Con dos sentencias emitidas en un solo día, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizó lo inesperado e inaudito y pudo haber puesto las bases para lo trascendental e histórico en las relaciones del Poder Ejecutivo con otras autoridades. Con contrapesos reales, el presidencialismo, maximizado como nunca hoy, podría empezar a ser obligado a moderarse.
Con ese antecedente, el Tribunal Electoral escribió un capítulo singular, dadas sus prácticas. Con la ratificación del ordenamiento del INE de desechar las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, y aprobar sus criterios para evitar la sobrerrepresentación en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, ese órgano podría haber comenzado a cambiar el viejo vínculo de subordinación y obediencia ciegas al “jefe máximo”.
Pocos habrían esperado que el Tribunal decidiera en contra de dos candidatos postulados por un partido, pero notoriamente impulsados desde la Presidencia de la República, en particular uno de ellos. La resolución, entonces, fue más contra éste que en contra de aquél.
Con eso, la institución y sus consejeros, que votaron contra lo que consideraron ilegal, demostraron su autonomía, imparcialidad y determinación por hacer valer el orden legal.
Al no acatar lo que seguramente se esperó, se exigió y se creyó desde lo alto del poder, dejaron muy en claro que son capaces de actuar con independencia, honestidad y rigor normativo. La ley, aplicada sin consignas y mirando al único objetivo de hacer justicia, siempre es un camino seguro.
Decir no a este asunto, acreditó a los magistrados, los legitimó, los dignificó y los honró; ganaron la confianza de la población, algo invaluable y necesario frente a un panorama postelectoral eventualmente conflictivo. Con lo que hicieron se puede esperar que, en lo sucesivo, resolverán todo conforme a la máxima universal de Dura lex, sed lex (La ley es dura, pero es la ley).
Un escenario potencialmente positivo que se abre en esa línea, es que, perdido el miedo o marginados los intereses de integrantes de “poderes menores” respecto del “máximo poder”, aquéllos sigan la línea que han trazado los magistrados electorales y que, en adelante, desahoguen los asuntos de su competencia conforme a Derecho, omisos a presiones, chantajes o amenazas.
De empezar a darse esta práctica, se pondría un dique insalvable a las incontroladas e incontrolables embestidas contra los organismos constitucionales autónomos que se observan ahora, y se empezaría a contener la insaciabilidad de acumulación de poder, que muchos ven como un peligro para un porvenir no muy lejano.
De hecho, el Inai está en esa ruta al imponer una controversia constitucional contra la Ley Federal de Telecomunicaciones, que obliga a los usuarios de celulares a entregar sus datos biométricos a las empresas telefónicas.
En ese, como en otros casos, la Corte tendrá que decidir en última instancia. En sus sentencias, se verá si los ministros están dispuestos a imitar la postura de los magistrados electorales.
Y en el asunto que la involucra de manera más directa, simple y sencillamente, lo dirá todo en relación con la División de Poderes, la Constitucionalidad, el valor de las instituciones, la integridad de sus más altos integrantes…y el curso la Historia.
SOTTO VOCE
Saúl Huerta optó por el cinismo al decir que tiene “la conciencia tranquila”, después de las acusaciones de pederastia que se le han imputado, pero que irremediablemente lo llevarán frente a los tribunales sin fuero, como simple mortal... Con Alfredo Ramírez Bedolla, Morena ganará la gubernatura de Michoacán. En Guerrero, con Félix Salgado Macedonio en la presidencia de Morena y con una buena candidata, también tiene asegurado el triunfo… ¿Habrá o no consulta popular, establecida para el 8 de agosto, a fin de juzgar a los “malos” funcionarios públicos, incluidos algunos expresidentes? El enorme gasto que implica sólo tendría sentido si uno de ellos es llevado ante la justicia.
