Hace unos días un grupo de diputados integrantes de la Comisión especial creada para el seguimiento a los procesos electorales de este año, acudieron al INE para solicitar la suspensión de las elecciones en aquellos distritos y municipios donde se confirme la injerencia del crimen organizado y haya amenaza de violencia. Para que las elecciones sean posibles, es verdad que primero tienen que haber condiciones para poder instalar casillas, para capacitar a la ciudadanía que serán funcionarios de casilla, para que quienes estén en campaña o realicen funciones de organización electoral puedan realizar sus actividades sin que su vida corra peligro, y para que el electorado pueda salir a votar en paz y sin temor. Lamentablemente, es una realidad que éstas premisas, que muchas veces damos por supuestas, no están presentes en muchas regiones del país. Pero, ¿cancelar elecciones es la solución a la amenaza de violencia en municipios y distritos? ¿No resulta paradógico en términos democráticos apostar a soluciones que anulan el derecho de la ciudadanía a ser parte de la decisión de quien habrá de gobernarles? ¿No tendriamos mejor que exigirle al Estado que asegure condiciones de gobernabilidad y seguridad para hacer posible la realización de elecciones libres en esas regiones?
Como antecedente, tenemos que en las pasadas elecciones locales de Chiapas de 2021, el INE tomó la decisión de no hacer elecciones en tres municipios amenzados por la violencia y la conflictividad social: Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra. En estos municipios la autoridad electoral enfrentó dificultades para integrar un número mínimo racional de casillas, es decir, muchos ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla declinaron por temor a la inseguridad, o no pudieron ser capacitados en sus domicilios por las mismas circunstancias. En total, fueron 230 casillas que no se instalaron en dicha entidad por amenzas de violencia, algo no visto ni siquiera en la época del surgimiento del EZLN en 1994, pues en esa ocasión hubieron acuerdos que permitieron instalar casillas en la mayoría de sus territorios. Por las mismas razones, en las elecciones municipales extraordinarias de 2022, el INE tomó la decisión de no hacer elecciones en los municipios de Frontera Comalapa y nuevamente en Honduras de la Sierra, y las elecciones extraordinarias de las extraordinarias nunca se pudieron llevar a cabo en ámbos municipios.
Por supuesto que la vida e integridad de las personas siempre debe ser prioridad, ¿pero es correcto que el Estado justifique con este argumento su abdicación a la responsabilidad de garantizar el principio democrático de las elecciones? Desde luego que no. No hacer elecciones por la presencia de grupos delictivos y la amenaza de violencia, genera un gravísimo déficit democrático, porque entonces la decisión de quien debería de gobernar, que debería ser del pueblo, es sustituída por la voluntad de un político o un grupo de políticos. Además, se abre la posibilidad que esta situación se convierta en un recurso a utilizar con fines partidistas o delincuenciales, es decir, la violencia de los grupos criminales pudiera ser utilizado en función de intereses políticos de donde hacer elecciones o no. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia SX-JRC-70/2022, al señalar que el Estado mexicano al ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos gocen del derecho a votar. De no garantizar la realización de elecciones periódicas para la renovación de los cargos públicos, se estaría ante un estado implícito de suspensión de derechos, el cual está limitado para los casos previstos en el artículo 29 constitucional. De manera puntual, el tribunal concluye en su resolución que “el Estado no puede abdicar en su función de generar condiciones para que se lleven a cabo los procesos democráticos en el país…el derecho político-electoral de la ciudadanía a votar y ser votado es un derecho humano previsto en el artículo 35 de la Constitución, y sin él, no puede existir una democracia…sin elecciones no se puede desarrollar una sociedad democrática”.
Luego entonces, ¿no deberíamos en vez de solicitar la cancelación de elecciones mejor exigir al Estado que asuma su responsalidad de generar condiciones propicias para hacerlas posible? La organización de comicios requiere que exista una autoridad estatal que no sea desafiada por personas o grupos organizados. Un Estado capaz de hacer valer su presencia, consolidada como autoridad legítima y legal, para que los grupos de personas participantes tengan claridad que hay un estado de derecho que se respeta y que no se puede violentar, so pena de las consecuencias correspondientes. En teoría, eso está claro, pero en la práctica ello no está presente en muchas regiones. Cuando de los tres elementos constitutivos del Estado, como entidad jurídico política, que son el territorio, la población y el poder o soberanía, falla este último, es evidente que el Estado no existe, o es débil, lo que diculta el desarrollo de elecciones, tal como lo acreditó el TEPJF al resolver los juicios relacionados a los resultados de la elección a la gubernatura de Michoacán en 2021. De tal suerte que la solución pasa porque el Estado mexicano recupere presencia y haga valer sus atribuciones en materia de seguridad y gobernabilidad en esos territorios. Desafíos que rebasan la competencia de la autoridad electoral, pues la formulación de políticas públicas de seguridad y protección, son obligaciones y atribuciones de las autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales. Es responsabilidad del Estado a través de sus áreas de seguridad, gobierno e inteligencia encabezar estas políticas. Son estas agencias de gobierno quienes tienen el expertise y la infraestructura para diseñar mapas de riesgo y ejecutar acciones para prevenir actos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, o afecten el desarrollo libre y pacífico de los procesos comiciales.
Mucho de lo que hay que hacer desde el Estado pasa por una mayor y mejor cooperación interinstitucional, por una mejor capacidad operativa, pero también por un mayor compromiso político y democrático. En muchas ocasiones la ausencia del Estado está ligada al cálculo de la clase política de no asumir los costos electorales de hacer valer la fuerza del Estado. Sin embargo, el político debe tener el coraje, la virtù diría Maquiavelo, de hacer lo que deba hacer para conservar la seguridad de las personas, el órden público, la vigencia de las leyes y de las reglas. Negarse a actuar así, por temor a que se interprete como represión, es abdicar a la responsabilidad constitucional del Estado a brindar seguridad y protección para el ejercicio de los derechos políticos de las personas, en detrimento del propio proyecto democrático.
