Aún es tiempo. México tiene la oportunidad de ser un país más seguro; el gobierno, la de ofrecerle ese primum bono o primer bien. Para ello, están las instituciones y las leyes. La Guardia Nacional y el ordenamiento que la rige, pueden ser la base para concretar ese anhelo nacional. Falta la voluntad política. La sociedad aún confía en que se la ejerza y que se traduzca en su principal salvaguarda.
Con la Guardia Nacional desplegada en el cumplimiento de las funciones que legalmente tiene, ningún grupo podría enarbolar la sentencia de Luis XIV, quien, asumiéndose soberano absoluto, dijo: “El Estado soy yo” (“L´Etat c´est moi”). Con esa idea, que impuso de manera inapelable, hizo su arbitrio durante más de siete décadas de su reinado.
Hoy, menos que nunca, nadie puede estar por encima del Estado. Cada vez que sea necesario y siempre con apego a la ley, debe descargar toda la fuerza que lo caracteriza para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Con la adecuada actuación de ese cuerpo de élite, nadie podría arrogarse de forma personal o grupal ninguna facultad que no sea legal. Nadie asumiría una actitud beligerante contra nadie, mucho menos contra el poder legalmente constituido. Apelar a todo el potencial que caracteriza al Leviatán, siempre que se requiera, se traduce siempre en un freno a, y en la inhibición de, la actuación indebida o ilegal de quien sea.
De hecho, la Guardia Nacional fue creada con ese loable y noble propósito. Su espíritu y su función, en la ley, se circunscriben a proteger a la ciudadanía. Pero, a más dos años de haber empezado su desempeño, lamentable, es como si no existiera, pese a que su peso en el presupuesto es enorme.
La pasividad, inmovilidad, y literal ausencia por inacción de los más de 100 mil leales militares que componen la Guardia Nacional, no es atribuible a ellos. Disciplinados, dispuestos y acostumbrados a acatar órdenes superiores, simplemente se limitan a cumplirlas. Si lo que se les ordena es resistir todas las agresiones, malos tratos y humillaciones, no se concibe que puedan fallar.
Eso se traduce en que los criminales actúan impunemente contra sus rivales, la sociedad y las instituciones; imponen la ley de sus armas y se apropian de la vida de todos por el temor que inspiran y el riesgo que representan. Renunciar al cumplimiento de lo que dispone el Derecho y frenar al ente fundamental del aparato estatal para proteger a la ciudadanía, significa prácticamente anular al Estado. En esa línea, la esperanza nacional por garantías de seguridad puede convertirse en un desengaño.
¿De qué sirven los cuantiosísimos recursos económicos que se destinan a mantener a la Guardia Nacional, a la que regularmente se le confieren nuevas tareas alejadas de sus funciones básicas, si no hace lo que le corresponde? ¿Tiene sentido que en el presupuesto de 2022 se piense asignarle 50 mil millones de pesos más, como se ha anunciado?
En todos los países, la seguridad es lo primordial. En eso, México no puede ni debe ser la excepción. El gobierno cuenta con los instrumentos para garantizar ese derecho. Todo es cuestión de un cambio de estrategia diciendo, con hechos, qué es el Estado y quién lo encabeza.
SOTTO VOCE… Con los imparables contagio y decesos por Covid-19, es irracional el regreso a clases presenciales a todo costo. Este podría resultar incalculable…Mauricio Toledo y Saúl Huerta, “distinguidos izquierdistas”, se exhiben cual monumento a la corrupción desde siempre. De nada sirve que se les haya desaforado, si tuvieron todo el tiempo para ponerse fuera del alcance de la ley. Con sus cuantiosos haberes, ¡claro!... En Petit Comité dejará de publicarse las próximas dos semanas. Reaparecerá el 3 de septiembre.