Por primera vez en la historia política del país, los hombres de poder serán realmente como los demás ciudadanos ante la ley. Esta tiende a hacerlos iguales. Al sustituir la oligarquía legal por la democracia jurídica, los legisladores han puesto un dique a la cotización de la justicia, magnánima siempre para quienes tienen dinero, inalcanzable para los desposeídos.
De observarse y hacerse observar en sus términos, de castigarse a todos con una sanción igual por un delito igual, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia recién aprobada, apunta a ser un dardo mortal en el corazón de la corrupción, la impunidad, la inmunidad y la desigualdad, y se convertirá en piedra angular del renacimiento de México, hundido en esos problemas y en un proceso de descomposición incontenible.
Esa posible democratización de la justicia, la cual establece que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todas aquellas faltas por las que podría ser enjuiciado cualquier otro ciudadano, no hace distingos. Nadie es mejor, ni superior; ni más rico, ni más pobre; ni poderoso, ni débil. Ese, justamente, ha sido y debe seguir siendo el espíritu y el mayor ideal de la ley.
Si antes el titular del Ejecutivo podía ser enjuiciado únicamente por traición a la patria, lo que se reafirma en la nueva legislación, ahora podrá serlo también por otros delitos aplicables a los demás a instancias e insistencias propias, mirando a ahondar en la democracia.
La ley establece que también pueden ser sujetos de juicio político los legisladores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte y demás servidores públicos federales y locales. Al no quedar exento de la nueva norma y saber que la guadaña pende sobre su cabeza, eventualmente ningún funcionario la debería desestimar y cumplir su función con probidad, honestidad y eficacia.
Si desde las altas esferas del poder se pone el buen ejemplo y permea hacia la sociedad, el ordenamiento podría, en principio, ser un punto de partida en la construcción de una cultura de la honradez político-administrativa y anidar luego en la ciudadanía, lo que nunca ha sucedido.
Una de las más importantes promesas de AMLO durante las dos décadas en que trabajó arduamente para llegar al poder, fue que acabaría con la corrupción, la impunidad y la inmunidad. Con independencia de lo que haga en los dos primeros apartados en lo que queda de su gobierno, el tercero quedará en la ley, con la capacidad de impactar y contener a los otros.
En los países donde se respeta el Estado de Derecho, mientras una legislación esté vigente, no importa quién gobierne. Y si los fines de la Ley de Juicio Político se colocan por encima de intereses, consignas o influencias, el resultado esperable ha de ser necesariamente bueno.
Más aún: si el Presidente quiere acreditar definitivamente su gobierno, en la estricta aplicación del orden jurídico tiene una extraordinaria oportunidad, pues aun cuando en el discurso asegure que la corrupción ha terminado, son evidentes algunos casos en contrario.
Él mismo ha señalado a decenas de personas que, habiendo ejercido algún cargo público, incurrieron en faltas; faltas que, si se judicializan de manera consistente y se sancionan, le redituarían un consenso significativo. ¿Cabría empezar con Cuauhtémoc Blanco?
Sotto Voce…
La jefa de la CDMX, Claudia Sheinbaum, sube considerablemente en las encuestas, lo cual preocupa y obliga a más de uno a repensar su estrategia de lucha por la sucesión presidencial… Estados Unidos siempre ha visto con recelo la relación México-Cuba, ¿qué pensará ahora Joe Biden de la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel en nuestro país justo en estas fechas?... Históricamente, se ha comprobado que los “diplomáticos de carrera” no necesariamente son nuestros mejores representantes.
