Una vez concluídos los cómputos municipales y distritales de los comicios del pasado 5 de junio resulta importante visibilizar y no minimizar el gran éxito obtenido por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL). Éstos refrendaron su valía en una coyuntura donde se viene obviando su trabajo y relevancia, al grado que algunos actores políticos han planteado la necesidad de su extincion. Lo cierto es que los OPL en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) rindieron buenas cuentas a la sociedad, pues ha habido paz y estabilidad social en los seis estados donde hubo elecciones y en ello ha contribuido que con su profesionalismo y transparencia propiciaron confianza en los resultados electorales y han dejado poco margen a conflictos poselectorales.
Lograr elecciones confiables no es algo que resulte sencillo en un contexto como el mexicano, pero en el ámbito local es aún más desafiante. Ahí la organización comicial se enfrenta a contextos con problemáticas sociales, económicas y culturales pendientes, a regiones en las que el Estado se encuentra seriamente desafiado por poderes e intereses fácticos, donde los espacios de poder municipales son objeto de mayor interés y apasionamiento por los grupos políticos y sociales, donde existen antecedentes de malas prácticas, y donde permea una coyuntura asociada a la corrupción. No es sencillo hacer elecciones en un país con regiones caracterizadas por ese tipo de complejidades y, sin embargo, a juzgar por los resultados y las consecuencias sociales, las recientes del 5 de junio se han organizado impecablemente.
Por supuesto que el principal eslabón de la confianza en los resultados electorales es la ciudadanización de su organización. El mérito de participar, de contar bien los votos, de llenar correctamente las actas y de resguardar la voluntad popular es de el ejército de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que con su participación blindaron esta elección de cualquier sospecha de fraude. Sin embargo, no debe escatimarse la responsabilidad de las autoridades electorales. El desempeño de las instituciones encargadas de la administración de las elecciones resulta fundamental para la confiabilidad de los comicios, pues son ellas quienes deben normar, coordinar y supervisar las distintas tareas de capacitación y organización de la estructura ciudadana que opera la elección. De tal manera que el éxito organizativo no es un asunto de suerte, sino de planeación, de previsión, de coordinación y de un gran sentido republicano de los tomadores de decisiones, que es lo que permite que la ciudadanía pueda llevar a cabo las tareas propias del funcionariado electoral, y en esta faceta, los OPL cumplieron a cabalidad con su responsabilidad.
Recordemos que bajo nuestro sistema nacional electoral, con elecciones concurrentes y casilla única, el INE juega un rol de liderazgo fundamental en las tareas de capación y organización electoral, pero se complementa con las responsabilidades que cada OPL tienen encomendadas desde la Constitución. Es falso que ámbas instituciones hagan lo mismo. Recordemos que con la reforma de 2014 se redistribuyeron de forma sustancial las competencias de los órganos electorales federal y estatales, y se mantuvieron los organismos locales, pero ahora como parte de un sistema nacional electoral en donde el INE los integra, les genera reglas generales y puede destituirlos. Bajo este modelo los ahora llamados OPL realizan tareas trascendentales para hacer posible las elecciones locales las cuales fueron mayoritarias en estos comicios.
Los Organismos Públicos Locales Electorales fueron responsables de la titánica tarea de supervisar el cumplimiento de requisitos de ley de 436 cargos a elegir correspondientes a seis gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, a la integración de la Legislatura de Quintana Roo con 25 diputaciones, y a 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías en Durango. Las autoridades electorales locales no sólo verificaron los requisitos de procedencia de estas candidaturas, sino el registro de coaliciones y candidaturas comunes de partidos políticos, la observancia del principio de paridad en la integración de todas las listas de candidaturas para los ayuntamientos, para la legislatura y para las postulaciones en las gubernaturas y el cumplimiento de acciones afirmativas a favor de personas indígenas, de la diversidad sexual, con discapacidad, migrantes y adultos mayores en la integración de ayuntamientos.
Así, derivado de lo señalado en el acuerdo INE/CG1446/2021, que dispone que los partidos políticos nacionales y locales debían registrar únicamente a mujeres en por lo menos tres de las seis entidades en las que se eligieron gubernaturas, los partidos políticos nacionales postularon a 4 mujeres en Aguascalientes, en Durango postularon a 2 mujeres y a 1 hombre, en Quintana Roo a 3 mujeres y a 1 hombre, en Hidalgo a 1 mujer y a 3 hombres, en Oaxaca a 2 mujeres y a 2 hombres y Tamaulipas fue el único estado en donde postularon a 3 hombres. Por su parte, los partidos políticos locales sin coalición postularon a 1 mujer en Aguascalientes, 1 hombre en Oaxaca y 1 hombre en Quintana Roo. Además, hubo 2 candidatos independientes con autoadscripción indígena en Oaxaca. Con este trabajo los OPL contribuyeron a organizar elecciones progresistas e incluyentes en cada una de las seis entidades federativas.
