Con Trump, los cambios en su agencia respecto a la protección medioambiental propiciaban una gran contribución de carbón en la red eléctrica americana. La salida de Estados Unidos del Tratado de París, entre muchas otras iniciativas, mandaba un claro mensaje de que el cambio climático no era urgente ni importante. Mensajes que contrastaban con los esfuerzos que se habían llevado a cabo desde las últimas décadas y que habían logrado avances significativos en aspectos económicos integrando criterios ambientales y sociales en el país con el segundo lugar de emisiones de CO2 en el mundo.
Sin embargo, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de carbón en el sector eléctrico de Estados Unidos disminuyó un 30%. Esto debido a la reducción de la demanda de energía y a los precios bajos del gas natural (considerada como energía de transición). El carbón presenta una tendencia reductiva de consumo y podría llegar a su nivel más bajo desde los años 70s. Durante la última década, la capacidad de generación de energía y electricidad por medio de carbón ha disminuido en los Estados Unidos a medida que el gas natural ha reemplazado la capacidad del carbón debido a la fuente barata y abundante de gas.
La llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos es otra buena noticia para la sostenibilidad ambiental, ya que ha presentado un enfoque ambicioso e integral de la política energética la cual reconoce la capacidad de la energía renovable para hacer crecer la economía de Estados Unidos y crear un medio ambiente más limpio, manteniendo bajos los costos de la electricidad y combatiendo la amenaza del cambio climático.
Entre otras metas y compromisos, su política climática busca alcanzar la meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050. Su política climática también incluye una inversión de 1.7 billones de dólares en energía limpia y empleos verdes, y exige el fin de los subsidios a los combustibles fósiles y la prohibición de nuevos permisos de petróleo y gas en tierras públicas.
Las inversiones en la descarbonización de la economía enfocadas en la meta del 2050 podrían ayudar a reconstruir una economía -más que afectada por la pandemia de Covid-19 -en asuntos como la creación de nuevos empleos en las industrias verdes, fortalecimiento de las finanzas climáticas, y otras acciones que favorecerán al medio ambiente.
Biden planea regresar a su país al Acuerdo de París y ha comentado que asumirá un liderazgo en la lucha contra el cambio climático, lo que podría convertirse en una herramienta política para ejercer presión a otros países, entre ellos algunos latinoamericanos, para que cumplan con sus compromisos ambientales de reducción de gases de efecto invernadero. Biden asegura que impondrá “cuotas de ajuste de carbono a aquellos bienes que consumen mucho carbono en los países que no cumplen con sus obligaciones ambientales”.
El cambio climático es uno de los mayores retos que enfrentamos actualmente lo que nos obliga a reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar la producción de energías limpias con justicia social. Esperemos que los gobiernos de Estados Unidos y de países latinoamericanos se enfoquen en generar una agenda transfronteriza, climáticamente sostenible (más por voluntad que por obligación) para juntos reducir la huella ecológica y transitar hacia una descarbonización de la economía que mitigue riesgos futuros potenciales y globales.
Una aceleración en la transición a la energía renovable proporcionaría tanto protección climática como prosperidad económica. Ahora es el momento de intensificar la cooperación internacional y fortalecer los mecanismos que permitan la integración de criterios ambientales y sociales en la política pública internacional para trabajar juntos estructurando un futuro energético más limpio y próspero para todos.
