El giro que tomó esta semana desde los tribunales de Oaxaca el caso de la saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido y quemada en el 90% de su cuerpo el 9 de septiembre de 2019, al dejar en arraigo domiciliario a su presunto agresor, muestra un escenario tan claro como desolador.
Todos sabemos cómo es México en términos de justicia y en especial el estado de Oaxaca, y Sabemos perfectamente que en un caso relevante y tan mediático como el de María Elena Ríos, NINGÚN juez se manda solo.
Por lo tanto, aquí el verdadero responsable de que hoy Juan Antonio Vera Carrizal tenga la posibilidad real de mudarse de la cárcel a casa de su familia, es el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sanchez.
No hay manera de que él no supiera la magnitud del caso de la saxofonista, porque fue electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia el 4 de enero de 2020, tres meses antes de que Juan Vera Carrizal fuera detenido y vinculado a proceso (abril de 2020).
Pinacho Sanchez sabía del nivel del ataque, del sufrimiento físico y emocional de la víctima, la presión de los medios y, claro, la identidad del señalado como presunto autor intelectual y del poder político que presumiblemente lo protegería.
El gobernador Alejandro Murat hizo por el caso de Malena sólo lo estrictamente necesario en su competencia como máxima autoridad del estado, pero no mucho más. No fue especialmente empático o deferente con la víctima. Sí la apoyó, sí asignó presupuesto para su atención médica, pero esa es justamente una obligación del Estado. No era ningún favor.
Han pasado exactamente 3 años y 5 meses desde el ataque a María Elena Ríos en los que, a pesar de lo dolorosos -física y emocionalmente- de sus procedimientos médicos, no ha claudicado en su lucha por obtener justicia, al haber perdido la vida que tenía y verse obligada a construir otra muy distinta.
Revictimizada una y otra vez en el proceso legal, el más reciente capítulo cuenta un historia tortuosa, en la audiencia generada para el onceavo amparo solicitado por la defensa del presunto agresor, donde el juez Teodulo Pacheco Pacheco ha sido denunciado por la saxofonista y su defensa, de actuar más como parte defensora del acusado, que como impartidor de justicia.
Yo estuve ahí durante dos días, de sol a sol, detrás de la puerta de la habitación donde María Elena Ríos se encerraba para seguir la audiencia virtual en la que, en cada receso se iban diluyendo sus esperanzas de justicia, cuando su defensa dialogaba con la ministerio público que no salía del asombro al advertir a un juez claramente inclinado del lado de la parte acusada.
Mencionaron cómo desde octubre del año pasado se han venido maquinando pruebas parciales y fabricadas para dejar salir al acusado de feminicidio en grado de tentativa. Pruebas que se dieron a conocer a la víctima sólo hasta el día de la audiencia.
Se habla de un juez que se limitó a repetir como mantra que “se tiene que atender a la teoría del caso de la defensa (del acusado)”, sin apegarse a la legalidad y licitud del sistema penal mexicano.
Un juez que sólo dio poco más de una hora a la defensa de María Elena Ríos para conocer las pruebas descritas en un documento de 100 páginas.
Se trató de una audiencia de cinco días, en jornadas de hasta 20 horas en las que se permitió a la defensa del presunto agresor “incorporar pruebas a modo, violentando los derechos de la víctima”.
Durante los recesos, pude recoger testimonio de la familia de María Elena y su defensa, quienes me narraron el momento en el que el juez Teodulo Pacheco la amenazó con continuar la audiencia sin ella y dejarla sin su asesora jurídica, a quien por cierto, silenciaba durante las sesiones una y otra vez, en flagrante desacato a un amparo.
Todas y cada una de las pruebas que aquí menciono fueron combatidas por la fiscalía del estado, en voz de una aguerrida ministerio público, quien señaló al juez en repetidas ocasiones los desacatos a la legalidad en los que estaba incurriendo.
Este ha sido indiscutiblemente un caso de los más relevantes que ha enfrentado el tribunal de Oaxaca y probablemente el único que ha ocupado la atención sostenida de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, así que resulta muy difícil creer que el magistrado presidente Eduardo Pinacho, no estuviera atento a lo que ahí estaba ocurriendo.
Hoy, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa contra María Elena Ríos, goza de un privilegio que pone la seguridad de María Elena Ríos y la de su familia en un nuevo riesgo, y coloca al estado de Oaxaca en el terreno más oscuro de la impunidad, cuando ni siquiera cuenta con un fiscal nombrado.
Si el gobernador Salomón Jara está tan indignado como expresó en redes sociales y tan comprometido como dice, para este momento en el que ustedes leen estas líneas, ya tendría que haber mantenido una larga conversación con el Presidente del Tribunal, Eduardo Pinacho Sanchez, con motivo de la impugnación que su ministerio público debe de presentar.
Se prometió para Oaxaca un cambio y se ofreció separar al poder político de la impartición de justicia, así que en el desenlace del caso de María Elena Ríos se reflejará la realidad de ese cambio y sus alcances…
