Recién concluyeron los foros de parlamento abierto convocados por diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, que tuvieron como objetivo analizar y contrastar las recientes iniciativas de reforma electoral presentadas por el presidente de la República, por grupos parlamentarios de la Cámara, y por diputadas y diputados de distintos partidos políticos.
Sin lugar a duda, ha sido un acierto de las y los diputados establecer estos espacios para construir diálogos plurales y abiertos con especialistas en la materia, con personas académicas y con servidoras y servidores públicos de distintas autoridades electorales, pues además de potenciar la interacción con el Poder Legislativo, los parlamentos abiertos fortalecen la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Las consejeras y consejeros electorales locales reconocemos la apertura parlamentaria en la discusión de los diversos temas de la agenda electoral. Particularmente en uno de los más polémicos, cuyo impacto directo recae en la responsabilidad constitucional que hoy en día tienen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), al plantearse su eventual desaparición.
Quienes integramos los OPL atendimos la invitación y acudimos al recinto legislativo con respeto a la soberanía popular representada en la Cámara y bajo la premisa de que, al ser instituciones de carácter técnico, tenemos la alta responsabilidad de aportar información objetiva relacionada con la operatividad, el funcionamiento y los resultados del sistema electoral subnacional, que permita a los distintos grupos parlamentarios contar con insumos para sus deliberaciones. Estos datos y estadísticas se proporcionaron sin realizar apreciaciones y valoraciones políticas, pues dicha tarea corresponde a quienes recibieron el mandato popular en las urnas para representar a la Nación, es decir, a las y los legisladores.
En las intervenciones de las consejeras y consejeros locales se fueron presentando datos y estadísticas que coadyuvan a clarificar los tres argumentos que están presentes en la iniciativa primaria de reforma electoral y que aparentemente justifican la eliminación de los OPL. Primero, su supuesta falta de confiabilidad al ser instituciones secuestradas por los gobiernos de los estados; segundo, su supuesta falta de utilidad al realizar muy pocas funciones, pues en apariencia, las tareas trascendentales de las elecciones locales las realiza el Instituto Nacional Electoral; y tercero, el supuesto ahorro de 13 mil millones de pesos con su desaparición.
Respecto al primer argumento relacionado con la falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, se aportaron evidencias que dan cuenta del avance en materia de autonomía e independencia de los OPL a partir de la reforma de 2014. Uno de las más importantes es el exponencial incremento en el número de alternacias en los cargos de elección popular. Como resultado de los comicios organizados por los OPL, alrededor del 60 por ciento de las elecciones realizadas desde 2014, ya sean municipales, legislativas o de gubernaturas, han estado marcadas por la alternancia. Por ejemplo, de las elecciones de gubernatura celebradas entre 2015 y 2022 ha habido 30 alternancias, lo que evidencia que desde los OPL se ha garantizado la competitividad y que todos los partidos políticos han ganado cargos como nunca. Si bien los resultados son consecuencia de diversos factores, estos números no hubiesen sido posibles si las autoridades locales no fuesen cada vez más autónomas e independientes.
Otra evidencia del avance de la autonomía del árbitro electoral local es que prácticamente la mitad de los OPL han tenido que acudir a instancias jurisdiccionales para resolver la falta de recursos presupuestales en las elecciones locales. Esta judicializacion de los presupuestos no se había presentado antes de la reforma de 2014, de ahí que pueda advertirse que la falta de recursos presupuestales suficientes se relacione con la molestia de gobiernos locales ante las decisiones y actuaciones cada vez más independientes e imparciales de los OPL.
El modelo actual contempla mecanismos de control institucional para encauzar y contener la acción humana en el ejercicio del poder arbitral electoral local y este es otro dato que descalifica el argumento del control gubernamental. Más que apostar a la autocorrección se apuesta a la vía correctiva institucional y ahí están los casos de Puebla, Chiapas, Colima, Hidalgo, Morelos u otros en los que, derivado de la acreditación de actuaciones irregulares, el propio modelo generó la medicina, a través de la facultad de remoción que tiene el INE.
Respecto del argumento de que los OPL hacen muy poco y de que eventualmente un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) pudiera absorber las funciones del INE y de los OPL, las consejeras y consejeros electorales locales aportamos datos que acreditan que los OPL en coordinación con el INE, han rendido buenas cuentas a la sociedad, pues el profesionalismo y transparencia con el que se han organizado las elecciones ha contribuido a la generación de confianza en los resultados, y por ende de paz y estabilidad social en los estados y municipios.
Con las elecciones concurrentes y la implementación de la casilla única el INE juega un rol de liderazgo en las tareas de capación y organización electoral, complementado con las responsabilidades que cada OPL tiene encomendadas desde la Constitución. Es falso que ambas instituciones hagan lo mismo y que pueda incluso, hablarse de una duplicidad de funciones. Por ejemplo, de 2014 a la fecha, los OPL han registrado a más de 650 mil candidaturas, lo que ha implicado verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, el registro previo de coaliciones y de candidaturas comunes, la observancia del principio de paridad de género, el cumplimiento de la cuota de juventudes, de cuotas a favor de la representación indígena, de la diversidad sexual, entre otras condiciones y acciones afirmativas necesarias para integrar los registros.
