La función de los órganos constitucionales autónomos (OCA) ha sido cuestionada en razón del presupuesto que les es asignado, bajo el argumento de evitar la duplicidad de funciones en la administración del gobierno. Sin embargo, su creación ha atendido demandas sociales urgentes para la participación ciudadana y la protección de derechos fundamentales, siendo propósitos principales de su naturaleza, a) contribuir al establecimiento de límites al poder político para evitar actos discrecionales, arbitrariedades y/o excesos de poder y, b) agilizar, regular y transparentar funciones específicas de gobierno mediante la especialización de funciones que atendieran eficazmente las demandas de la población.
Es importante señalar que aun cuando estos no se encuentran subordinados a los poderes tradicionales del Estado, las acciones y determinaciones de los OCA son revisados por instancias judiciales y otros órganos reguladores con competencias horizontales.
En este sentido, el pasado 23 de febrero el INAI presentó ante el Senado de la Republica su informe anual de labores correspondiente al periodo octubre 2019- septiembre 2020. Al respecto, se debe señalar que derivado del confinamiento por la crisis sanitaria por covid-19, el 2020 fue un año complicado para realizar las actividades del Instituto; en ese contexto, desde el Pleno del INAI se determinaron formas extraordinarias de organización y funcionamiento institucional que aseguran la salud de la planta laboral sin dejar de prestar servicio a la ciudadanía.
Durante el periodo informado, a nivel federal, se presentaron 237,062 solicitudes de acceso a información, de las cuales se observó una constante en el promedio histórico del índice de recurrencia (6.1%) de los últimos 5 años; en tanto, a nivel nacional en 2020 fueron realizadas 827 mil solicitudes, las cuales, en su mayoría, fueron presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por otra parte, el Pleno del Instituto resolvió 14,941 medios de impugnación en materia de acceso a información de los cuales en el 64.8% de los casos las determinaciones se ordenó la entrega de respuestas complementarias que satisficieran totalmente los requerimientos ciudadanos; mientras que, en materia de protección de datos personales se resolvieron 1,870 recursos y, en el 93.4% se ordenó la entrega de información o la rectificación, corrección u oposición de datos.
Por lo que hace a la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que difunden los más de 800 sujetos obligados de la federación a través del Sistema de Portales de Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia destaca que, al corte del periodo informado existían 1,319 millones de registros públicos de información, mismos que contribuyen a garantizar el acceso a información útil y oportuna que refuerce la práctica democrática de la participación ciudadana de forma crítica e informada, situación que es posible observar a partir de un incremento del 25% en el número de consultas al SIPOT (19.9 millones), respecto de 2019 (16 millones).
Como órgano garante responsable de coordinar la política nacional enfocada a la apertura informativa y a la protección de datos personales, el INAI no solo está sujeto a una rendición de cuentas, sino también a una revisión constante con el objetivo de mejorar el desarrollo de sus actividades a fin de ser eficiente y cercano a la gente.
Comisionado del INAI
