Ninguna materia ha sido tan reiteradamente revisada y discutida como la electoral en los últimos años en nuestro país. Por ello no deja de sorprender que en estos días se vuelva a hablar de reformas electorales. Los grupos parlamentarios continúan privilegiando las adecuaciones a las reglas de acceso al poder político en la agenda legislativa por sobre los problemas estructurales de nuestra sociedad. Esta dinámica ha generado un bagaje normativo y doctrinal tan abultado en la materia, que a veces olvidamos que hace un par de décadas, apenas existía la materia de Derecho Electoral en los planes curriculares universitarios. Era en las cátedras de Derecho Constitucional, que tenían como basamento doctrinal los textos de Felipe Tena Ramírez o Ignacio Burgoa Orihuela, en las que se solía hacer una muy ligera referencia al estudio de normas constitucionales, legales, reglamentos, y principios referentes a los mecanismos para acceder al poder político. Así fue hasta que el régimen político mexicano evolucionó tras una serie de sucesivas reformas constitucionales que permitieron que las elecciones dejaran de ser mero ornato para mantener el régimen de partido político hegemónico y pudiéramos transitar a uno que garantiza elecciones libres y competitivas. De acuerdo con el maestro José de Jesús Orozco Henríquez (1998), fue tras la reforma de 1996 que dotó de autonomía plena a la administración electoral y consumó la judicialización de las elecciones, que el derecho electoral mexicano fue adquiriendo notoriedad, y diversas facultades de derecho la fueron incluyendo dentro de sus programas académicos, incluyendo la UNAM donde la materia se volvió obligatoria en 1997.
Hoy en día, lo “electoral” se ha convertido en un asunto que ha despertado la atención y el interés de un número cada vez más creciente de cultivadores no solamente del derecho y la política, sino de diversas disciplinas, al grado que podemos afirmar que ya existe el oficio de electoralista. Dicho oficio es practicado no solamente por quienes de manera formal o informal forman parte de la Academia del Derecho Electoral en los distintos espacios universitarios y de investigación a nivel federal y en los estados, sino también por quienes realizan funciones dentro de las instituciones electorales administrativas, jurisdiccionales y ministeriales federales y locales; por la ciudadanía que participa en actividades de organización electoral (y ahora de participación ciudadana), por el creciente número de abogadas y abogados postulantes en la materia, y por quienes desde su trinchera ciudadana realizan activismo a favor del reconocimiento y respeto a los derechos político-electorales.
La vertiginosa emergencia de electoralistas conlleva la necesidad de identificar el papel que desempeñan quienes se dedican a este oficio. Sobre todo, porque hay características que lo vuelven particular, pues demanda no solamente el ejercicio de un cargo o actividad, sino el cumplimiento de ciertas exigencias éticas. Esto es así, porque mientras la mayoría de los oficios que se realizan en la sociedad, pueden llevarse a cabo indistintamente del régimen político en que se desarrollan, pensemos en el oficio de médico, de artista, de obrero, de comerciante o cualquier otro que pueden ejercerse independientemente si se vive en un contexto democrático o no, el oficio de electoralista solamente puede desarrollarse dentro de dicho sistema. La vigencia del régimen de libertades y pluralidad que caracteriza a los sistemas democráticos es lo único que da sentido a la actividad del electoralista. Es un oficio que no encuentra cabida en un sistema donde no hay elecciones libres y confiables para acceder al poder político. Luego entonces, el oficio de electoralista está ligado al cumplimiento de al menos los siguientes tres fines para evitar que la democracia involucione:
Primero: ayudar a la sociedad a entender y a valorar el sistema democrático en el que vivimos. No hay manera de entender y valorar el presente si no conocemos el pasado. Ello implica que para toda persona electoralista es importante el conocimiento de la historia y el estudio constante. Conocer, informar y explicar cómo estábamos en términos democráticos hace unas décadas, y la vertiginosa evolución y progreso que ha habido en la materia. Tener claridad de todas las evidencias de progreso en este campo, como los niveles de alternancia de los resultados que ahora caracterizan a las elecciones, la incertidumbre previa que ahora predomina en nuestros procesos sobre quiénes serán las o los ganadores, los distintos eslabones que ahora dotan de confiabilidad y certeza a la organización comicial, las distintas vías procesales que ahora existen para garantizar el cumplimiento de ley y el respeto a la voluntad popular y, finalmente, la amplia gama de derechos y libertades que antes no estaban reconocidas y que hoy forman parte de nuestra cotidianidad.
