Nuestro país vivió etapas de crisis sexenales en las que la economía se derrumbaba a finales de la administración o a principios de la siguiente, como herencia de los estropicios de la política económica que generaba el anterior gobierno en el siglo XX. Pareciera que regresamos a esa etapa considerando que el déficit público en su forma más amplia este año será del 5.9% del PIB seguido de un preocupante -4.3% en 2023.
Si bien es cierto que no se está pensando en una caída del PIB de 5.9%, como la que sucedió en 1995, sino más bien en una reducción ligera de la actividad económica propiciada en buena medida por el anuncio de consolidación fiscal que llevaría el déficit público al 3%, para tranquilizar a las calificadoras que han señalado con preocupación que los compromisos de gasto social anteriores y prometidos en las elecciones harían muy difícil que ello se llegara a cumplir, así como, las complicaciones crecientes en Pemex y CFE que conllevan un impacto desfavorable para las finanzas públicas; tampoco podemos descartar que la incertidumbre jurídica que ha sembrado el Plan C, tenga repercusiones mayores a las que se pensaba.
La aprobación de la “reforma judicial” que lejos de resolver la corrupción, la va a ampliar al poner a los magistrados y jueces bajo el control del partido hegemónico a sus integrantes, está pausando las inversiones extranjeras y nacionales, que de por sí generalmente entran en un proceso de espera, ante la definición de las políticas del nuevo gobierno, acentuando la incertidumbre interna, complementada por externa como es la amenaza de aranceles a México, que en el debate del martes pasado Donald Trump volvió a reiterar.
Percibir ganadora a Kamala Harris en el debate, la menor inflación en Estados Unidos que alienta a un recorte de tasas de interés el próximo día 18 por parte del Reserva Federal (Fed), junto con una toma de utilidades por parte de los especuladores que hizo que el tipo de cambio intercambiario pasara de 20.09 en el cierre del martes a 19.79 en la mañana del miércoles, podría llevar a algunos a pensar que la aprobación por el Senado no tuvo tanta repercusión; sin embargo, el rebote posterior a 19.92 intradía nos hace pensar que en realidad estamos en el ojo del huracán y que las preocupaciones de los inversionistas no han desaparecido.
Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, insistió el lunes pasado que las inversiones extranjeras estarían bien cuidadas con la reforma judicial y que el sistema de justicia mejoraría con ello; sin embargo, el problema de fondo es que se elimina la independencia y autonomía de los jueces, porque la razón de fondo de esta reforma era asegurar que la Suprema Corte no pudiera revertir las leyes aprobadas por el Congreso. El editorial de Financial Times comentando que un inversionista ya no podrá confiar en la imparcialidad del árbitro, y que esos cambios no suceden en la Rusia de Putin sino en el país que es el principal socio comercial de Estados Unidos, ejemplificó mejor que nadie la preocupación en el exterior.
The Economist fue más allá y señaló que la democracia en México está en riesgo, que la obsesión del presidente López Obrador le está dejando una situación muy complicada a su sucesora y que podría comprometer la renegociación del T-MEC en 2026. El semanario planteó sus dudas de que la presidenta electa pueda asumir plenamente el poder y que su antecesor quiera retirarse a su rancho y dejarla gobernar. La respuesta del presidente fue la descalificación diciendo que se trataba de un pasquín que solo defiende a los poderosos y a la gente de dinero.
Cómo cambian las posiciones. En 2019, el presidente López Obrador cedió a las presiones de Trump en la política migratoria y aceptó hacer concesiones en la negociación final del T-MEC con tal de lograr un acuerdo bajo la premisa de que más valía un mal acuerdo que un buen pleito, ahora antepone la soberanía del país consciente de que las reformas constitucionales pueden poner en riesgo el tratado comercial.
Se requería una reforma judicial de a deveras que permitiera mejorar la impartición de justicia, acabar con la impunidad y la corrupción. En realidad, la propuesta del oficialismo tenía el objetivo de capturar al poder judicial. Lo lograron, pero a un costo muy elevado para todos, y que tendrá efectos negativos de largo alcance, más allá de las complicaciones de un cambio de gobierno.
Con métodos gansteriles lograron los tres senadores que necesitaban, y se aseguraron de que el senador Barrera no se presentará, que como bien dice Jorge Castañeda, sólo pasa en un país bananero y no en una democracia liberal. Esa es la muestra de estado de derecho que estamos dando al mundo. Victoria pírrica y costosa para el país por la pérdida de confianza que pudiera acarrear entre el empresariado.
Una recesión es casi segura en 2025, pero se puede agravar y podría ser peor que la prolongada de 2000 a 2003 en la época de Fox. Tampoco es descartable un escenario de crisis si se cancela el TMEC. Lamentablemente, el presidente López Orador ya dio motivos para ello, aunque no gane Trump la presidencia.
Adenda
1. Ha sido todo tan atropellado, que ni siquiera hay leyes secundarias para implementar los cambios constitucionales. Se trataba de dar el regalo antes del 30 de septiembre.
2. El recorte de la Fed será de 25 o 50 puntos. ¿Banxico replicará con 25?
* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
