Desde hace tiempo, se venía advirtiendo en los medios la molestia de los productores de maíz de Estados Unidos (EU) por la prohibición de México a importar maíz transgénico o al uso del glifosato considerando que violaba lo dispuesto por el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para atender la protesta, el gobierno mexicano publicó el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones al decreto del 2020 y precisando que la prohibición sólo aplicaría al de consumo humano.
De esta manera, el gobierno de México daba respuesta formal al día siguiente a la explicación de motivos solicitada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) presentada el 30 de enero pasado. Ingenuamente, las autoridades mexicanas corrieron la versión de que el problema ya había quedado resuelto.
A finales de febrero, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y Katherine Tai, la Representante del USTR tuvieron un franco desencuentro en una videoconferencia, que posteriormente trascendió en un boletín donde la Secretaría de Economía señalaba que las objeciones de EU en el tema de la eliminación de las importaciones de maíz transgénico son de carácter político y no comercial. Esto obligó a la USTR a responder “Estas preocupaciones no tienen motivaciones políticas. De hecho, las políticas de México no se basan en la ciencia”.
Por lo anterior, era inminente que EU iniciaría una protesta, como sucedió el lunes pasado al anunciar formalmente que su gobierno solicitó al de México que se inicien una serie de consultas fitosanitarias bajo el marco del Tratado bajo el Capítulo 9 sobre el tema del maíz.
Durante el anuncio de la medida, Tai puntualizó que "las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se abordan".
La Secretaría de Economía volvió a insistir en que no había daño comercial porque la medida no afectaba al maíz amarillo, que es el que México importa desde EU, por lo que la reclamación norteamericana ya no tenía sustento con las modificaciones al decreto publicadas en el DOF.
Es decir, mientras que EU señala que no hay evidencia científica que pruebe que hay daño a la salud humana por el consumo de maíz amarillo (transgénico) y que México no ha aportado pruebas al respecto; insistiendo que es un tema de salud, como lo expresó el presidente: “hay esta solicitud de consulta, pero todavía tenemos un mes y, si no hay entendimiento, nos vamos al panel, porque es un asunto para nosotros muy importante, es la salud de nuestro pueblo”.
Cabe precisar que la consulta solicitada por EU se hizo en el marco del capítulo 9; sin embargo, transcurrido un periodo de 30 días y de no satisfacer la respuesta aportada por México, EU podría solicitar un panel de controversias bajo el marco del capítulo 31 del T-MEC. Comenzaría un plazo de 180 días para llegar a un arreglo.
La descalificación a la postura de EU de que era una objeción meramente política por parte de Buenrostro y puesta en un boletín oficial, molestó a la USTR que había sido urgida por senadores y representantes a que se iniciara un proceso en contra de México por violación al T-MEC.
En el fondo la discusión se ha centrado en si el maíz transgénico es dañino para la salud. En México, algunos científicos cercanos a la 4T afirman que los efectos son a largo plazo y que por ello no hay todavía evidencias palpables;la postura de EU, hace hincapié en que no hay evidencia científica y que se está frenando el uso de la biotecnología indispensable para enfrentar los efectos de las sequías provocados por el cambio climático, por lo que el uso de transgénicos es indispensable para enfrentar la creciente demanda de alimentos
Adicionalmente, está latente el temor de que en un futuro se vuelva a modificar el decreto, con el argumento de que el consumo indirecto humano es dañino, porque el maíz amarillo se usa como forraje para alimentar a los animales, y con esto se podrían afectar sus importaciones.
En conclusión, las posturas parecen irreconciliables porque EU alega que el decreto viola las disposiciones del T-MEC que no prohíben el comercio de maíz transgénico, mientras que México hace hincapié en que se trata de un asunto de salud, que está por encima de los principios de libre comercio. Sin embargo, sus críticos, quienes están a favor de los transgénicos, cuestionan al gobierno mexicano de prejuicios, ante la falta de evidencias científicas que prueben los daños a la salud.
Suponiendo sin conceder que el gobierno de México tenga razón, me pregunto porque no puso una reserva sobre este tema antes de firmarlo en diciembre de 2019. Paradójicamente, la postura de “tú firma después vemos cómo nos arreglamos; o esto se puede interpretar de diferentes formas”, está ocasionando los pleitos que se querían evitar con la falta de un acuerdo de libre comercio.
El escenario de que se le puedan imponer sanciones a México con aranceles en productos como el aguacate y el jitomate, por mencionar algunos está latente; máxime que está pendiente la apertura de un panel de controversias sobre el tema energético, que podría implicar represalias comerciales en otros sectores.
Trascendió que Canadá también solicitó consultas formales con México sobre las restricciones del País a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas, ante el temor de que se le pudiese aplicar el mismo criterio del maíz a productos como la canola que exporta a nuestro país.
ADENDA
1) Que en el corto plazo no haya recesión a la vista, no quiere decir que las mayores alzas de tasas de interés no afectarán la demanda agregada, más pronto que tarde.
2) La inflación de febrero en México que se anuncia hoy puede confirmar su tendencia a la baja.
3) Los reportes de nómina no agrícola, de desempleo y de la fuerza laboral de EU mañana podrían generar volatilidad si no muestran que este mercado se está debilitando.
4) La apreciación del peso no ha afectado a las exportaciones mexicanas beneficiadas por el nearshoring y el T-MEC.
5) El índice de la inversión fija bruta fue 104.9 en diciembre pasado; 109.8 en octubre de 2018, cuando comenzó su baja. Falta confianza empresarial.
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