Rosanety Barrios
La semana anterior ocurrieron dos hechos que, desde mi punto de vista, representan dos manifestaciones de una misma historia. Por un lado, el jefe del Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa cuyo objetivo es modificar 22 leyes en materia administrativa. Por el otro, tuve la oportunidad de atestiguar, de manera involuntaria, una discusión virtual entre dos mentes brillantes y destacadas, sobre un tema relativo a un mensaje transmitido en medios oficiales.
Empezaré por describir de manera muy general, la iniciativa del presidente: su alcance es de enorme profundidad, por lo que llama la atención la gran discreción con la que fue presentada y la ausencia de análisis en los medios de comunicación.
Esta iniciativa modifica conceptos fundamentales relacionados con el otorgamiento y la existencia de concesiones, permisos, licencias y contratos firmados entre particulares y las empresas del Estado mexicano, en todos los sectores económicos. En resumen, faculta a la Administración Pública Federal (APF), a declarar nulos los actos administrativos que los originaron, por lo que aplica su revocación inmediata, lo que podría provocar su expropiación por causa de interés público.
Resulta por demás preocupante que un procedimiento de revocación, que ya existe en el marco jurídico vigente, pueda ser aplicado de manera inmediata y que se desvincule de criterios económicos, la indemnización que el Estado está obligado a otorgar al privado, de manera habría casos en que la expropiación se realice sin indemnización o bien con topes máximos que no reflejan el valor del daño. Topes que aplican a los juicios y arbitrajes nacionales e internacionales que el Estado enfrenta con particulares.
Los argumentos centrales de la iniciativa descansan en la necesidad que tiene el Estado mexicano de retomar su rol rector, dejar de pagar indemnizaciones extremadamente onerosas para el erario y terminar, de una vez por todas, con diversos vicios que, en el pasado, involucraron el otorgamiento de esos permisos o concesiones.
La iniciativa formaliza la posibilidad de que los proyectos de infraestructura que las empresas del Estado lleven a cabo, puedan iniciar su construcción sin perder el tiempo cumpliendo con regulaciones largas y engorrosas como son el impacto ambiental, la aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de reguladores. El argumento central es que la regulación no puede aplicar igual al Estado que a particulares. Los proyectos del Estado, si estratégicos, (no hay criterios para definir ese carácter, por lo que quedan a juicio del titular del Ejecutivo), deben cumplir con la regulación, pero no sujetar el inicio de su construcción a la misma. En este sentido, los cambios facultan al jefe del Ejecutivo para reasignar recursos financieros y humanos de empresas paraestatales a cualquier otra dependencia, a efectos de que dichos recursos se orienten al desarrollo de proyectos estratégicos.
Por último, la iniciativa establece la prohibición para empleados públicos de contratarse con empresas en las que han sido reguladores y también impone, a los poderes judicial y legislativo, así como a todos los organismos autónomos constitucionales, la obligación de respetar el límite salarial impuesto por el presidente.
Hasta aquí, espero que el lector haya encontrado, en mi resumen, los elementos nodales que han definido la política pública del presidente López Obrador: Modificar desde raíz, la operación del Estado mexicano, con el argumento central de terminar con la corrupción.
Imposible estar en contra de acabar con la corrupción, pero también es imposible pensar que es conveniente concentrar el poder en la figura del Ejecutivo y permitir que la APF rija su operación con criterios opacos, desmantelando el ensamblaje que permitió que México fuera atractivo para muchos países, que confiaron en sus reglas y firmaron tratados de libre comercio, a la luz de los cuales se consiguió desarrollar, por poner un ejemplo, una industria de autopartes tan compleja, que hoy permite a Tesla participar de nuestra economía. El fin de la certeza jurídica afecta, fundamentalmente, a las inversiones de los empresarios mexicanos en nuestro país.
Regreso a la conversación virtual que pude atestiguar: En ella, ambas partes eximieron argumentos a favor y en contra del mensaje transmitido y defendieron ampliamente su punto de vista. Al final, no hubo forma de acercar las posiciones. Ambas se retiraron sin que hubiera sido posible encontrar, al menos, un argumento común que defender.
Creo que esa conversación es un botón de muestra de la forma en que será defendido el paquete enviado por el presidente al Congreso. No tengo duda que veremos su judicialización y que nuestros socios comerciales tendrán un nuevo argumento para expresar, de manera contundente, su preocupación por la violación a las reglas que de los tratados comerciales.
Pero para mí, lo más preocupante, es saber que México está partido por la mitad y que no se ve en el horizonte la estrategia para llevarnos a un punto medio. Nada para nadie, pues.
