En 2015, países miembros de Naciones Unidas se comprometieron con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para, entre otras cosas, erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. México fue uno de los países en signar la Agenda 2030 con el objetivo de buscar un desarrollo económico que integre temas sociales y ambientales, poniendo énfasis en el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, la desigualdad social y económica, el fortalecimiento de la paz y el acceso a la justicia.
Estamos a menos de nueve años de 2030 y parece que aún queda mucho trabajo por hacer. Pero, desde el punto de vista nacional y subnacional, ¿por qué es tan importante la Agenda 2030? Porque aborda políticas públicas en diversos ámbitos, como la educación, la salud pública, el empleo y las relaciones laborales, la diversidad y la inclusión, la igualdad de oportunidades y el medio ambiente. Para que la Agenda 2030 se concrete y tenga sentido en México, los partidos políticos deben incluir políticas e iniciativas en sus plataformas electorales.
La Agenda 2030 propone diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que suman 169 metas indivisibles e interconectadas en los ámbitos económico, social y ambiental. A pesar de su existencia no vinculante, la Agenda 2030 permite a los países firmantes asumir compromisos, incluyendo el establecimiento de sus propias metas nacionales en conjunto con los ODS y la movilización de los recursos necesarios para su implementación a través de colaboraciones centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
El cumplimiento de estas promesas es una responsabilidad no partidista para México y en el marco electoral actual ofrece una oportunidad histórica sin precedentes para reinventar los aspectos ambientales, fiscales, sociales, culturales y políticos del país, así como las características de un paradigma de desarrollo sostenible y exitoso. Los políticos que incorporen estrategias e iniciativas pertinentes a la Agenda 2030 podrán ayudar a promover el crecimiento sostenible y al mismo tiempo mitigar los riesgos climáticos.
Las desigualdades e injusticias económicas y sociales -así como los riesgos medioambientales y de salud pública- dificultan el ejercicio de los derechos humanos y las libertades individuales. El próximo 6 de junio en México nos encontraremos en una encrucijada estratégica donde las ideas, los planes y las prioridades para la consecución de la Agenda 2030 podrían ser aceptados democráticamente para posicionar al bien común como centro del desarrollo sostenible y como motor clave de políticas públicas que trabajen por hacer realidad los derechos humanos y las libertades individuales -sin prejuicios- y al mismo tiempo se avanzará hacia el cierre de las desigualdades sociales y económicas, integrando al medioambiente en dichas decisiones.
