La reforma fiscal o hacendaria ha sido un tema incómodo que se ha venido debatiendo desde hace 50 años, pero al que siempre terminamos sacándole la vuelta. Completando el recuerdo de la renuncia del primer secretario de Hacienda del gobierno de Echeverría, tuvo que ver también con que, como alternativa a una mayor deuda externa, se proponía una reforma tributaria progresiva para hacer frente al creciente déficit presupuestario. Ésta fue rechazada tajantemente por el sector privado que ya tenía una relación complicada con el gobierno.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se pensó que la reforma hacendaria era necesaria considerando que la inminente caída de los ingresos petroleros y los crecientes pasivos contingentes que a futuro ampliarían el déficit público. Cabe recordar que el PRI ya en la oposición había rechazado en 2001, 2003 y 2009 el IVA en medicinas y alimentos, por lo que no lo consideró en su propuesta de 2013 por el elevado costo político que conllevaba.
La reforma anunciada terminó en una miscelánea fiscal para 2014. Si bien los ingresos tributarios subieron dos puntos porcentuales del PIB, México ha seguido siendo uno de los países de América Latina con un porcentaje más bajo.
Con la llegada de Morena a la presidencia en 2018, desde diversos sectores, incluida la academia más ligada a la izquierda, se consideró que la reactivación de la inversión pública, el establecimiento de un servicio universal de salud, la implementación de un seguro de desempleo o la aplicación de un ingreso mínimo vital, entre otras propuestas, no serían viables sin una reforma fiscal que fuera progresiva, redujera la informalidad y el trato preferente y discrecional del sistema impositivo.
La respuesta del actual gobierno fue hacer la promesa de no elevar impuestos y no efectuar ninguna reforma fiscal en los primeros tres años de gobierno. Se enfrentaría el problema de las finanzas públicas cerrándole la llave al despilfarro del gasto atacando la corrupción, combatiendo la evasión, sobre todo de las grandes empresas, y aplicando la famosa austeridad republicana, que implicaba reasignar gasto a favor de programas sociales y proyectos prioritarios.
En 2020, el gobierno podía presumir que como resultado de la eficiencia recaudatoria “los ingresos tributarios se incrementaron 0.8% real con respecto al año anterior y se ubicaron en 14.4% del PIB”, a pesar de que hubo una caída de 8.3% del PIB (dato revisado por Inegi en mayo). Esto es, lejos de aplicar una política contracíclica, México se caracterizó por ser uno de los países que menos apoyos fiscales dieron en el mundo, destacando la disciplina fiscal como algo ejemplar, a pesar de que se experimentó el peor desplome de la actividad económica desde 1932.
La disminución del PIB no fue mayor gracias a que el Banco de México redujo agresivamente la tasa de interés de referencia de 7% a 4.25% a lo largo del año pasado, y a que la banca comercial ofreció extensiones del pago de los créditos, no sin algunos costos para los deudores.
Es importante hacer hincapié en que la austeridad el año pasado se reflejó más bien en una reasignación del gasto público, puesto que “el gasto neto total alcanzó 25.9% del PIB, lo que representa un incremento de 0.2% en términos reales”. Sin embargo, ante la caída de los ingresos petroleros (-38.7%), el gobierno redujo drásticamente los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), entre otros.
Con el pretexto de disponer de recursos para gastos emergentes de salud, desapareció la mayoría de los fideicomisos, otra vez usando la retórica de eliminar privilegios y la corrupción, lo que a la larga será contraproducente, porque se frenarán proyectos estratégicos y se cancelarán mecanismos de cooperación internacional públicos y privados que aportaban recursos considerables y que, por ello mismo, eran auditados.
En abril de 2021 se aprobaron diversas reformas a leyes por las que se prohíbe la subcontratación. A partir del 24 de mayo, con la publicación de lineamientos comenzó el proceso de transición para el registro de empresas de servicios especiales. Sin embargo, para poder darse de alta, deberán estar al corriente en sus adeudos fiscales y obligaciones (seguro social). Esto se complica para muchas empresas que, agobiadas por la crisis económica, se han rezagado en el cumplimiento.
Una medida aparentemente neutra y que podría contribuir a reducir la evasión fiscal, como el IVA en medicinas y alimentos, es muy regresiva porque afecta drásticamente la canasta de consumo de la población de bajos ingresos. El ejemplo de lo que pasó en Colombia deja ver que una reforma de ese estilo está totalmente descartada en el país.
En conclusión, el margen de maniobra al gobierno se le ha acabado, ya sea porque se agotaron los guardaditos (fondos y fideicomisos) o hizo cuentas alegres con ellos (remanentes de Banxico); los ahorros planeados no funcionaron (compras consolidadas), ya que salir a comprar medicamentos al extranjero resultó más costoso y complicado de lo pensado. Seguir posponiendo la reforma fiscal se parece a la situación de quien no tiene dinero para pagar la cuenta en un restaurante y pide otro café para evitar liquidarla.
ADENDA
1) El comunicado conjunto del Banco de México, SHCP y CNBV donde advierten sobre los riesgos de utilizar activos virtuales fue una respuesta determinante a quien un día antes promovió su uso.
2) El gobierno ha insistido en que con la pandemia no se incrementó el endeudamiento, pero la deuda general bruta del Gobierno General reportada por el FMI en su World Economic Outlook Database, en abril 2021 indica que en 2019 era de 53.609% del PIB y en 2020 de 60.589%, porque el numerador creció y el denominador cayó; sin embargo, para 2021 se mantendrá en 60.467% a pesar de la importante alza del denominador. La SHCP sabe que esta cifra la monitorean las calificadoras.
3) La investigación sobre el Tren Maya publicada el lunes por EL UNIVERSAL deja entrever que este proyecto podría convertirse en un “elefante blanco” y cuyo funcionamiento dejará una enorme carga al erario. Con el Informe de las finanzas públicas del cuarto trimestre de 2020 se supo que en el programa presupuestario Proyectos de transporte masivo de pasajeros se gastaron 7 mil 552.1 millones de pesos (mdp). Dos meses después, en los Precriterios 2022 se indicó que, por ser prioritario, se aprobó un gasto de 36 mil 288 mdp en 2021 y se proponía un monto de 48 mil 988.7 mdp en 2022. Desde el principio, se dijo que el tren “va porque va”, por lo que en los últimos dos años de la actual administración se echará toda la carne al asador para concluirlo.
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