Los OPL proveyeron en tiempo y forma todos los materiales necesarios para capacitar a más de 84 mil personas que fungieron como funcionarias y funcionarios de casilla para que estuvieran en condiciones de recibir y contar los votos de las elecciones locales. También se hicieron cargo de proveer los materiales y la documentación electoral. En este proceso se imprimieron, entregaron, contaron, sellaron y enfajillaron más de 11 millones de boletas electorales. Lo que implicó verificar que estuvieran en tiempo a pesar de las eventualidades ocasionadas por sustituciones, por resoluciones judiciales y por la capacidad de las empresas para garantizar papel seguridad, y además conlleva la necesidad de verificar en planta y en los consejos que no hubieran errores de impresión, de trasladarlas con la custodia de autoridades encargadas de la seguridad y con el acompañamiento de las representaciones partidistas hasta las sedes de los consejos distritales y municipales, de hacer el conteo, sellado y enfajillado en horarios corridos y bajo los protocolos de seguridad establecidos y, finalmente, de entregarlas al funcionariado de casilla con la debida anticipación a la jornada electoral.
Para estas elecciones, el INE, con el apoyo de los OPL reclutó, capacitó y supervisó el trabajo de más de 708 supervisoras y supervisores electorales, y de 4 mil 218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, con los cuales se operó la logística de entrega de los paquetes electores a las y los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. Fue una tarea heroica y ejemplar, pues con gran compromiso democrático llegaron a prácticamente cada rincón de estos seis estados de la República. Aún más desafiante fue la tarea de lograr con el mismo ejército ciudadano, que la voluntad popular manifestada en las urnas no fuera violentada ni alterada y que el procedimiento de recolección de más de 21 mil paquetes que contenían la decisión del electorado plasmada en las urnas fuese trasladado hacia las sedes de los consejos electorales municipales y distritales sin que se perdiera la cadena de custodia. Esta valiente tarea fue llevada a cabo a pesar de los riesgos y peligros de esta actividad.
Los OPL también tuvieron la responsabilidad de garantizar que hubiera resultados preliminares oportunos la noche de la jornada electoral, eso permitió que hubiera certidumbre y tranquilidad entre el electorado y las personas contendientes. En este proceso, los seis OPL implementaron programas de resultados preliminares de manera eficaz, pues el promedio de actas computadas y publicadas fue de casi el 100% y todos los PREP fueron debidamente probados en simulacros previos que estuvieron supervisados por comités técnicos asesores y entes auditores. La casi nula diferencia entre los datos del PREP, los conteos rápidos y las sesiones de cómputo, confirma la eficacia con que los OPL procesaron este sistema.
Tampoco hay que demeritar que los OPL lograron celebrar con éxito 39 sesiones de cómputos municipales y 113 distritales, porque esta actividad suele desarrollarse en medio de contextos hostiles y desafiantes que no están presentes en los cómputos de elecciones federales. Para esta actividad los OPLE supervisaron el trabajo de cientos de personas entre funcionariado y trabajadores en los consejos electorales municipales y distritales.
Por si no fuera suficiente, los OPL también resultaron fundamentales para garantizar que prevaleciera la equidad en las contiendas y que no hubiera ventajas indebidas de nadie, aprobando lineamientos y desahogando casi mil procedimientos administrativos sancionadores e imponiendo más de 200 sanciones cuando existieron elementos.
Queda claro que los OPL, integrados por hombres y mujeres que han confirmado su compromiso republicano en esta elección han entregado buenas cuentas a la sociedad y que este modelo vigente que obliga a una estrecha coordinación entre la instancia nacional y las locales funciona, por lo que el camino es fortalecerlo y no debilitarlo, tal como ha sucedido recientemente con la reforma invasiva en la Ciudad de México. Los institutos electorales de los estados han demostrado que son instituciones fundamentales para seguir dotando de paz y estabilidad politica al país a través de elecciones confiables, libres y autenticas.
A la luz de estos resultados, es claro que los retos de nuestra democracia electoral no están en su modelo organizativo, sino en acciones para atajar las prácticas clientelares, la presencia del dinero ilícito en las campañas o en el fortalecimiento de nuestra cultura cívica. Por supuesto que hay areas de oportunidad, como la necesidad de encontrar mecanismos que permitan abaratar el costo de nuestros procedimientos y garantizar que la falta de entrega de ministraciones presupuestales en varios estados no siga poniendo en riesgo la eficacia del modelo, como estuvo a punto de suceder en Durango. Pero por lo pronto, las instituciones electorales demostraron que están en condiciones de seguir siendo ancla para apuntalar la institucionalidad y el régimen democrático de gobierno a partir de la organización de elecciones confiables.
