Desgastados por el poder que ejercieron; debilitados por la pérdida de espacios públicos; vulnerados por la disminución de recursos para mantener su clientela y urgidos por conservar las prebendas que les da el registro que quieren seguir usufructuando, los partidos de oposición se alían con el sector privado.
Por esos y otros factores, atípicamente, esas agrupaciones cambian el papel que históricamente han tenido como aglutinadoras y cohesionadores de la sociedad en su afán por conquistar el poder, y se convierten en instrumento de un organismo empresarial al que se adjudica la estrategia.
En una relación de mutua conveniencia, éste avanza en el terreno político, al que pretende ingresar más plenamente, mientras aquellas entidades se aferran a lo que podría ser su asidero de salvación, pues solas, o incluso aliadas, ¿a dónde podrían ir?
Hace apenas 20 días nació la organización que se presenta como “Sí por México”, dice estar conformada por 400 organizaciones civiles que nadie conoce y, asegura, “no tiene nombres, caudillos, mesías, ni patrones”, pero que públicamente se vincula a la Coparmex, y ya se echó en el bolsillo a los principales líderes partidistas opositores.
Su plataforma político-electoral, con la que centralmente pretende arrebatar la mayoría congresional a Morena en 2021 y que comprende una democracia plena, seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción; una economía inclusiva que ataque la pobreza y la desigualdad; salud y educación universal; igualdad de género y protección al medio ambiente, fue asumida de inmediato por los dirigentes del PRI, PAN y PRD.
Conceptualmente podría haber alguna diferencia en lo que estos han prometido siempre; esencialmente, es lo mismo. Empero, ahora esperan que, al ser ofrecido por la “sociedad civil”, tengan crédito entre los electores para recuperar poder y mantener los privilegios que conlleva su ejercicio.
En el fondo, la “sociedad civil”, o sea básicamente los patrones en este caso, se valen de ellos para alcanzar sus fines, que invariablemente niegan en su discurso y que envuelven en su aclaración de que no son enemigos del gobierno.
Entre algunos actores visibles de esa “iniciativa ciudadana” hay, desde luego, personajes muy respetables que han sido víctimas de la situación que a todos impacta en el país; son un indiscutible aval del movimiento y, con el apoyo que los partidos, seguramente serán candidatos a puestos electivos, pero habrá que ver cómo actuarían entre su autoridad moral y la muy cuestionable de las organizaciones que los postulen.
Que personajes destacados en defensa de los derechos sociales sean representantes populares es un imperativo categórico, pero que organizaciones cupulares en alianza con partidos interesados únicamente en desplazar al del momento y en volver al mando para hacer lo único que saben, es el dilema que, en todo caso, tendrá que resolver la ciudadanía.
Para eso, lo único que tiene a su alcance, es la información. Si sobre esta decide apoyar a los candidatos que la organización empresarial-partidista le proponga, está muy en su derecho. En cualquier caso, lo deseable es que se mantenga el inalienable derecho de elegir libremente a los mejores representantes populares.
La Constitución garantiza la paridad de género, pero surgen diferencias respecto de si el INE tiene la facultad para “ordenar” ese esquema en las gubernaturas… El diputado del PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona, va adelante en las encuestas como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí. Se cree que, si es respaldado por la alianza con otros partidos, será el sucesor de Juan Manuel Carreras… ¡Por fin!, después de mucho tiempo, el esperado dictamen sobre el uso de a cannabis con propósitos lúdicos y medicinales será discutido hoy en la comisión de Justicia del Senado, que preside Julio Menchaca Salazar. Con el consenso que ha construido entre todos los partidos, podría votarse en el pleno la próxima semana, lo que se traducirá en un paso colosal en la materia.