El origen, fundamento y ejercicio del poder político en México, tiende a desnaturalizarse. Ese riesgo se perfila en la “consulta popular” que se pretende realizar para determinar si los ex presidentes de la República deben ser investigados y enjuiciados por los delitos que hayan cometido durante su administración.
El presidente López Obrador llegó a la primera magistratura del país sobre un discurso, absolutamente válido y creíble en su momento, de que atacaría e incluso acabaría con los gravísimos problemas de corrupción, impunidad, inseguridad y desigualdad socioeconómica. Todos, empero, han prevalecido en alguna medida durante su gestión y algunos, como la violencia, se han agravado.
A ese escenario se suma la crisis sanitaria que ha generado la pandemia del coronavirus, que el miércoles totalizaba 62 mil 76 muertes y 573 mil 888 contagios, y ha dejado prácticamente en ceros la economía, lo que supondría que todos los esfuerzos oficiales deberían enfocarse a tratar de darles la solución que a todos urge.
Lejos de ello, sin embargo, se opta por una salida tangencial, llamativa, envolvente, altamente mediática, capaz distraer y/o de entretener a la gente y de alejar su atención de los indicadores de salud y económicos que, según voces autorizadas, han hundido al país, con la pretensión de enjuiciar a los expresidentes. Porque, ¿quién en este país no tiene la certeza de que los expresidentes cometieron algún delito contra la Nación durante el tiempo que manejaron al país como si fuera una hacienda de su propiedad, con atracos verdaderamente criminales?
¿Qué mexicano no querría que se investigara a cada uno de esos personajes y a muchos otros exfuncionarios que junto con ellos habrían amasado incuantificables fortunas a la sombra del poder, arruinando al país? ¿Quién no querría que al menos una parte de lo que robaron fuese recuperado a fin de que el gobierno de la 4T tuviera más recursos para atender las enormes necesidades del momento, que inexorablemente se agudizarán como consecuencia del desastre provocado por la contingencia sanitaria?
Para ello, empero, lo primero que habría que hacer es que fuesen las autoridades correspondientes las que se encargaran de iniciar los procesos a partir de la indispensable definición de la naturaleza de los delitos que se les pueden imputar.
Con independencia de que el Poder Legislativo puede hacer cualquier arreglo para que la “consulta” proceda, es incuestionable que ese ejercicio implicaría la innecesaria traslación, o regreso temporal de la potestad a la ciudadanía, que la cedió en las urnas en 2018 para que la ejercieran quienes la gobiernan.
La mayoría que “vote” algo que no tiene que votar dirá “Sí”, máxime porque el que convoca, organiza, promueve e induce, es el partido del gobierno. Pero es pertinente dejar en claro que lo único que deber votar la sociedad en su conjunto son los puestos de representación, no otro asunto, ni mucho menos uno de orden jurídico, sobre el que no hay ninguna base.
El Presidente, el Congreso o la Corte pueden dar luz verde a las instancias correspondientes para que empiecen los pretendidos procesos, pero sólo las investigaciones, imputaciones y el desahogo de pruebas llevarán tanto tiempo, que nada garantiza su concreción ni mucho menos, los deseables resultados.
Sotto Voce…
Antes, la tiranía de la mayoría imponía todo en el Congreso; ahora, abraza sin rubor el Golpe Legislativo, como en Baja California Sur, donde el grupo de Morena “destituyó” a ocho diputados locales de oposición…Sería bueno que, en su Segundo Informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer los avances sobre las investigaciones que se están llevando a cabo contra los muchos que incurrieron en actos de corrupción durante la pasada administración. ¡Nombres y apellidos!, una exigencia de la sociedad.
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