CFE podría y debería liderar la transición energética que nuestro país necesita y hacerlo de una manera justa y renovable. Basta recordar la propuesta que existió de CFE Solar o la rama de CFE Renovable que muere de inanición desde hace un par de años. Esto, aunado a la cantidad de recursos que por obligación tendría que estar usando el gobierno para adaptar y mitigar el cambio climático, contenidos en el anexo 16, que ahora mismo se utiliza para construir gasoductos para transportar el gas que se importa de Texas, o la enorme cantidad de dinero que se utiliza para cubrir el alto costo eléctrico en el sector residencial y agrícola, podría significar una modernización de las plantas de generación de CFE, utilizando recursos 100% nacionales y potencialmente inagotables como lo es el sol, el viento, las corrientes marítimas, entre otras.
Podría ser utilizado para fortalecer los sistemas de transmisión para hacerlos más resilientes a las amenazas climáticas que irán en aumento. Para muestra tenemos los apagones sucedidos en el norte del país recientemente, ocasionados a heladas atípicas (cambio climático) y al congelamiento de la infraestructura de gas texana, de la cual somos altamente dependientes y que con esta dirección lo seremos aún más.
En cambio, después de un par de semanas en las que se generó un diálogo de sordos en el proceso legislativo que dio pie a la modificación de la ley eléctrica, la situación resulta preocupante en varios sentidos, siendo el ambiental y de salud pública dos de los que más tendrían que llamar nuestra atención aunque no los únicos.
Las formas en que se legisló recuerda a lo sucedido en 2013 con el “pacto por México” y la aprobación de la reforma estructural de energía, pero en sentido contrario y protagonizado por la facción ignorada aquella vez, que ahora es mayoría en el congreso. Procesos en donde la participación y el derecho a construir en conjunto quedó de lado, en el que la discusión se centró en ataques de una bancada a otra y donde los falsos ambientalismos de personas que en su momento estuvieron a favor de la aprobación del fracking o que ahora apoyan procesos industriales inaceptables como la termovalorización, utilizan la lucha ambiental como un argumento para golpetear políticamente al adversario.
Algo que debe quedar claro es que la importancia de la rectoría del Estado en un sector tan importante como el eléctrico es indiscutible, sectores estratégicos como la salud, la energía, la educación, el agua deben privilegiar lógicas diversas a las del mercado, las lógicas de la equidad, del bienestar de la población y del desarrollo, pero un desarrollo que sea para todo el pueblo, sin sacrificables.
En ese sentido, la discusión sobre los problemas de la modificación de la LIE no debería pasar por la búsqueda del fortalecimiento de la CFE sino en las formas en las que se plantea, y es que esta modificación fortalece la participación de los combustibles fósiles, desde los más contaminantes como el combustóleo y el carbón hasta el incremento en la participación del gas, en uno de los sectores que más gases efecto invernadero genera, pero también en el sector más susceptible a reducir emisiones.
En medio de un contexto ambiental que nos muestra cada vez con más claridad que tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo rápido, la dirección que toma nuestro sector eléctrico es inaceptable. Mucho se ha dicho que México utiliza muy poco fuentes altamentes contaminantes como el carbón o el combustóleo con respecto a otros países, esto puede ser verdad si lo único que se observa es el porcentaje de generación, pero para poner en perspectiva lo que este tipo de tecnologías representan, basta observar la participación que tienen en el total de gases efecto invernadero en el sector. Así, mientras ambas tecnologías producen apenas el 20% de la electricidad del país, son responsables de casi el 35% de las emisiones de GEI1.
No es un tema menor porque México es el 5° lugar mundial en emisiones de dióxido de azufre en el mundo2, contaminante que es áltamente tóxico y generador de lluvia ácida, relacionado directamente con los combustibles fósiles, particularmente los que tienen altos contenidos de azufre como el carbón y el combustóleo. Por si esto no fuera suficiente, Pemex está considerado como una de las 10 compañías que más GEI ha emitido a la atmósfera. Es decir, México tiene una responsabilidad ambiental, climática y de salud que tiene que cuidar.
Finalmente, la discusión energética se ha ido construyendo sobre falsas dicotomías que polarizan las visiones: las energías renovables anti soberanas y neoliberales, la energía pública como arcaica y contaminante, los fósiles como energía soberana y desarrollo. Es momento de dejar de caer en esos supuestos falaces y romper categorías artificiales. El mundo se mueve claramente hacia un nuevo modelo energético, el tema ya no es si ese tipo de energía sirve o no sirve, en lo que tendríamos que estar poniendo atención es quién se beneficiará de este nuevo modelo, que ahora utilizará algo tan público como el sol o el viento. Esta es una excelente oportunidad para que esta administración se asegure que este nuevo modelo energético sea uno social, que no ocurra lo mismo que con el modelo energético del que vamos saliendo, donde las grandes compañías petroleras fueron las beneficiadas en detrimento de la gente y su salud. Se puede fortalecer lo público sin que esto signifique ahogar a la gente.
*Pablo Ramírez es especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México
