personas debe ser investigada, perseguida y sancionada con toda la fuerza de la Ley.
¿Cómo explicarle a esas niñas y niños que sus derechos violentados y dignidad humana valen una fianza de 100 mil pesos? La cual no alcanza para pagar el brazalete electrónico y la seguridad domiciliaria 24 horas al día con que fue privilegiado por la justicia un presunto delincuente amigo íntimo de tratantes y pederastas.
Activista Social
@larapaola1
