Con la decisión del gobierno de llamar a cuentas a decenas de factureras que han defraudado miles de millones de pesos, esa forma de libertinaje, con la que muchos evadieron impuestos, ha terminado; se cierra una fase del neoliberalismo, entendido como la insaciabilidad de pocos de acumular, a costa de la penuria y el sufrimiento de los demás.
Ese golpe, lejos de ser terrorismo fiscal, como lo califican quienes se incomodan porque las autoridades ejercen sus facultades, es susceptible de traducirse al menos en dos formas de justicia.
La primera es que el SAT, al aplicar la ley por igual y obligar a todos a aportar al sostenimiento del Estado, empieza a poner las bases de una nueva cultura que, centralmente, contiene la idea de que no habrá excepciones, lo que está en línea con la decisión presidencial de acabar con exenciones y condonaciones.
Todos cuantos viven en el Estado y del Estado, están irrecusablemente obligados a sostenerlo. Si esa carga es llevada sólo por unos mientras los demás más ahítos viven por la evasión, la injusticia salta a la vista, a la que el presidente López Obrador ha dicho ¡basta!
En la antigua Roma, fiscus, que significaba cesto, era presentado a todos para que depositaran dinero. Era una práctica impositiva. Lo que se juntaba era para mantener al emperador, encarnación del Estado. El erario, parte de las contribuciones, era ejercido por el Senado en obras públicas.
La figura subsiste con objetivos más universales. Lo que se recauda, se destina a la mejoría de la sociedad, en todo grado y sentido. Si algunos no cumplen, esa posibilidad es limitada.
Eso explica, en buena medida, las marcadas diferencias que hay entre millones de pobres y algunas decenas de plutócratas, lo cual va a empezar a corregirse, en un acto de justicia indubitable.
La otra vertiente de esta premisa básica de todo buen gobierno, es que puede materializarse en distintas formas de bienestar para la población a fin de hacerla más igualitaria y armónica; saludable y próspera.
Ir contra los grandes evasores, evitará seguir afectando a los pequeños y medianos contribuyentes que cautivos que, en su mayoría, cumplen siempre con sus obligaciones fiscales.
Si cada contribuyente paga lo que le corresponde, el gobierno tendrá más recursos; y si los emplea para homogeneizar las condiciones de vida de la comunidad, inducirá cambios de fondo, propósito fundamental de la Cuarta Transformación.
La evasión fiscal se da por avaricia, corrupción e impunidad, vicios con los que se recrea un círculo perverso. Si esas taras se extirpan, el paso será colosal. El avance será enorme.
Además, sobre la base de la justicia tributaria que está en marcha, es posible empezar a ejercer la justicia legal, en la que el delito sea inhibido también; esta es otra urgencia que no puede soslayarse ni aplazarse, considerando el sangriento y ensangrentado escenario nacional y el incremento sin fin de la criminalidad.
Con la justicia económico-social que está en la simiente del pago generalizado de impuestos y la ansiada justicia normativa que tanto necesita el país, el Estado mexicano tendría un cambio trascendental que sería la base de la 4-T y el arranque de una nueva época.
Como complemento esencial, faltara investigar y auditar a la clase política “en retiro” y a los “neoempresarios” que han saqueadores, sobre todo los de la pasada administración. Así, ellos y sus prestanombres pueden ser obligados a regresar los miles de millones de dólares mal habidos que tienen depositados en bancos del extranjero.
Sotto Voce…
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, mantiene la pandemia a raya por la firmeza de sus decisiones en la reactivación de actividades. Su estilo personal de gobernar, que lastima intereses ilegítimos, es muy eficaz, de resultados concretos para sus gobernados. Y con eso, es suficiente.
