Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN), correspondiente a septiembre de 2020. Antes de comentar los resultados, hay que reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho el organismo para proporcionar información comparable de empleo a pesar de las restricciones que ha impuesto la pandemia y que nos ha permitido observar la evolución de las condiciones laborales, lo cual es encomiable.
Hasta marzo pasado, proporcionó información con la ENOE; de abril a junio, el levantamiento se hizo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y una vez que la nueva normalidad lo permitió, desde julio con la nueva ENOE. Este esfuerzo ha permitido darles continuidad a las series, porque se mantiene el mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico. La muestra de la ENOEN se conformó de 82% entrevistas cara a cara y 18% telefónicas efectivas, esto es, tiende a parecerse más a la ENOE, que es completamente en vivienda.
Un primer indicio de que la economía no ha recuperado todo su potencial en la fuerza de trabajo es que la tasa de participación, que es el porcentaje que representa la Población Económicamente Activa (PEA) respecto a la de 15 y más años de edad en marzo pasado era de 59.8%, luego bajó a su punto más crítico en mayo (47.5%) y en septiembre ya llegó a 55.6%, es decir cuatro puntos porcentuales menos, lo que se explica en gran parte porque hay una pérdida de empleos permanentes.
Se destaca que una gran proporción de las personas que salieron del mercado laboral en abril por las medidas de confinamiento ya regresó a la población económicamente activa (PEA), pero que lo ha hecho en condiciones de subocupación o incorporándose al sector informal.
Puesto en cifras, de los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, se han incorporado alrededor de 8.4 millones para septiembre; la población subocupada fue de 8 millones de personas, equivalente a 15.7% de la población ocupada el mes pasado (29.9% en mayo), pero antes de que comenzara la pandemia en marzo eran 5.1 millones de personas, es decir 9.1% de la ocupada. La población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en septiembre de 2020 fueron 28.1 millones, 245 mil más que en agosto, lo que se explica principalmente por el crecimiento de los ocupados dentro del sector informal, que pasaron de 13.6 millones (49%) en agosto a 13.9 millones (49.6%) en septiembre de 2020.
Inegi destaca que la tasa de desocupación se dispara de 2.9% en marzo hasta 5.5% en junio, para entonces bajar a 5.1% en septiembre, pero estuvo lejos del máximo histórico reportado en agosto de 2009 (6.4%) a consecuencia de la crisis de ese año. Sin embargo, como cualquier analista lo sabe, las cifras de las tasas de desempleo pueden ser engañosas, porque no consideran a los desalentados, que son las personas que ya no están en la PEA, porque ya no buscan empleo ya que saben que no lo van a encontrar, por lo que sería equivocado decir que la crisis de 2020 es menos grave que la de 2009 al comparar ambos porcentajes.
Interesa destacar que los efectos de la crisis sanitaria y económica que estamos presenciando han sido mucho más agudos en algunos sectores. Al comparar la estructura porcentual de la población ocupada de septiembre de 2020 con la del mismo mes del año pasado, lo grandes perdedores fueron restaurantes y servicios de alojamiento (6.4% contra 8.2%); servicios diversos (9.5% vs. 10%); servicios, profesionales, financieros y corporativos (7% vs. 7.4%). En contrapartida, quienes suben son servicios sociales (8.8% vs. 7.8%), el primario (13.1% vs. 12.2%) e industria manufacturera (16.8% vs. 16.5%).
Las actividades vinculadas al turismo han sido de las más perjudicadas, por partida doble. Puesto que implican contacto personal, por una parte, se vieron afectadas por las medidas de confinamiento provocando cierres y, adicionalmente, las restricciones y prohibiciones de vuelos, combinadas con el temor a viajar en avión, dejaron vacíos a algunos destinos. Por otro lado, la pérdida de ingresos y empleos de los hogares ha ocasionado que se reduzca este tipo de gastos.
Finalmente, se destaca que la duración de la búsqueda de empleo se ha prolongado de manera preocupante con la crisis. En septiembre de 2020, 27.6% de las personas desocupadas llevaban más de tres meses buscando trabajo; un año antes el porcentaje era de 12.7% y ha subido progresivamente en los últimos meses, en una clara señal de que estamos pasando de un desempleo temporal a uno permanente, y es muy probable que algunas personas terminen por desistir de buscar, porque saben que no lo van a encontrar, y por ende saldrán de la PEA.
Urge un programa de recuperación económica con apoyos fiscales a las empresas y empleados de los sectores más perjudicados para evitar que se incremente la pobreza y las repercusiones sociales que conlleva la falta de ingresos.
ADENDA
“Si bien será difícil instaurar nuevas medidas de recaudación durante la crisis, los gobiernos posiblemente deban considerar un aumento de los impuestos progresivos sobre las personas físicas más acaudaladas y aquellos relativamente menos afectados por la crisis (incluidos aumentos de las tasas de los impuestos sobre grupos de ingresos más elevados, inmuebles de alta gama, ganancias de capital y patrimonios), así como cambios en los impuestos sobre sociedades que garanticen pagos de impuestos acordes con la rentabilidad de las empresas”. Si usted creyó que se trata de una propuesta de economistas de izquierda, o de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), está equivocado. Se trata del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reporte Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2020, p. 24.
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