Para el logro de este fin, toda persona electoralista debe estudiar permanentemente, porque se trata de una materia dinámica, bajo constantes reformas por la vía legislativa o de interpretación jurisdiccional. Asimismo, debe contar con un mínimo de basamento teórico como el que que aportan los textos de los autores clásicos de las ciencias del derecho, la política, la historia o la sociología.
Segundo: contribuir desde sus trincheras al fortalecimiento del modelo democrático. La democracia siempre es un proyecto en marcha, de camino, por lo que toda persona electoralista tiene el compromiso ético de contribuir a su fortalecimiento. Siempre hay áreas de oportunidad. Algunas de ellas están en el ámbito de reformas o adecuaciones a nuestro sistema constitucional e institucional, pero me parece que la mejor manera para que toda persona electoralista contribuya a este propósito está en su incidencia en las transformaciones culturales de nuestra sociedad a partir de su propio actuar. Para ello debe tener como máxima aquello que el filósofo español Javier Gomá identifica como ejemplaridad, por lo que está obligado a buscar permanentemente lo que Weber denominaba la “legitimidad en el ejercicio del cargo”, y no conformarse con la mera “legitimidad de origen” que genera la legalidad de las designaciones.
Esto es aún más importante si se considera que al tratarse de una materia donde el objeto son los procedimientos para acceder al poder político, siembre existirá la tentación de sucumbir ante las ofertas de quienes quieren ganar al margen de la voluntad popular y de las reglas. Pero, solo es electoralista quien demuestra en los hechos, todos los días, su ineludible compromiso republicano. Aquel o aquella que nunca toma decisiones que vayan en contra de las reglas del juego de la democracia, esas a las que se refería Bovero. Para ser electoralista hay que ser demócrata, y esa convicción tiene que refrendarse en todo momento, sin tibiezas y con entereza.
Tercero: participar activamente en la defensa y protección del sistema democrático. Un o una electoralista no puede asumir una actitud pasiva cuando hay indicios de afectaciones y amenzas al régimen de derecho y libertades, a las reglas de la convivencia democrática o al pluralismo. A diferencia de otros oficios, en el de electoralista se engloban las distintas actividades que conforman la esfera de la vida activa del ser humano a la idea de Arendt, pues además de trabajo, implica acción, aquella participación que se da en el espacio público, donde los humanos hablan y deciden sobre lo que quieren hacer y definen las reglas de su convivencia. Dicha participación de toda y todo electoralista debe ser constante, en toda coyuntura, frente a cualquier partido político que se encuentre en el poder, sin importar el lado del espectro ideológico en el que éste se encuentre, porque el riesgo de involucionar siempre está latente.
En este sentido, toda persona electoralista tiene el deber de participar en actividades que permitan visibilizar y generar escrutinio público sobre determinaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Órganos Autónomos. De contribuir desde esta actividad a abatir la pasividad y la opacidad en la toma de decisiones fundamentales por parte de las autoridades. Un ejemplo son los observatorios y monitoreos ciudadanos, los cuales son fundamentales para visibilizar el desempeño de nuestros representantes, pero también de quienes operan la materia electoral en el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales, los tribunales electorales locales y federales y las fiscalías electorales. La exposición al escrutinio público de acuerdos y sentencias relevantes de los órganos jurisdiccionales y administrativos debe ser una constante de toda persona electoralista, porque con ello se fortalece la transparencia y se restan incentivos a la corrupción.
En definitiva, hay indicios suficientes para confirmar la emergencia de este oficio en nuestra sociedad, noble, especial y fundamental por sus fines, y cuya permanencia y consolidación dependerá de la subsistencia misma del proyecto democrático nacional. Sirvan estas sencillas reflexiones, como un homenaje para todas las heroínas y los héroes que desde su oficio electoralista están sirviendo a la suave patria, aquella a la que hace referencia el poema de López Velarde y que debe seguir siendo nuestra fuente de inspiración. A ellas y a ellos nuestro respeto y reconocimiento.
