El 5 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 de las cuales implicaban modificaciones constitucionales a la Cámara de Diputados. No se entendía por qué lo hacía, si los intentos previos habían fracasado al no tener mayoría calificada en ambas Cámaras. El propio mandatario se encargó de aclarar que la intención era promover el Plan C como una estrategia de campaña. El propósito era muy claro, impedir que el Poder Judicial echara para atrás algunas reformas a las leyes secundarias por ser anticonstitucionales.
Gran parte del eje discursivo de la coalición oficial fue vamos por el Plan C, aunque muchas personas no conocieran las iniciativas, pero muy efectivo como un recurso propagandístico al buscar la mayoría en el Congreso. Del lado contrario, el llamado fue a construir contrapesos, para evitarlo, puesto que en la elección presidencial las cosas se veían más que complicadas. No en balde, los analistas insistían en que la clave estaría en la composición del Congreso.
Sin embargo, algunas de esas iniciativas no se discutieron y otras sólo se aprobaron los dictámenes en Comisiones, pero no en el Pleno. Pasadas las elecciones, el peligro de la posibilidad real del Plan C se hizo presente, cuando comenzó a hacerse visible la posible mayoría calificada en el próximo Congreso. La insistencia de legisladores de la 4T de aprobar las iniciativas sin hacer cambios y respaldada por el presidente, contribuyó a acrecentar el temor de los inversionistas.
En la famosa comida del 10 de junio entre el mandatario y la ganadora de las elecciones a la Presidencia surgió el acuerdo de que sólo se promovería la aprobación de algunas de las iniciativas en septiembre, entre ellas la del Poder Judicial, tal como fue presentada en febrero pasado, pero que se discutiría en las próximas semanas a través de un parlamento abierto, esto es, de Foros organizados por la actual Legislatura. Sin embargo, las declaraciones de que independientemente de la deliberación se aprobaría tan cual contribuyó al disparo del tipo de cambio a niveles cercanos a los 19 pesos para cerrar en 18.76 el 12 de junio.
Lo que ha tranquilizado a los inversionistas es que se abrió la posibilidad de que las iniciativas tengan que ser propuestas en la siguiente legislatura de nuevo y con modificaciones, ya que, por procedimiento, si una iniciativa presentada en un periodo no es aprobada por el Pleno, queda desechada automáticamente.
En el supuesto, que la actual legislatura convocara a un periodo extraordinario, como el oficialismo no cuenta con mayoría calificada para aprobar iniciativas que implican modificaciones constitucionales, no pasarían. En este sentido, aclaro un error que cometí en la adenda pasada. Se abre entonces un compás de espera.
Sin embargo, nada impide que el presidente saliente vuelva a presentar iniciativas similares para que antes de que termine su mandato, los legisladores accedan a su aprobación cumpliendo rápidamente con el procedimiento de la instalación de las Comisiones en ambas Cámaras.
Recapitulando, sólo conocemos la iniciativa presentada por el presidente y el dictamen de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados en la actual legislatura, por lo que la discusión pública gira en torno a la misma. Sin embargo, lo que ha generado más confusión es que algunas figuras distinguidas de Morena han comenzado a mencionar aspectos que podría contener la propuesta a presentar en septiembre, que no vienen contemplados en la original.
Adicionalmente, se han agregado asuntos a aprobar como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que obviamente, contribuye al proceso de militarización y al rompimiento del acuerdo de que tendría que ser civil, porque de facto es militar, y próximamente de jure también lo será, aunque la Constitución diga que sigue siendo civil por absurdo que esto sea. Este traspaso fue lo que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió en 2023 y que tanto enojó al presidente.
Pero precisamente, son estos ingredientes los que complacen enormemente al presidente en el sentido de que se salió con la suya. La venganza contra la actual SCJN, encabezada por Norma Piña será consumada dentro de su mandato, no importando las consecuencias e implicaciones que ello pueda acarrear al próximo gobierno. Al tiempo.
Adenda
1.- Reducir el déficit público con un recorte draconiano en 2025, solo dejará una fuerte recesión y gran descontento social. La consolidación fiscal es mucho más complicada por la inercia del gasto. Lo he venido diciendo en estas páginas
2.- Segundo anuncio del gabinete hoy, el primero fue bien recibido por los mercados.
3.- Gran expectación por el debate Biden-Trump. Aunque, lo que más preocupa al lado demócrata es la postulación del sobrino incómodo, Robert F. Kennedy Jr., que le resta más votos a Biden que Trump.
4.- La reactivación de los paneles de controversia del T-MEC contra México, antes de que inicie el proceso electoral, no es un buen augurio.
5.- La caída mensual de 0.6% del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) es una alerta de que la desaceleración podría ser más fuerte de lo que pensaba.
* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
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