El 17 de noviembre el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que crea la Ley General de Economía Circular (LGEC), una ley que, más allá de su nombre, en la práctica realmente no acerca a nuestro país hacia este nuevo modelo económico, ya que tiene tantas áreas de oportunidad que no solo la vuelven ineficiente sino también dañina para el medio ambiente. ¿Por qué? Aquí algunas de las principales alertas.
- La LGEC hace un amplio énfasis en la gestión de residuos, cuando ya existe una LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) que se encarga de este tema. El enfoque de economía circular debe ir mucho más allá, por lo que el alcance de la ley se debe ampliar para promover la transición hacia una economía circular en todos los eslabones de la cadena de valor, desde el diseño de productos sostenibles (por ejemplo que no sean de un solo uso o que puedan repararse), su producción sostenible, su distribución mediante esquemas circulares basados en la reutilización (como el refill, o el depósito y retorno), el consumo responsable, etc. Por tanto, esta Ley debería ir más allá de la gestión de residuos para promover una gestión de recursos que incluya el concepto de ciclo de vida, lo cual permitirá prevenir la generación de residuos desde el diseño de los productos.
- Esta Ley se basa en la valorización energética, en la incineración/co-procesamiento de residuos para convertirlos en energía, lo cual incentiva la producción y el consumo de plásticos bajo la excusa de que pueden valorizarse mediante su quema. Esta perspectiva es muy peligrosa porque no soluciona el problema de raíz, ya que para en efecto frenar la contaminación plástica se debe reducir la producción y consumo de plásticos y avanzar hacia esquemas de distribución de productos basados en la reutilización, no en lo desechable.
Asimismo, la valorización energética de residuos no es economía circular porque no permite que se mantengan los recursos dentro de los ciclos productivos, al incinerarlos se pierde su valor, por lo que nos mantiene anclados en la economía lineal. Además, comunidades afectadas por la incineración de residuos, como aquellas del Valle del Mezquital (Estado de México e Hidalgo), tienen años denunciando las graves afectaciones para el medio ambiente y la salud humana de esto, por lo que no se trata de una “solución” ecológica, sino de un lavado verde que permite a las empresas seguir sus malas prácticas en detrimento del planeta y la salud de la gente. La senadora María Merced González, justamente proveniente del estado de Hidalgo, promovió una reserva para sacar de la ley las referencias a la incineración o co-procesamiento de residuos, enfatizando las afectaciones ambientales y de la salud, pero fue desestimada por el resto de los senadores. - Otra alerta se refiere a que la Ley no hace referencia a la responsabilidad extendida del productor, la cual es indispensable para que puedan desarrollarse verdaderos esquemas circulares, como la correcta recolección de los residuos o bienes y el asegurar que en efecto se reciclen o reutilicen según sea el caso. Aunado a lo anterior toda la carga del financiamiento y desarrollo de infraestructura se le pone al gobierno, además de que se le requieren apoyos fiscales para las empresas, es decir, se les debe de apoyar con nuestros impuestos para que limpien lo que contaminan.
Por estas y otras razones no mencionadas por motivos de espacio, hacemos un llamado a las y los diputados, quienes como Cámara revisora tendrán la posibilidad de analizar de nuevo este dictámen, para que no la aprueben en los términos en que se encuentran actualmente, ya que su aprobación significará un gran retroceso y una gran afectación al medio ambiente y a las personas.
