El fenómeno de la inmigración en la frontera sur es un tema de gran complejidad, y que lamentablemente esta semana ha sido nota internacional tras el ataque de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a vehículos que trasladaban inmigrantes en una carretera de Chiapas, lo que derivó en siete muertos y doce lesionados. No es un tema nuevo, en los últimos años esta frontera, que separa a México de países como Guatemala y Belice, se ha convertido en un punto clave para el tránsito de inmigrantes provenientes de Centroamérica, el Caribe y otras regiones, que buscan llegar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades o huyendo de situaciones de violencia y pobreza. La cancillería mexicana ha reconocido que por esa frontera llegan más de cinco mil “migrantes irregulares” cada día al país, datos que también ha confirmado la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Este inédito crecimiento plantea desafíos significativos para las políticas migratorias y de seguridad nacional; pero también, para los propios migrantes, pues como se ha visto esta semana, su travesía está llena de peligros y amenazas a su integridad y a su salud.
La situación de las personas migrantes plantea retos para el gobierno federal, pero también para los estados y los municipios que están en primera línea de contacto con este inusitado fenómeno. Es decir, hay un reto desde la perspectiva del federalismo mexicano, pues garantizar el acceso a servicios básicos, generar y fortalecer mecanismos de inclusión y cohesión social, la prevención y reducción de las vulnerabilidades emergentes de la migración, son acciones que se encuentran estrechamente ligadas a la órbita de las autoridades locales, en tanto desarrollan un importante trabajo en territorio y, por ende, son las que se encuentran en la primera línea de respuesta a la población migrante. Son los gobiernos locales quienes enfrentan diariamente la presión social de hacer frente a las necesidades de las personas migrantes durante su estancia o tránsito por sus territorios.
Sin embargo, erróneamente se tiene la percepción de que el diseño de políticas de atención al fenómeno mitigatorio compete exclusivamente al ámbito federal. Dicho supuesto, obedece a que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Congreso Federal es quien “tiene facultad para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República”, lo que pareciera restringir el alcance de las facultades de los estados de abordar el fenómeno de la migración con leyes estatales o subnacionales. Derivado de esta disposición constitucional, suele asumirse que la Constitución Federal, y las Leyes de Migración y de Población que de ella se derivan, concentran la regulación de la migración en nuestro país, y que no media expresamente ningún sistema de competencia concurrente o coincidente con las entidades federativas. Luego entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos locales frente a lo que pareciera ser un monopolio del gobierno federal en materia migratoria?
Al respecto, hay que señalar que, si bien el designio constitucional del artículo 73 parece ser preciso e inequívoco sobre la exclusividad del legislador federal en materia migratoria, el artículo 117 constitucional, que se refiere a las prohibiciones para los estados de la República, no establece ninguna limitación o prohibición expresa para que las entidades federativas legislen en materia de migración; por lo que, deja abierta la puerta para que los estados puedan legislar en el ámbito migratorio dentro de su esfera de competencia local, algo que ya ha sido reconocido por la Suprema Corte de Jsticia de la Nación (SCJN). Por lo tanto, sí existe la posibilidad de accionar el aparato legislativo local para la creación de documentos legales coadyuvantes a la Ley de Migración, algo necesario a partir de la eclosión de fenómenos recientes como las caravanas migrantes.
Entidades federativas, como Durango, Chihuahua, Sonora, Puebla, Estado de México o Baja California, ya se han atrevido a promover leyes locales para hacer más accesibles los derechos de las personas migrantes. Dichas disposioinces han pasado ya el tamiz de la revisión de su constitucionalidad por parte de la SCJN. Al conocer de la Acción de Inconstitucionalidad en contra de Ley de Baja California de 2021, creada para sentar las bases de la coadyuvancia de las autoridades locales con las federales en la protección de los derechos de personas migrantes que se encuentren en su territorio, la Corte determinó que es válido que las entidades federativas reconozcan que se debe generar un marco especial de actuación frente a las personas migrantes, "sin que ello implique incidir en su estatus migratorio o interferir con las actividades de las autoridades federales que establece la Ley de Migración. Una interpretación en sentido contrario, llevaría a afirmar que sólo la Federación puede generar mecanismos de protección para las personas migrantes…La circunstancia de que la Constitución Federal regule en específico algunos aspectos de ciertos sujetos no puede llevarnos a concluir que ninguna otra autoridad puede incidir en la promoción, protección, garantía y respeto de sus derechos humanos, siempre que esté dentro del ámbito de sus competencias".
De tal suerte que, la ausencia de claridad constitucional permite a las entidades federativas crear normatividad local para hacer frente al fenómeno de la atención a los migrantes en sus respectivas regiones. Por lo tanto, los estados de la frontera sur pueden y deben jugar un papel más activo desde su ámbito de competencia. Sobre todo Chiapas, entidad que es el punto de entrada de miles de migrantes irregulares de Centroamérica, con un número cada vez más creciente de mujeres y menores no acompañados. Lo esperanzador es que en ese estado estamos a semanas del inicio de un nuevo gobierno que será encabezado por el Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, quien consciente de este desafío humanitario en la región, declaró estando en campaña que “la afluencia de migrantes que transitan por Chiapas buscando llegar a los Estados Unidos demanda una solución de gran escala que, lejos de separar o cancelar el derecho a migrar, genere las condiciones humanitarias que permitan un tránsito ordenado y seguro o en su caso un ambiente de viabilidad para quienes decidan permanecer en Chiapas…”. Sin duda, este loable compromiso público del gobernador electo, de gran sentido humanista y de profundo respeto por los derechos humanos, se traducirá en el futuro mediato en políticas públicas en beneficio de la creciente población migrante de la frontera sur. Son buenas nuevas, en medio de tanto dolor, anhelo y esperanza.
Especialista en Teoría Política y Democrática.
