La inseguridad es el principal problema de México, así lo afirma cualquier encuesta o estudio de opinión. Lo que vemos día a día en el país es una violencia y una delincuencia más organizadas que el propio sistema penal reflejadas en historias crueles y sangrientas que son de lo más cotidianas.
En días pasados se registró un hecho por demás atroz, que da luz de la cotidianeidad de la violencia de género y de las conductas machistas que se reproducen en espacios que históricamente habían pertenecido a hombres. Tres custodias del penal de Puente Grande en Jalisco acusan haber sido abusadas sexualmente por internos con el beneplácito de las autoridades de la cárcel.
Según han reportado medios, un jefe de grupo y un supervisor en el turno de la noche, mientras presuntamente bebían y utilizaban drogas habrían permitido que un grupo de presos accediera a una de las torres de vigilancia y violaran a las tres celadoras.
Sin una investigación a fondo de lo sucedido el gobernador Enrique Alfaro descalificó a las presuntas víctimas y calificó el hecho como noticia falsa. Lo cual sólo retrata el largo y oscuro camino que deben seguir las víctimas para que las autoridades les crean y actúen en contra de estos hechos tan atroces.
Este reprobable suceso nos llama a preguntarnos ¿son las únicas trabajadoras de los penales que han padecido esto? Y si nuestra respuesta es "no" surge una segunda duda: ¿Cuántas autoridades de centros de readaptación social han permitido este tipo de agresiones?
En caso de comprobarse los hechos en Jalisco pondría de manifiesto -aún más- la corrupción que pervive en los penales, en muchos de los cuales existe la colusión entre las autoridades de esos recintos y la delincuencia.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló en el “Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios del país, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad,sus visitas y del personal que labora en los mismos”, las condiciones en las que viven la mayoría de los penales estatales: falta de personal y custodios además sobrepoblados como están, generan con facilidad un clima de autogobierno.
A esto se suma la existencia de privilegios y la falta de asignación de mujeres en cargos de seguridad, lo que impacta en la inspección a las y los visitantes de los presos.
Y es que el fin de un sistema penal es reinsertar a quienes ya cumplieron su sentencia en la sociedad de forma pacífica y saludable; en cambio, muchas veces esto no ocurre así.
Presuntos culpables entran y salen de la cárcel para volver a delinquir, y su regreso a las instalaciones penitenciarias es comunicado como un logro.
Más allá de juzgar el ánimo punitivo del sistema penitenciario en México que realmente necesita una reestructuración para tratar los problemas de seguridad desde la raíz, hace falta verlo también con perspectiva de género.
