En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas (30 de agosto), el gobierno de México tiene la desfachatez de mentirle al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, desde un país en el que el Estado reconoce 100 mil desaparecidos, más de 40 mil osamentas sin identificar y solamente 35 sentencias. La magnitud de la tragedia es tan grande y la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar este flagelo es tan pequeña que duele en el alma ver los ojos enrojecidos de dolor, de cansancio y de impotencia de los padres de las personas que no han regresado a casa.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) visitó México en noviembre del 2021 y extendió sus recomendaciones al gobierno de AMLO . Entre ellas destacan las relacionadas con la militarización y el retiro gradual de las fuerzas armadas .
Así es como Palacio Nacional le contestó al Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas: “El Estado mexicano expresa su total compromiso para cooperar con el Comité en la total implementación y seguimiento de las recomendaciones’’.
No sé si los que redactaron la respuesta al CED se percatan de que los tratados internacionales están consagrados en la Constitución mexicana y son de carácter vinculante. Me imagino que eso los tiene sin cuidado y se lo toman muy a la ligera, al fin que la ley para efectos prácticos de la 4T es letra muerta.
“El Estado mexicano no se encuentra bajo la ‘militarización’ que el CED emitió en sus recomendaciones, ya que militarizar un Estado implica que la conducción política, la toma de decisiones y las relaciones políticas se dan entre fuerzas armadas, sin intermediarios políticos civiles. Dicha situación no existe en nuestro país’’, afirmó el Ejecutivo federal sin mencionar sus planes de trasladar el mando de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena ni remarcar que el civil al mando de las fuerzas armadas también es su “comandante supremo”.
El documento de 80 páginas justifica que “la seguridad pública recae en la GN, institución de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con el propósito de contar con personal capacitado se autorizó la realización de asignaciones temporales y transitorias por parte del Ejército y la Marina, al ser necesaria su colaboración, debido a que el personal no contaba con formación y antecedentes en instituciones policiales civiles’’.
“Con esa estrecha colaboración –agrega–, los elementos que se han integrado a la GN reciben formación y adiestramiento necesarios de acuerdo con los planes y programas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”. Así el tamaño de la mentira y el cinismo.
El documento enviado al CED que sesiona en Ginebra remarca que “no debe pasar desapercibido para ese Comité que el Estado mexicano ha dispuesto que las Fuerzas Armadas únicamente participen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la GN, en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, definiendo una temporalidad que no exceda de cinco años, lo cual permitirá el retiro gradual de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
“Con base en lo anterior, la participación de las fuerzas armadas en auxilio y apoyo de las autoridades civiles se encuentra plenamente justificada, para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo a la generación y preservación del orden público y la paz social, logrando reducir el índice de delitos que afectan el desarrollo nacional”, subraya el texto, en el que se omite que la GN está bajo un mando militar, que ya está formada por militares y pasará a Sedena para consolidar así la militarización en el país.
La respuesta de Palacio Nacional al CED está plagada de bla bla bla, palabrería al más puro estilo mañanero, como si no fuera un problema enorme al que se enfrenta el país y del que todos debemos estar en alerta máxima. Esa es la seriedad que le confieren.
Al tiempo que la 4T contesta así a la ONU, en México siguen en aumento las desapariciones enmarcadas en un patrón de absoluta impunidad, la tragedia no termina. Sumado a ello, el informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa afirma que los 43 estudiantes “están muertos”, pero no revelan a los padres en dónde están los restos de sus hijos. