A las y los mexicanos: La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada con 420 votos a favor, 15 abstenciones y ninguno en contra, la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de retirar el Fuero Constitucional al presidente de la República; el texto aprobado y enviado al Senado establece expresamente que durante el tiempo de su encargo, el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, de ahí que para proceder penalmente en su contra, solo habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores para que, previo análisis y mediante un juicio de procedencia, se le retire el fuero y pueda ser sujeto de proceso penal.
Actualmente el presidente de la República únicamente enfrenta responsabilidades penales por traición a la patria y delitos graves del orden común, es decir que, la inmunidad prevista en el Texto Supremo, en realidad ordena la impunidad para todos los demás delitos. El cambio planteado no es menor, ni desde el punto de vista teórico ni de la praxis política, resulta de la mayor relevancia para la vida pública nacional debido a sus múltiples implicaciones, las cuales cimbrarán a todo el aparato de poder, por lo que es importante seguir el proceso legislativo en el Senado y en las Legislaturas de las entidades federativas.
De cobrar vigencia esta reforma, las consecuencias en los entramados jurídicos e institucionales de todo el país, enfrentarán una reconfiguración de forma y fondo, pues necesariamente resultará en el replanteamiento de los símbolos, señales y cultura que, hasta hoy, siguen presentes.
Desde la academia y la tribuna hay quienes han defendido el Fuero Presidencial, argumentado con razón que este no protege al funcionario sino a la función pública, ya que, no es para beneficiar a la persona sino para asegurar que el cargo esté salvaguardado de los intereses y abusos del propio poder público —en este caso del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, a efecto de mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado. Argumentación que hacen valer para el Fuero del que están investidos los legisladores e integrantes del Poder Judicial, así como para el de los integrantes de los Poderes estatales.
Razonamiento el anterior, sin duda lógico y adecuado, en tanto que fue concebido en un sistema presidencial —por no decir presidencialista— donde el presidente de la República fue concebido como omnipotente, lo que permitió se arrogara atribuciones metaconstitucionales, particularmente durante el periodo hegemónico, convirtiéndolo en un funcionario y en un ciudadano “intocable”. Esta omnipotencia e intocabilidad fue heredada a los gobernadores que actuaban como peones frente al poder presidencial y como señores feudales ante la ciudadanía, hasta que la alternancia los convirtió en virreyes y les permitió arrebatar a pellizcos el poder a los presidentes en turno, recibir transferencias de dinero público no fiscalizables y sustituir el pacto federal por uno de impunidad.
Entonces, si ahora el presidente de la República puede ser enjuiciado penalmente por los mismos delitos y bajo el mismo procedimiento que un ciudadano de a pie ¿qué les espera a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los ministros y al resto de los servidores públicos? Si el pueblo ya puede remover a un gobernante revocándole el mandato a la mitad de su gestión ¿cómo se controlará a los opositores y a los aliados? Si ya no existe complicidades vergonzantes, ni temor, ni servilismo ¿de qué se trata ahora la política?
Hoy los mecanismos de democracia directa conviven sin conflicto en la Carta Magna con los de la democracia representativa, y los simbolismos del poder se desdibujan a pesar del pataleo costumbrista, lo cual necesariamente nos obliga a repensar al Estado, a sus instituciones y sus prácticas, parece que tenemos que hacernos a la idea de que lo que fue ya no será. A nadie debe extrañarle que el grupo parlamentario mayoritario no se conduzca con obediencia sumisa, que no haya besamanos en el informe de gobierno y que los gobernadores abandonen la Conago, porque lo que en el pasado se consideraba afrenta ahora a nadie insulta: “…nada de maniobras por cargos … nada de hacer cosas que a todas luces son indebidas...”, “la arrogancia de sentirse libres”, “están en su derecho …”.
La libertad política no es andar suelto como burro sin mecate, sino estar libre de coacción y sometimiento, teniendo como únicos límites la ley y el conjunto de principios y valores que esta consigna. La libertad política tiene como asidero la igualdad y esta no entiende de fueros, en tanto que son privilegios y exenciones arbitrarias.
Entonces, si el orden de cosas será diferente, ¿cuáles serán los nuevos mecanismos de control político para dar paso a la gobernabilidad?
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.
