Por su relevancia, pospondré las perspectivas económicas de 2021 y me referiré a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México (Banxico), en materia de captación de divisas, que pretendía que el banco central fuese comprador final de última instancia de toda la moneda extranjera en efectivo y que implicaba el riesgo de lavado de dinero, cuyo Dictamen aprobado por el Senado el 10 de diciembre y remitido a la Cámara de Diputados y puesto en la orden del día para ser aprobado el 15 de diciembre, fue pospuesto para ser discutido en una comisión bicameral.
Un poco de historia. La iniciativa fue presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila el pasado 19 de noviembre con el propósito de ayudar a los paisanos y a los turistas fronterizos para que consigan una mejor cotización cuando venden sus dólares al ingresar a México; sin embargo, como comentó Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, en realidad estaba diseñada para beneficiar a un banco mexicano que no tiene servicios de corresponsalía en Estados Unidos (EU) y que, por ende, tiene dólares excedentes que no puede convertir en pesos.
Como antecedente, algunos legisladores de Morena y del Partido del Trabajo desde hace varios meses habían pugnado porque las reservas internacionales del Banxico fueran utilizadas para financiar proyectos de infraestructura y gastos de salud urgentes. El subgobernador Gerardo Esquivel les explicó varias veces que no era posible, porque esos recursos no eran propiedad del gobierno y que ello vulneraría la estabilidad financiera del país. Pareciera ser que ante la necesidad de sacar dinero de donde sea por la crisis y la política de austeridad, el Ejecutivo y/o los legisladores se estaban poniendo más “creativos”.
El 27 de noviembre, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, aprobaron el mencionado Dictamen. Ese mismo día, Banxico emitió un comunicado, donde advirtió de los riesgos, puesto que “es posible que ingresen flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas, lo que puede representar un riesgo importante para el sector financiero nacional en su interacción con el sistema financiero internacional.”
Posteriormente, nos enteramos que el viernes 4 de diciembre el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, se reunió en privado con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, y diversos servidores públicos de Banxico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en las que les explicaron a los senadores y a sus asesores la implicaciones de la reforma, por aquello de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.
Como los senadores de Morena no entendieron o no quisieron entender las razones expuestas, decidieron llevar el Dictamen a la aprobación del Pleno. Ante ello, el día 7, el director jurídico del Banco de México le envió al senador Armenta una carta acompañada de una nota técnica, donde le explican ampliamente lo contraproducente de la iniciativa, documentos que fueron recibidos al día siguiente. Por su parte, los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath salieron a alertar en redes sociales y en diversos medios los peligros que implicaba la aprobación de la iniciativa. Eran los indicados para hacerlo, puestos que, al ser propuestos por el Presidente, se evitaban las descalificaciones, además de que son figuras respetadas por algunos sectores de la 4T.
Sin embargo, el Dictamen fue aprobado por abrumadora mayoría el 10 de diciembre como en los mejores tiempos del PRI, sin escuchar los argumentos de los senadores que se oponían, y con la discreta abstención de dos de Morena que no se atrevieron a votar en contra. Se prendieron ahora sí las alarmas. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, dirigentes del sector privado, analistas y un largo etcétera expresaron su rechazo.
El domingo pasado, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado advirtiendo que:
• La iniciativa incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano y lo transfiere al Banco de México, pilar de la estabilidad macroeconómica.
• Dañaría la confianza internacional ganada a través de muchos años por el Banco de México y por la banca mexicana, provocando efectos adversos en la economía nacional.
Pero lo más relevante era que la ABM hacía un llamado a que la iniciativa se discutiera ampliamente antes de ser votada, y se enriqueciera con la opinión de expertos y las propuestas de Banxico. Cabe señalar que el organismo es presidido por Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca, la empresa aludida como beneficiaria de la iniciativa. A este llamado también se sumó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para evitar riesgos de lavado de dinero.
Sin embargo, para sorpresa de todo mundo, seguía la intención de aprobar el Dictamen antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones. El tipo de cambio en parte reflejó esta preocupación, ya que la cotización spot venta el día 9 cerró en 19.93, pero el 14 lo hizo en 20.201 pesos. Ese mismo día Moody’s advirtió que, de aprobarse la reforma a Banxico, se comprometería su autonomía y afectaría la calificación de México. No sé si esto detonó una especie de machismo nacionalista del tipo “a mí nadie me amenaza” y se cambió la instrucción de posponer la discusión.
Afortunadamente, el diputado Ignacio Mier, presidente de la Cámara de Diputados, anunció el 15 que la discusión (aprobación) del Dictamen se posponía. Posteriormente, comunicó en conjunto con el senador Monreal la creación de la comisión bicameral. Monreal hizo hincapié en que, como autor de la iniciativa, asumía los costos de haberla presentado, buscando exonerar al Presidente.
En conclusión, lo preocupante es que se redacten iniciativas sin conocimiento de causa, se aprueben sin escuchar los argumentos de las partes afectadas y personas expertas, y que antepongan sus intereses o beneficios políticos a los del país. Legislar con prisas y precipitaciones tampoco es lo más conveniente. Cabe comentar que el gobierno y las autoridades de EU han sido discretos en el tema, porque no han hecho pronunciamientos públicos al respecto, pero no han dejado de mandar mensajes indirectamente. Quien no se anduvo por las ramas fue Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien advirtió sobre las consecuencias indeseadas de la reforma.
Nuestras autoridades también tendrían que comprender que bajo advertencia no hay engaño.
Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx
