El presupuesto de 2025 está diseñado bajo la premisa de iniciar una consolidación fiscal que reduzca el déficit público de manera sostenida y creíble, pero sin que sea demasiado agresivo el ajuste y que lleve a una recesión económica y a conflictos sociales. En ese sentido de entrada, fue bien recibida la propuesta de que el déficit público más amplio sea de 3.9% del PIB en lugar de 3.0% que habían anticipado los Pre-Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025 en marzo pasado, respecto a un 5.9% para 2024.
La atención se centró primero en los Criterios Generales de Política Económica 2025 y de manera particular en el marco macroeconómico. Se apuesta a un crecimiento de 2.3% del PIB el próximo año, basados en la fortaleza del mercado interno y en una reactivación de las exportaciones manufactureras a Estados Unidos (EU) y en que la relocalización (nearshoring) seguirá atrayendo inversión extranjera a México.
Sin embargo, se minimizan los riesgos internos generados por la avalancha de modificaciones constitucionales y las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles, renegociar el T-MEC y deportar a millones de indocumentados a México, sean o no nacionales. Ingenuamente se cree que son episodios coyunturales y que se trata de un momento de nerviosismo que será asimilado por los inversionistas. Por ello se espera que el tipo de cambio cierre en 18.50 en 2025.
Eufemísticamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoce que la depreciación ocurrida después del 3 de junio se debe en parte a “cambios al marco normativo y a otros factores idiosincráticos”. Traducción: continuación del Plan C con una mayoría espuria al controlar a los órganos electorales, que permitió un cambio de régimen afectando el diseño institucional, comprometiendo el estado de derecho y la certeza jurídica.
Un día antes, la calificadora Moody’s redujo la perspectiva de México, destacando su desaprobación a la reforma del poder judicial:
“El gobierno ha aprobado reformas al marco institucional del país, incluido el poder judicial, que tienen el potencial de alterar materialmente los controles y contrapesos y el entorno operativo empresarial en el país. Si bien nuestra evaluación de la calidad de las instituciones en México ya es baja en comparación con sus pares calificadores, particularmente en lo que respecta al estado de derecho y el control de la corrupción, evaluaremos si un mayor deterioro en el marco de formulación de políticas y la independencia del sistema judicial podría limitar la capacidad del gobierno para abordar los crecientes desafíos crediticios.”
La SHCP difundió un comunicado confuso congratulandose porque Moody´s no cambió la calificación, pero protestando que haya puesto perspectiva negativa sin haber conocido el paquete económico 2025. El mensaje fue replicado por los intelectuales orgánicos, aunque algunos reconocieron que no habría que tomar la advertencia a la ligera, porque de concretarse la baja, se encarecería el servicio de la deuda y disminuiría drásticamente la llegada de capitales a un país que está en penúltimo escalón de perder el grado de inversión, lo que afectaría la paridad cambiaria.
Se espera que la política monetaria sea moderadamente restrictiva, por lo que se proyecta una tasa de Cetes 28 días a 10% a fin de año y en 8% al cierre de 2025. Se presupuestan ingresos petroleros con un precio promedio de la mezcla de 57.8 dólares por barril basados en regla que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), aunque se sabe que este precio está subestimado, y una plataforma de exportación de 892 mbd. Adicionalmente, aunque no se menciona, se espera que, por la depreciación del tipo de cambio, el gobierno federal se vea beneficiado por una parte de los remanentes de operación del Banco de México.
Se estima que los ingresos totales crezcan 3.3% apostando a que el desempeño de la economía permitirá que los tributarios suban 3% apoyados en medidas para combatir el fraude fiscal y que la digitalización agilice el pago de contribuciones. Un menor desempeño de la economía y complicaciones tecnológicas dañarían la recaudación. Se proyecta un alza de 10.4% en los no tributarios con base en reformas a la Ley Federal de Derechos en rubros de migración, medio ambiente y minería.
El gasto neto total se reduce 1.9%, pero el impacto lo resiente el programable (-4.1%) especialmente en los ramos de educación, salud y medio ambiente para priorizar los programas sociales con impacto electoral. En el caso de Defensa, la disminución es por la etapa final del Tren Maya. Cabe comentar, que en los CGPE 2025 no se presenta el desglose de la distribución funcional. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que la reducción en rubro de salud fue de 11%, 113 mil 600 millones de pesos (mp) respecto al presupuesto aprobado para 2024.
Se proyecta una caída de 14% real del gasto de inversión en buena medida porque muchos de los proyectos ferroviarios están en la etapa de estudios, mientras que el Tren Maya que no ha concluido recibirá 40,000 mp, a los programas sociales prioritarios se les asignarán 835,706 mp.
El endeudamiento público en 2024 aprobado fue de 16.8 billones de pesos (48.8% del PIB), pero se estima que sea de 17.4 bp (51.4% del PIB) este año. En 2025, la SHCP proyecta que sea de 18.6 bd (51.4% del PIB). Este enorme endeudamiento no se refleja en mejoras, en salud, educación, seguridad pública, medio ambiente e infraestructura. En contrapartida, la creación de nuevos elefantes blancos deficitarios, la carga creciente de programas sociales y del costo financiero provocarán mayores deudas que se irán disparando a futuro.
Cuando se menciona sobre las perspectivas de las finanzas públicas, se dice que se trata de un escenario inercial y que las proyecciones se ajustarán con un programa económico de mediano plazo basados en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y en los CGPE 2026. Dos comentarios: este escenario es completamente optimista e irreal, se hizo para cumplir con el requisito que marca la LFPRH, y la actual administración tendrá que hacer una reforma fiscal.
Moody’s ya advirtió que “la fortaleza fiscal podría disminuir más de lo que actualmente anticipamos y pesar sobre el perfil crediticio de México” por lo que no extrañaría que redujera la calificación el próximo año, si la SHCP no toma cartas en el asunto.
En conclusión, el presupuesto 2025 es uno de transición sexenal en el que los factores internos y externos impedirán el cumplimiento de las metas, donde el gobierno entrante hereda una enorme carga al erario de la administración anterior, pero que prefiere posponer una reforma fiscal al 2026 evitando asumir el costo político llegando al poder.
Adenda
1. Revisión o renegociación del T-MEC. Lamentablemente, eso lo va a decidir Estados Unidos y seguramente Canadá se alineará.
2. El G20 fue la despedida de Biden. Todo está en veremos por el arribo de Trump. Replicar la propuesta de aplicar el programa Sembrando Vida en todo el mundo del expresidente cuando hay evidencias de deforestación en la selva como lo ha mostrado El Universal, nos recuerda la demagogia de Luis Echeverría en los 70´s.
3. Banxico estima una inflación al consumidor promedio de 4.7% en el cuarto trimestre de 2024. Fue de 4.76% en octubre, suponiendo 4.85% en noviembre sería de 4.49% en diciembre. No da 4.3% de los CGPE 2025. Mañana Inegi anunciará la de la primera quincena de noviembre.
* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
