Este 2023 fue mejor de lo que se esperaba. Lo digo en el plano general, porque en el personal la historia puede ser muy diferente. Hace un año las previsiones de recesión eran dominantes. Se señalaba que la agresiva alza de tasas de interés por parte de los bancos centrales iniciada en 2022, en la mayoría de los casos, y continuada en el que está por concluir, generaría un encarecimiento del crédito que frenaría el consumo y la inversión. Adicionalmente, las señales de curva invertida entre las tasas de largo y corto plazo daban un indicio en ese sentido, lo mismo que la confianza del consumidor en Estados Unidos (EU).
Sin embargo, la resiliencia de la economía mundial fue mucho más fuerte y centrándonos en EU que es nuestro principal socio comercial, el consumo se fortaleció porque la política fiscal expansiva de la administración Biden con los programas de estímulo a la inversión para mejor la infraestructura, de reducción de la inflación y apoyo a las energías limpias, dieron un fuerte impulso a la actividad económica.
En EU, la inflación al consumidor presentó una tendencia descendente desde su máximo de 9.1% en junio de 2022 hasta 3.1% el mes pasado, lo que ayudó a recuperar poder de compra en un año en que las remuneraciones tuvieron alzas significativas, y los sindicatos pudieron lograr incrementos importantes. La mayor sindicalización en empresas que no habían permitido la agrupación de los trabajadores como en Amazon, Starbucks sino también en algunas tradicionales como Walmart, indica que la fuerza laboral exige que las ganancias de los grandes conglomerados se compartan más equitativamente.
La inflación ha dejado de ser la principal molestia de los electores en EU y ahora el enojo se ha trasladado al rechazo a la inmigración, ante el creciente número de personas procedentes de otros países y mexicanos que han incursionado este año sin papeles. Esto ha llevado al presidente Biden a endurecer posturas como bien lo comentó ayer Jorge Castañeda en su columna, metiéndole a México una presión adicional, con lo que continuará siendo un “tercer país seguro” de facto, luego de que Donald Trump impuso dicha situación doblando fácilmente al vecino del Sur.
La economía mundial fragmentada, las tensiones geopolíticas y la política comercial proteccionista beneficiaron a México, que se consolidó como el socio comercial más importante de EU. El alza de las exportaciones automotrices ayudó a compensar el retroceso de otros rubros afectados por la apreciación del tipo de cambio y por la desaceleración de la producción industrial.
Las expectativas de mayor inversión extranjera son positivas alentadas por la relocalización de inversiones (nearshoring) y de producción cerca del lugar de consumo, ante las posibles interrupciones a las cadenas de suministro, así como al comercio preferente con países aliados (friendshoring), lo que ha alentado un nuevo impulso al sector externo aprovechando las ventajas del T-MEC y de otros tratados de libre comercio. El acuerdo con Europa está cerca de ser ratificado, aunque hay preocupación por las regresiones autoritarias que contraviene la cláusula democrática que sí contempla este tratado.
En México, el mayor aporte al crecimiento lo dio el consumo privado y la inversión. Contribuyó el alza de la masa laboral como consecuencia del aumento real de los salarios y más empleo ha dado un impulso al gasto de los hogares beneficiando a ciertos sectores que estaban rezagados en su recuperación como el turismo, el entretenimiento, restaurantes, bares, espectáculos, que tuvieron un impulso adicional por efecto de la demanda reprimida provocada por la pandemia.
Si bien hubo una mejora importante en los indicadores de pobreza publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y ha habido un avance relativo en los ingresos por la política de salario mínimo, no podemos echar las campanas al vuelo, porque sigue existiendo una gran precarización del empleo en México de acuerdo a las cifras de la (ENOE). La pobreza laboral fue de 37.3% al 3T, aunque mejoró respecto a los trimestres anteriores, sigue siendo mayor a la registrada antes del inicio de la pandemia, de 36.6% en 2020-1T.
La prueba de PISA 2022 dejó en claro rezagos importantes en educación a consecuencia de la pandemia por un confinamiento tan prolongado y de las deficientes medidas implementadas para enfrentarla, así como, retrocesos en relación a los niveles alcanzados en 2018. El resultado del rezago educativo anunciado por Coneval en agosto pasado, ya presagiaba esta situación. La política educativa es sin duda uno de los sectores donde el actual gobierno ha salido reprobado.
La carencia por acceso a los servicios de salud fue la que más empeoró entre 2018 y 2022 al pasar la población en esta condición de 16.2% a 39.1% alcanzando a 50.4 millones de personas. La implementación de políticas de austeridad, la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del INSABI se reflejan en estas cifras, lo mismo que el desabasto de medicamentos que se acentuó con la modificación del mecanismo de compras consolidadas, que conllevó la eliminación del esquema de distribución anterior y el veto a algunos productores nacionales acusados de corrupción.
La contrarreforma a la ley electoral fue frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que enfureció al presidente, quien no ha cejado en su intento de capturarla, así como a los organismos encargados de organizar las elecciones, Instituto Nacional electoral (INE) y de calificarlas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el proceso de relevos de consejeros del INE, llegó a la presidencia del INE alguien cercano a Morena; sin embargo, una mayoría de (6 a 5) mantienen independencia del organismo, que fue complaciente con los actos anticipados de campaña.
El caso del TEPJF es más preocupante, porque luego de que concluyó el encargo de dos de los siete magistrados, el Ejecutivo no envió propuestas al Senado para su reemplazo y quedó integrado por cinco, de los cuales tres son cercanos a Morena. La nueva mayoría logró la renuncia de Reyes Rodríguez presidente del Tribunal y en su lugar será a partir de enero Mónica Soto. Algunos juristas han alertado de que esta crisis puede restarle legitimidad al proceso electoral de 2024.
Las encuestas de opinión identifican a la inseguridad como el problema más grave en México. El oficialismo cree que es un tema de percepción alimentado por los medios y que la realidad es muy distinta. Sin embargo, casos recientes, como el asesinato de los jóvenes en Salvatierra por un grupo de delincuencia organizada, o de los campesinos de Texcatitlán, Edomex que enfrentaron a los extorsionadores de “La Familia Michoacana”, comprueban que en varias regiones si hay un estado fallido y que la estrategia de seguridad pública no ha funcionado. A pesar del maquillaje de la cifra de desaparecidos y del subregistro de homicidios, la violencia e inseguridad es preocupante, y la problemática se ha agudizado con la creciente militarización.
Muchos temas quedaron fuera por falta de espacio. En conclusión, el año fue mejor de lo esperado en lo económico, no así en aspectos sociales como educación, salud, seguridad pública, y con retrocesos en el estado de derecho y sobre todo en la garantía de los derechos políticos.
Luego de los sobresaltos que nos dejó el 2023, el próximo jueves abordaremos algunas perspectivas para el 2024, en el entendido de que el Año del Dragón de madera viene cargado con una fuerte dosis de cambio, incertidumbre, amenazas y riesgos porque habrá elecciones en EU y México. Las crisis también son un momento de oportunidad.
Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
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