Por: Melissa Ayala
Este primero de septiembre coincidieron dos aglomeraciones que representan el estado en el que se encuentra nuestro país.
Por un lado, miles de estudiantes universitarios, acompañados por integrantes del poder judicial de la federación y por sus profesoras, profesores, exalumnas y exalumnos, salieron a exigir que se detenga la reforma al poder judicial. Por las calles de todo el país se escuchaban consignas que hablan de la importancia de contar con personas juzgadoras imparciales, competentes que no sean seleccionadas mediante voto directo o tómbolas. Vimos a estudiantes de la UNAM, de La Salle, del ITAM, de la Libre de Derecho, del CIDE, de la IBERO, entre otras universidades, demandar una reforma que acerque la justicia a quienes más lo necesitan, una reforma construida tomando en cuenta todas las voces; en resumen, una reforma basada en evidencia, no una simulación mal hecha y mal planteada.
Por otro lado, vimos a nuestro presidente dar su último informe de gobierno ante un zócalo lleno de simpatizantes que aplaudían y miraban con admiración a quien luchó por llegar a la silla presidencial en tres elecciones presidenciales. Si bien es cierto que en su discurso muchas de las aseveraciones carecían de fundamento y rayaban en la mentira -tal como el decir que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca- López Obrador logró lo que el gremio jurídico jamás buscó y hoy nos vemos obligados a hacer: hablarle a la mayoría de este país en términos claros, populares y buscando que todos puedan entender.
Así, si algo hemos de aprender es esto. Hablar en términos abstractos del poder judicial ya no es suficiente. Debemos explicar qué es el poder judicial federal, quiénes lo conforman, por qué la policía, el ministerio público, y el fiscal no forman parte de dicho poder. Debemos explicar qué hace la suprema corte, qué hacen las y los jueces de distrito, y qué es un amparo. Debemos asumir con humildad que, en efecto, las y los abogados también le hemos fallado a la gente; seguimos usando lenguaje que solo nuestro gremio entiende y nos jactamos de hacerlo. ¿Quién no se sabe la definición de obligación en latín? ¿Quién no ha dicho “es un argumento demasiado técnico” cuando le ha dado pereza explicar qué es un causal de improcedencia?
Muchas veces escuché que un juez habla por sus sentencias, y aun cuando coincido, hemos de reconocer que estas sentencias son prácticamente ininteligibles e innecesariamente largas. Tener el tiempo para leerlas y entenderlas, actualmente es un privilegio de pocos. Reformarnos también empieza por ahí; por reconocer en dónde se ha fallado y proponer cómo avanzar. Yo defiendo al poder judicial federal que amparó a dos niños para que se compraran las vacunas necesarias para que tuvieran su esquema de vacunación completo, yo defiendo a la jueza de distrito que emitió una suspensión de plano para que una adolescente víctima de violencia sexual accediera al aborto que el Estado le negaba aun cuando era su derecho, yo defiendo a la ministra que por primera vez señaló que la violencia obstétrica era violencia de género y obligó al IMSS a buscar revertir la salpingo que le hicieron sin su consentimiento. Pero también reconozco sus fallas. Obtener una sentencia tarda más de año y medio, el juicio de amparo es complejo, y en muchas ocasiones se privilegia la “técnica” a la justicia.
Empecemos por ahí; por reconocer que nada es blanco y negro, que el poder judicial no es perfecto pero que si dinamitamos lo bueno que tiene corremos el riesgo de revertir más de treinta años de avances. Hoy toca defender, a quienes con su “la justicia de la unión ampara y protege” cambian la vida de las personas.
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