El acceso a servicios financieros formales es fundamental para que las personas puedan ahorrar, obtener créditos, acceder a seguros y gestionar sus riesgos de manera eficiente. Además de permitir una mejor planificación financiera, estos servicios ayudan a enfrentar imprevistos, a expandir negocios y a fomentar la inversión, tanto física como en capital humano.
Instituciones internacionales han señalado a la inclusión financiera como una herramienta clave para reducir la pobreza y disminuir la brecha de género, lo que impacta directamente en el crecimiento económico y en la prosperidad de los países. En otras palabras, la inclusión financiera beneficia tanto a las personas de manera individual como a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, para lograr una mayor inclusión financiera es necesario superar obstáculos, tanto del lado de la oferta, donde se observa una concentración en pocos jugadores, productos limitados y altos costos, como del lado logístico, con barreras como la distancia física, la dificultad de acceso a comunidades marginadas, la falta de documentación y las brechas en educación financiera.
En este contexto, la entrada de nuevos jugadores digitales al sector financiero es una oportunidad prometedora, ya que ofrecen soluciones tanto en términos de eficiencia económica como para superar barreras físicas.
A nivel internacional ejemplos como los que encontramos en Brasil, han mostrado avances significativos en la inclusión financiera, mejorando el bienestar y la prosperidad de sus poblaciones mediante la adopción de servicios financieros digitales. En contraste, México sigue rezagado en este ámbito. Los niveles de inclusión financiera en el país no corresponden ni con el tamaño de su economía ni con el número de habitantes, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y la existencia de una política estatal de inclusión. Este escenario sugiere que, aunque existen buenas intenciones, lo que falta es identificar un vehículo capaz de detonar el cambio necesario.
A partir de las declaraciones y plan de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se desprende el peso que le dará a la tecnología, la innovación y la digitalización como pilares transversales de su estrategia de gobierno. Esta apuesta tiene el potencial no solo de transformar la administración pública federal, sino también de impactar positivamente en el sector financiero, lo que permitiría que las empresas de tecnología financiera ofrezcan productos más accesibles, mejores créditos, mayor seguridad y transparencia.
El reto no es menor, pero puede superarse mediante una revisión de los incentivos que genera la regulación actual. Si México logra montarse en la ola digital, se abrirán nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la inclusión financiera. Un paso contundente para acelerar estos beneficios sería implementar políticas que fomenten la competencia en el sector financiero digital, facilitando el acceso a servicios de calidad, seguros y accesibles, especialmente para aquellas comunidades que hoy en día están marginadas del sistema financiero.
Próximamente presentaremos el estudio “Hacia una política pública para la inclusión financiera: oportunidades y retos para México” en el que tuve el honor de participar bajo la talentosa coordinación de Sergio López Ayllón junto con expertos de la talla de Víctor Carreón, Alejandra Cullen, Pedro Salazar y Álvaro Vértiz. En este documento, se hizo un detallado estudio de la inclusión financiera, sus beneficios económicos, el caso de Brasil como ejemplo a seguir, la realidad mexicana y las propuestas para impulsarla.
Cocoordinador de la Línea de Investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
