El reciente 18 de octubre en Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Estudios Legislativos del Senado, se aprobaron reformas a la Ley General de Residuos (LGPGIR) sobre plásticos de un solo uso. A raíz de esto, han surgido muchas preocupaciones entre sectores sociales y académicos sobre los impactos negativos que esta reforma puede traer al medio ambiente pero también a la gestión de residuos en el país.
Actualmente, existen 28 estados que cuentan con alguna legislación para combatir la contaminación por plásticos, particularmente mediante medidas de prohibición de ciertos productos como popotes, bolsas, artículos de unicel, entre otros. De aprobarse el dictamen sin cambios sustanciales en los próximos días en el pleno de la Cámara Alta, estas medidas estatales podrían quedar invalidadas, representando un retroceso en la lucha contra la contaminación plástica en México.
Asimismo, estas reformas evaden incluir responsabilidades ambiciosas para las empresas que producen y comercializan productos plásticos de un solo uso. La carga de la gestión de residuos termina puesta en la sociedad y en los gobiernos. ¿Por qué? Aquí algunos ejemplos.
Esta reforma, y la nueva Ley General de Economía Circular que los senadores también esperan aprobar, propone que la gestión de residuos se realice a través de planes de manejo que las empresas deberán presentar a la SEMARNAT, los planes incluyen el conjunto de acciones a realizar para asegurar el acopio y la disposición final de los productos que se convierten en residuos. Lo anterior es un problema porque la SEMARNAT no tiene atribuciones en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (como son los plásticos), solo en residuos peligrosos, por lo que no sería capaz de dar seguimiento a estos planes, supervisarlos, o sancionar su incumplimiento. Por tanto, esta reforma permitirá a las empresas evadir sanciones por incumplimiento en sus planes de manejo.
Además, la reforma libera a las empresas de la responsabilidad de contribuir financieramente a la creación de infraestructura para la gestión de residuos (como plantas de composta o de reciclaje, etc.), la cual deberá cubrirse completamente con dinero público proveniente de nuestros impuestos. Las principales responsabilidades que se establecen para la industria son relativas a su contribución a la educación ambiental de la ciudadanía.
Las reformas buscan, en voz de los senadores, contribuir a la economía circular en el país, pero sin la Responsabilidad Extendida de los Productores (REP) no se podrá avanzar hacia este objetivo, ni se podrá realmente poner fin a la contaminación por plásticos.
La REP es muy importante porque reconoce que las empresas que producen y comercializan plásticos deben tener responsabilidades claras y ambiciosas, diferenciadas de las de la ciudadanía, porque son ellas quienes ponen estos productos en el mercado y hacen grandes ganancias con ello. Por tanto, estas empresas deben hacerse cargo de sus productos durante todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su disposición final, es decir, brindar alternativas diseñadas para reutilizarse (y no generar residuos) y hacerse cargo de los residuos que sus productos sí estén generando. Está muy bien que las empresas contribuyan a la educación ambiental de la sociedad, pero no es su principal responsabilidad, su responsabilidad es dejar de inundar las ciudades y ecosistemas con productos diseñados para desecharse.
Finalmente, es sumamente preocupante que estas reformas definan a los plásticos de un solo uso de una manera que excluye a aquellos que puedan valorizarse o aprovecharse, dado que esto incentiva la valorización energética, es decir, la incineración de residuos. Lo anterior es terrible, ya que en primer lugar se debe incentivar la prevención y la minimización en la generación de residuos, no su quema, la cual, además, ocasiona emisiones de gases de efecto invernadero y de sustancias tóxicas que dañan la salud.
Las y los senadores deben dejar de privilegiar a la industria y realmente escuchar las alertas y demandas de la sociedad civil, porque ninguna de nuestras principales preocupaciones fue tomada en consideración. Al contrario, los representantes de la industria no solo fueron escuchados en sus prioridades, sino que también estuvieron detrás de la redacción de estos dictámenes. Una dura bofetada para la ciudadanía que desde hace años estamos buscando una legislación que ponga en el centro al medio ambiente y a la gente, y no a los intereses de unos cuantos como las y los senadores han hecho.
A las y los legisladores les interesa mucho aprobar estas reformas vía rápida para ir a la COP 26 en Glasgow a regocijarse por su “gran” labor por el planeta. Lo cierto es que las reformas hechas a la LGPGIR y la propuesta de Ley General de Economía Circular no son más que falsas soluciones que permiten a las empresas seguir contaminando, que silencian las voces de la ciudadanía y que agravan el cambio climático.
Por estas y otras razones, es muy importante que las y los senadores alcancen acuerdos para realizar cambios profundos a estos dictámenes antes de su votación en el pleno, de lo contrario hará más mal que bien que dichos dictámenes sean aprobados. Todavía están a tiempo.