Los OPL también han garantizado la impresión de millones de piezas de documentación electoral, entre boletas, actas y cuadernillos electorales, cuyo manejo conlleva la vigilancia de su diseño e impresión, el seguimiento y resguardo de su traslado a las entidades y posteriormente a las bodegas distritales y municipales. Tan solo en las elecciones locales de 2021, los OPL aseguraron la impresión y cuidado de más de 210 millones de boletas. Otras actividades trascendentales recaen en la instalación y seguimiento al trabajo de consejos electorales municipales y distritales y en el reclutamiento, capacitación y seguimiento del trabajo de asistentes electorales locales. En 2021, los OPL instalaron más de 2 mil 200 consejos municipales y distritales e incorporaron a más de 41 mil personas capacitadoras asistentes y supervisoras electorales locales.
Los institutos electorales locales son responsables de la función sustancial de recolectar los paquetes electorales para salvaguardar la voluntad popular, de implementar y operar los programas de resultados preliminares en la misma noche de la jornada electoral, de acondicionar bodegas electorales seguras y de hacer cómputos municipales y distritales en los que se hace el cruce de actas y en su caso se realizan los recuentos para definir a las personas ganadoras, en contextos mucho más álgidos que el de las elecciones federales. Es menester resaltar que, con su actual infraestructura humana y financiera, sería imposible que el INE realizara todas las actividades descritas.
Los OPL tambien se encargan de investigar, sustanciar y en algunas entidades de resolver, las quejas y denuncias que se presentan durante y fuera de los procesos electorales. En las elecciones concurrentes de 2021, los OPL iniciaron y sustanciaron más de siete mil Procedimientos Especiales Sancionadores e impusieron más de mil 800 medidas cautelares. En ese mismo año, iniciaron y sustanciaron más de mil procedimientos ordinarios sancionadores e impusieron alrededor de 69 medidas cautelares. Estas cifras demuestran que, con su estructura actual, el INE no podría atender los procedimientos sancionadores de todas las entidades federativas.
Finalmente, respecto del argumento del ahorro de 13 mil millones de pesos que representaría la extinción de los OPL, las consejeras y consejeros locales precisamos que la mitad de esos recursos corresponden a financiamiento público para partidos políticos, por lo que su análisis debe darse en cuerda separada. De la otra mitad, dos mil 500 millones de pesos están relacionados a actividades de procesos electorales locales y los cuatro mil millones de pesos restantes a la estructura y al gasto corriente, conceptos que necesariamente tendrían que erogarse ya sea desde los OPL o desde alguna otra autoridad nacional, como el posible INEC.
Al respecto, manifestamos en los foros que es posible abaratar el costo de las elecciones, pero que los ajustes deben hacerse a partir de diagnósticos técnicos y objetivos que no arriesguen las tareas sustantivas. La propuesta de un modelo centralista no abarataría, en ningún modo, el costo de las elecciones, pero sí pondría en riesgo la confianza de diversas actividades del proceso electoral, principalmente de las relacionadas con la generación de resultados oportunos y con la seguridad e inmediatez de las sesiones de cómputos electorales municipales y distritales.
Los OPL trabajamos cada vez más bajo políticas de austeridad, algunos con irresueltos problemas presupuestales y somos las instancias públicas más auditadas del país, su actuación es vigilada por la Auditoría Superior de la Federación, por los órganos de fiscalización de los estados, por las contralorías internas designadas por los congresos locales y por el INE que realiza auditorias sobre el desempeño de las y los consejeros locales. En aras de fortalecer la transparencia institucional y la confianza de la ciudadanía, recientemente acordamos compartir con el Sistema Nacional Anticorrupción, toda la información financiera de los OPL. Con esta determinación, las instituciones electorales locales se convierten en los primeros organismos autónomos en hacer públicos estos datos en la plataforma digital nacional del sistema. Somos y continuaremos siendo las instituciones más vigiladas y transparentes.
Fue muy esperanzador escuchar en voz de los grupos parlamentarios que no todo está escrito, que hay apertura y que una vez que las conclusiones de los foros sean turnadas a las comisiones respectivas, se hará un análisis exhaustivo de la información para tratar de llegar a los consensos necesarios. Sin duda esta diposisicion al dialogo, el respeto a la pluralidad de todas las voces, es una buena noticia para el proyecto democrático nacional, pues es un alicente para que el recinto legislativo, ese necesario espacio público a la idea de Arendt, no deje de ser ese lugar de encuentro dirigido al entendimiento mutuo.
[1] Consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF).
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