Según lo revelado el 14 de septiembre en la versión avanzada del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos : que el organismo cuestionó a nuestro país sobre la persecución judicial que sufren dos abogadas y un abogado públicos –como represalia por defender a las supuestas implicadas en el caso Wallace– y el gobierno mexicano respondió que no hay ningún registro de dichas investigaciones.
Hay de dos: o la Fiscalía General de la República se desistió de dar seguimiento a las carpetas de investigación FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/79/2021, FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/80/2021 y FED/DGCAP/DGCAP-CDMX/81/2021 o le mintió a la ONU, lo que implicaría que México no sólo es un país de riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sino también un país cuya data y cuyas instituciones no son confiables internacionalmente.
Todo indica que se trataría de esto último, puesto que si la FGR hubiera cerrado las investigaciones contra Elvira Claudia Mejía (defensora pública), Verónica Berber y Salvador Leyva (integrantes de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública), ellas y él hubieran sido notificados.
Es imposible seguir la pista a este proceso judicial porque ninguno de los tres ha tenido acceso a las investigaciones, derivadas de una denuncia de Isabel Miranda de Wallace, desde hace meses. A pesar de que ya fueron llamados a declarar, no han podido revisar los detalles necesarios para preparar su defensa.
Sabemos, gracias a una conferencia de prensa de la señora Miranda de Wallace, que tras defender a Brenda Quevedo Cruz y a Juana Hilda González Lomelí –quienes afirman ser víctimas de tortura y fabricación de pruebas en el supuesto secuestro y posterior asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005– las abogadas y el abogado fueron acusados de supuestos delitos contra la administración pública “por obtención de documentos de forma ilícita”, “por mentir en un amparo presentado ante la Suprema Corte” y “por asistir a dos personas con conflicto de intereses”.
Este asunto corresponde a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, sin embargo, fuentes cercanas al caso revelaron a este medio que la investigación está en la Dirección General de Averiguaciones Previas, una oficina que depende directamente del fiscal.
Además de todas las irregularidades anteriores, Salvador Leyva fue intimidado en su domicilio a principios de año, cuando alguien se metió ilegalmente y robó algunos documentos. También fue víctima de espionaje, como se evidenció cuando se filtraron en redes conversaciones que el abogado tuvo con el periodista Ricardo Raphael vía telefónica. Raphael confirmó que su teléfono estaba infectado con el malware Pegasus, que como sabemos únicamente puede ser contratado por autoridades gubernamentales.
La señal que manda la Fiscalía a México y al mundo es terrible: defender a las personas marginadas y que se enfrentan a grupos de poder tiene consecuencias; las abogadas y abogados que hagan bien su trabajo pueden ser castigados si a alguien eso no le conviene. Además las autoridades encargadas de la procuración de justicia no le rinden cuentas a nadie, ni siquiera a los organismos con quienes han suscrito convenios para garantizar los derechos humanos.
Elvira Claudia Mejía, Verónica Berber y Salvador Leyva lograron que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitiera una recomendación sobre Brenda Quevedo Cruz, quien este año cumplió 17 años presa sin sentencia por el caso Wallace. En ella, el organismo urgió a su liberación inmediata por la serie de violaciones al debido proceso que ella vivió. Además, la recomendación pide al gobierno mexicano una “investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la privación arbitraria”. También lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el amparo directo de Juana Hilda González Lomelí, la otra mujer acusada por el caso Wallace, y quien también sufrió violaciones a la presunción de inocencia, discriminación por motivos de género y tortura.
Ésta es la primera fiscalía que tenemos, recordemos que antes había una procuraduría que precisamente fue transformada para garantizar la justicia y terminar con la corrupción, la falta de rendición de cuentas, el nepotismo y el servilismo al poder. Debe aclararle, primero a las y los defensores y después a la sociedad y a las Naciones Unidas, si está usando esa confianza y esos recursos contra el objetivo equivocado.
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