El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió las cifras de puestos de trabajo al mes de mayo. En solo tres meses se han perdido un millón 30 mil 366 asegurados, 683 mil 769 permanentes y 346 597 eventuales. Por entidad federativa, la Ciudad de México encabeza la pérdida de puestos totales, con 174 mil 311, seguida de Quintana Roo, con 113 mil 798, pero en este caso es mucho más dramática la caída, ya que los registrados en mayo eran 358 mil 243 personas. Evidentemente, esto se debe a que es un estado con vocación claramente turística.
A las cifras negativas de empleo se sumó la del cierre de empresas. El número de patrones registrados en mayo por parte del IMSS fue de 997 mil 767, frente a un millón 7 mil 751 que teníamos al final de marzo. La reducción fue de 9 mil 984 en dos meses. En términos relativos apenas representa una disminución de 0.1%, pero lo preocupante es que lo más probable es que se trata de quiebra de empresas o de cancelación de proyectos ante las malas perspectivas económicas, pero sobre todo por la falta de apoyos oportunos de parte del gobierno ante las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.
Las organizaciones del sector privado no pedían que se les condonara el pago de impuestos, tampoco que se les eximiera del pago de las cuotas de seguridad social, sino que se les otorgara una prórroga o bien pagos diferidos sin recargos.
Recientemente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que el gobierno apoye con un salario, seguro y bono solidario, acompañado con el compromiso de no despedir trabajadores por parte de las empresas, lo que podría ayudar a evitar la pérdida de plazas de trabajo y prevenir el cierre de empresas. El costo para el gobierno sería de 203 mil 200 millones, equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB).
El salario solidario tendría el objetivo de que los trabajadores con menores recursos reciban su salario íntegro y las empresas podrían solicitarlo para aquellos meses en los que se haya tenido que suspender operaciones por más de 16 días. Se estima que el costo de este apoyo sería de 164 mil millones de pesos (0.7% del PIB).
El bono solidario es un subsidio del gobierno para la creación de empleo formal que promueva salarios que cubran a la línea de bienestar familiar. Coparmex estima que esta medida le costaría al gobierno más de 6 mil millones de pesos si se crearan 300 mil empleos.
El seguro solidario consiste en un apoyo mensual, equivalente a un salario mínimo (3 mil 696 pesos) para todos aquellos que hayan perdido su empleo. Se otorgaría durante un periodo de seis meses. La aportación del gobierno sería de 33 mil 200 millones de pesos, según el organismo.
La desventaja de la anterior propuesta es que sólo beneficia a quienes estén laborando en el sector formal. Por este motivo, algunos especialistas y legisladores de diversos partidos propusieron el otorgamiento de un salario mínimo, es decir, 3 mil 696 pesos mensuales, a las personas que perdieron su empleo como consecuencia de la pandemia o bien que vieron reducidos sus ingresos por el mismo motivo.
Un apoyo de este tipo a 20 millones de personas —35% de la población económicamente activa— implicará una inversión de 221 mil millones de pesos, lo que equivale a 1% del PIB y a 3.6% del presupuesto federal.
El antecedente era una propuesta de diversas organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Oxfam México, Nosotrxs, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., y que legisladores de diversos partidos hicieron suya. Se presentó el 20 de mayo un punto de acuerdo que fue avalado por más de 120 legisladores de seis bancadas (Morena, MC, PAN, PRI, PRD y PES), entre los que destacaban Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados; Lorena Villavicencio, Martha Tagle, Verónica Juárez y Porfirio Muñoz Ledo. Se proponía un "ingreso vital" que consistiría en la entrega de 3 mil 746 pesos, por un mínimo de tres meses, a todos quienes hayan perdido sus ingresos.
El 10 de junio se presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para expedir una Ley del Ingreso Mínimo Vital de Emergencia, y para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Ingreso Mínimo Vital de Emergencia sería una transferencia monetaria que el gobierno federal realizará a favor de las personas que, habiéndolo solicitado, cumplan con los requisitos establecidos en dicha ley; su monto será el equivalente a la cantidad que resulte mayor entre el fijado para un salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, o el determinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para la canasta alimentaria y canasta no alimentaria urbana por persona, en su última medición.
La propuesta fue descalificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al declarar que “es politiquería del PAN” al adjudicarle su autoría. Aunque sea plural y conveniente, está condenada a irse a la congeladora, a pesar de que es urgente el apoyo de medidas fiscales para enfrentar el deterioro económico.
El Banco de México ya había alertado que se podrían perder hasta un millón 400 mil puestos del IMSS en 2020, aunque se dé una recuperación económica a fin de año. En el reporte por regiones, señala que se podrían perder hasta un millón 739 mil puestos, como resultado de efectos directos, indirectos e inducidos, pero advierte que no debe tomarse como pronóstico; sin embargo, ante la falta de una política fiscal contracíclica, considero que sí pudiera serlo.
ADENDA
En España, en cambio, se acaba de aprobar la Renta Mínima Vital, que puede solicitarse desde el 15 de junio, retroactiva al primer día del mes, y que fue apoyada por todas las fracciones.
Catedrático de la EST-IPN
pabloail@yahoo.com.mx
