La transparencia y el derecho de acceso a la información constituyen contrapesos ciudadanos en la vigilancia del poder público. Han aportado la materia prima para la elaboración de importantes trabajos de investigación periodística que han expuesto casos de corrupción, sometiéndolos al escrutinio público y a que sean juzgados y sancionados por las autoridades judiciales. La existencia de un organismo público autónomo como el INAI ha sido el instrumento para hacer todo esto posible.
Son emblemáticos algunos casos de investigación: la Casa Blanca de EPN, realizada por el equipo de investigación de Aristegui Noticias , respaldado por 20 solicitudes de acceso a la información presentadas ante la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, la Presidencia de la República y el Estado Mayor Presidencial; la Estafa Maestra, investigación periodística del portal de noticias Animal Político y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los cuales presentaron más de 500 solicitudes de las que obtuvieron los 73 convenios que sirvieron de sustento a la investigación; el analista Ricardo Raphael, en su libro Periodismo urgente, destaca el efecto de la presentación de solicitudes en el ejercicio periodístico citando investigaciones de alto impacto social como el caso de los 72 migrantes encontrados en fosas en el municipio de San Fernando; el Presidente de la República, en su libro 2018 La Salida. Decadencia y renacimiento de México, realizó solicitudes de información para documentar el costo anual que representaba la manutención de expresidentes y sus familias. La información obtenida (y garantizada su entrega por la existencia del INAI) sirvió como referente para promulgar medidas de austeridad como ha sido la eliminación de esas pensiones.
Todas estas investigaciones dan muestra del efecto multiplicador, entre un número mayor de la población, de las respuestas a las solicitudes de información, destacando con ello su valor social como inhibidor de actos de corrupción y coadyuvante con mecanismos de detección y sanción de la misma.
Por otro lado, el acceso a la información tiene un alcance social que impacta en la definición de políticas públicas; ello lo encontramos en el Decreto presidencial por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la CPEUM, en materia de condonación de impuestos, que es el resultado de la perseverancia de ciudadanos por acceder a información relacionada con el tema y del cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial Federal (amparo Fundar) en cuanto a lo instruido por el INAI de transparentar la función de la autoridad hacendaria respecto a la facultad discrecional que ejercía. En este sentido, los esfuerzos del INAI por impulsar la apertura de esta información se ven reflejados en las 68 resoluciones que emitió en las que se instruyó la entrega de información con fundamento en la prevalencia del interés público.
El INAI es resultado de años de lucha social por tener gobiernos que rindan cuentas; es un ejemplo de una institución que empodera a la ciudadanía de manera permanente y ajena a la voluntad política. Conforme a la obligación del Estado mexicano de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales de acceder a la información y proteger sus datos personales, resulta incuestionable la existencia del INAI.
Las características de operación y los resultados de este órgano constitucional autónomo, como las de cualquier otra institución de gobierno, requiere reflexiones, acordes con políticas de austeridad, disciplina financiera y funcional; ello sin poner en riesgo sus funciones sustantivas.
