Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2018, un grupo de empresarios cercanos a la 4T vendieron la expectativa de que el mandatario sería más cercano a la izquierda progresista como Lula a principios del siglo XX. El mensaje de que no modificaría la Constitución, los esfuerzos para sacar adelante la aprobación del T-MEC y la aplicación de una política de austeridad al principio de su mandato, incluso generaron reacciones positivas entre los inversionistas extranjeros.
Sin embargo, pronto llegó el desencanto con la cancelación del proyecto del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, en anuncio de grandes obras con nula rentabilidad como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, la cancelación anticipada de contratos con compañías extranjeras y su renegociación, así como la clausura de obras ya autorizadas por el anterior gobierno (Constellations Brands), así como la emisión de decretos y normas administrativas que cambiaban radicalmente las reglas del juego en la industria energética.
Posteriormente, el expresidente radicalizó su postura ante el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a leyes secundarias como la electoral y la que permitía el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2023, con lo que anunció el Plan C, el 5 de febrero pasado proponiendo un cambio radical de la Constitución, que nos regresaría a una etapa donde el Estado controlaría la actividad económica y política, como era en los años 60 del siglo pasado donde había una democracia formal pero no real. Cuando ese riesgo se volvió realidad, luego de las elecciones del 2 de junio, el sector empresarial ahora sí se asustó y el tipo de cambio se disparó.
Vinieron mensajes y las reuniones en corto de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo tranquilizaron a los inversionistas, como la de hace dos días. En la prensa internacional comenzó a predominar el criterio del beneficio de la duda; sin embargo, pronto llegó el desengaño porque se continuó con las propuestas promovidas por el expresidente e incluso, en algunos aspectos se radicalizaron. El comunicado de la conclusión del Staff de la Misión del Artículo IV del FMI que visitó México planteó que los efectos de la reciente reforma institucional afectarán las perspectivas de crecimiento.
Si bien en la época del desarrollo estabilizador la inversión creció y funcionó sin complicaciones, los gobiernos priistas garantizaron la estabilidad social y el suministro de energía a cargo del gobierno estuvo garantizado, se considera irreal que esa experiencia se pueda replicar. El sector privado tiene dudas fundadas de que un sistema judicial no autónomo, ni independiente y parcial pueda dar certeza jurídica a sus inversiones. El editorial de Financial Times, donde sarcásticamente decía que no se trataba de una reforma en un país como Rusia, sino del socio comercial más importante de Estados Unidos, retrataba la preocupación en el extranjero y replicada en varios medios influyentes.
La desaparición de los organismos autónomos que regulan la competencia, el funcionamiento del sector energético o que revisan la política social, y convertirlos en desconcentrados se inscriben en la misma lógica donde el gobierno se convierte en juez y parte de controversias con el sector privado o el social. No más amparos que detengan obras públicas por no contar con manifiestos de impacto ambiental, no más sanciones a Pemex por violar condiciones de competencia o daños al ambiente. Lo mismo con los que exigen transparencia y obligan a que el gobierno rinda cuenta de sus acciones y gastos. Son un estorbo en esta lógica autoritaria.
En días pasados, un columnista haciéndola de abogado del diablo decía que a la inversión privada no le importa si el sector eléctrico queda en manos del gobierno siempre y cuando pueda ofrecer electricidad a buen precio, con suministro oportuno y eficiente, y si cuenta con la aportación de inversiones privadas para lograrlo. El punto es que se duda que pueda por sí sólo realizar las inversiones que se requieren y que los empresarios confíen en invertir en un país que modifica las reglas del juego aplicando retroactivamente las nuevas leyes siendo desfavorables. Además, regresan condiciones monopólicas a empresas del Estado.
La relocalización (nearshoring) está condicionada a la certeza jurídica, el cumplimento de acuerdos internacionales, resolver las condiciones de inseguridad, una mejora radical de atrasos en infraestructura, el contar con fuerza de trabaja calificada, lo que requiere una reforma educativa efectiva, así como a los requisitos y ambientales. La nueva tecnología y la inteligencia artificial requieren de un cambio radical en la generación y suministro de electricidad, que como muestran las cifras de Inegi se desplomó en 2021.
Pretender regresar a la época del desarrollo estabilizador donde predominaba el proteccionismo y la guerra fría entre las dos potencias, parecía algo imposible que pudiera suceder; sin embargo, la forma en que la 4T lleva la confrontación en el marco del T-MEC y que la política exterior se plantea como de neutralidad entre Estados Unidos (EU) y China, lo vuelve un escenario más factible de lo que pensaba, pero no exitoso y con consecuencias negativas para nuestro país. Hay un exceso de confianza en el discurso oficial, que destaca lo importante que es México como socio comercial, pero no se comprende que el ánimo hacia nuestro país sea francamente hostil.
En la competencia de quien se pone más duro con México en las elecciones de EU, Kamala Harris nos recordó que ella fue una de las 10 senadoras que votó en contra del T-MEC. Vayamos desechando la ilusión de que por ser mujer se va a entender mejor con la presidenta mexicana, pero tampoco creamos que nos va a ir mejor con Trump que sigue amenazando con castigar a México con más aranceles y endurecer más la política migratoria. Sus declaraciones del martes generaron depreciación del tipo de cambio, pero no va a faltar quien opine que se debió a otro factor.
En conclusión, aunque el discurso oficial enfatice que con la reforma al poder judicial se garantiza el Estado de derecho, los empresarios siguen considerando en privado que el marco institucional no es el adecuado para los negocios. El reciente galardón del Nobel de economía nos recuerda la importancia de las instituciones de la sociedad para lograr reducir las desigualdades y acabar con la pobreza. Las alusiones a México eran bastante directas, pero nuestros gobernantes siguen pensando que no era así.
Adenda
1. El FMI adelantó las proyecciones para México de 2024 y 2025, pero advirtió que no se consideraban los riesgos que enfrentará el país, por lo que podría seguir revisándolos a la baja
2. Se buscan ministras/os del pueblo, los interesados deben acercarse al oficialismo.
3. Con las obras anunciadas y los programas sociales anunciados, crece la sospecha de que las cifras no cuadran, y menos con las proyecciones del PIB a la baja. Una reforma fiscal será ineludible. No resulta extraño que se insista en una reforma fiscal.
* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
