Hay pocas cosas incómodas que hacemos si de verdad nadie mira. Por eso muchas personas “olvidamos” de vez en vez pasarnos el hilo dental, usar bloqueador aunque no haya sol, pagar aguinaldo a las trabajadoras del hogar o del vigilante del edificio (entre que “ni siquiera tienen contrato” hasta “con quién se van a quejar… se quedan sin chamba”), cuando nadie mira es cuando más nos hacemos pato.
Es por eso que, cuando empieza el año y tenemos tantita consciencia social, una gran idea para tener un compromiso (no un propósito que nunca se cumple; usted que me lee no lo piense ni lo apunte, sólo permítame recomendarle que lo haga sin más) durante las primeras quincenas del año es inscribir a nuestro personal doméstico en el IMSS –que ojo, no “ayuda en casa”, ahí trabaja y por tanto no es una graciosa concesión darles vacaciones pagadas, aguinaldo o respetar la jornada laboral y pagar horas extras--.
¿Es más caro? Sin duda, hay que pagar cuotas patronales, y la trabajadora del hogar debe pagar la cuota que le corresponde. Por ejemplo, si eres una patrona que paga 792 pesos por día a la trabajadora del hogar, en 21 días laborados al mes (5 días a la semana entre semana todo el mes), acabas erogando casi 19% adicional. ¿Quiere hacer el ejercicio mental de poner la cartera donde pones la boca? Acá le dejo la calculadora del IMSS para hacer la prueba. Y también dónde iniciar el trámite y las principales preguntas y respuestas.
Son tiempos de darnos cuenta que siempre que alguien gana algún derecho hay alguien que tiene que pagar por ello. Justamente por eso abogamos por causas como incrementar la base gravable, para que más personas paguemos impuestos sobre la renta, o porque se incremente la recaudación de quienes más dinero tienen -incluso se grave de mejor forma la riqueza de las grandes fortunas-, o por eso amanecemos las y los asalariados del mundo felices por incremento en el número de vacaciones --“dignas”, cuyo número se incrementó de 6 a 12 y que aplica para todo el personal contratado, incluso el que lleva años laborando--, o por el incremento al salario mínimo –que por ahora al menos ya está mal visto que nos opongamos en público al incremento de una deuda social enorme--.
Pero del lado de quién paga esos costos, siempre encontraremos resistencias: los negocios y empresas formales que no reciben estímulos ni incentivos para incrementar su plantilla, ni por dar de alta al personal con el salario realmente pagado y no por montos menores, no celebran que haya incrementos al salario mínimo y menos aún incrementos en el número de vacaciones que recibe el personal.
Estudios del sector privado refieren incrementos de hasta 40% en los costos laborales de las empresas por diversas disposiciones gubernamentales, mientras que el gobierno se niega a ayudar a la economía de las MiPyMEs formales para que puedan transitar entre las nuevas obligaciones. Algunas empresas amagan con irse a tribunales, pero disminuir derechos laborales siempre tiene una oposición enorme entre el personal asalariado, que vota y tiene muchas formas de mostrar su inconformidad. Así que habrán de pensarlo dos veces antes de abrir ese frente, si es que algo aprendieron de la elección de 2018.
La solución sería que hubiera voluntad política, tanto del sector privado como del gobierno y los funcionarios que diseñan políticas públicas. Los derechos de los trabajadores no pueden estar sujetos a la liquidez de sus patrones. No hay forma de decir “no me alcanza para pagarlas vacaciones ampliadas y pues yo no le entro”, pero también hay que reconocer que en los hechos esas unidades económicas que no pueden o no quieren pagar esos derechos tienen muchas formas de no hacerlo: pueden contratar en alguna de las versiones de la informalidad laboral (por honorarios, sin contrato, haciendo registros por menores montos al realmente percibido), pueden salir de la formalidad y dejar de emitir facturas o impuestos, las empresas más grandes pueden desprenderse en varias razones sociales con menor facturación y menor visibilidad para la autoridad…
De ahí que sea particularmente importante que el gobierno, las legisladoras, las autoridades locales, ofrezcan incentivos para no perder recaudación o pago de cuotas, y por el contrario destaquen las ventajas que conlleva el pago de mayores derechos al personal, como es mayor lealtad a la empresa o negocio y mayor productividad laboral por mayor bienestar, acceso a servicios preventivos de salud, guarderías, menores faltas y ausencias laborales, mejor ambiente laboral, por mencionar algunos. Como muestra un botón: un trabajador formal es hasta seis veces más productivo que uno informal (cálculos de México, ¿cómo vamos? con base en datos del INEGI), que en promedio gana la mitad que su contraparte formal, pero produce mucho menos por las razones arriba expuestas. Pensemos en que un trabajador, una trabajadora contenta, bien pagada, no sólo cuidará su empleo, sino que ese empleador tendrá menor rotación, mayor retorno por su inversión en capacitación y por acumulación de capital humano de su personal.
Pensemos en el agregado: todo beneficio tiene un costo, y quien recibe el derecho no es siempre quien de hecho acaba por pagarlo. Pero si algo no ha enseñado el ciclo político de las últimas décadas, es que la desigualdad nos importa mucho a las personas, y que a veces es mejor estar dispuesto a desprendernos de un poco más de dinero en aras del bien común y del bienestar social que perpetuar desigualdades anquilosadas en nuestra sociedad. Sobre los efectos perniciosos de la desigualdad, Raymundo Campos nos escribió un libro (Desigualdades, editorial Grano de Sal), y una de las tesis centrales es que la desigualdad es un asunto de seguridad nacional en México: en pleno siglo XXI somos aún más desiguales que durante la época de la Colonia.
La desigualdad nos cuesta en crecimiento y desarrollo --por eso mientras el mundo avanza nosotros seguimos siendo vistos como “el problema” por gran parte del electorado en nuestro vecino del norte por nuestros elevados niveles de pobreza, inseguridad y desigualdades (Bill O’Reilly, 11 de enero 2023, sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en México)--, y a pesar de las guerras nuevas (el levantamiento zapatista en 1994 y los territorios gobernados por el narco en 2023) y las antiguas (la revolución y las invasiones hacia México del siglo XIX), ni el poder político ni el económico han querido construir un Estado más fuerte, que supervise que seamos buenos ciudadanos, cumpliendo con nuestras obligaciones morales, patronales y fiscales, y de paso nos incentive a cumplir con esas obligaciones de manera que se fomente el desarrollo y disminuya la desigualdad.
Porque si algo debemos hacer este año, lo que queda de este sexenio, del decenio y de la vida, es entender que sí hay cosas que sí dependen de usted y de mí, como cumplir con nuestras obligaciones, sociales, morales, patronales, laborales, aún si nadie está viendo.
Empiece, pues, por inscribir a su personal doméstico en el IMSS, por exigir que el pago de predial se traduzca en mejores calles, que haya impuestos solidarios –sí, toca subsidiar desde Virreyes y San Pedro Garza al resto de alcaldías y municipios menos aventajados--, por ser funcionario de casilla y salir a votar.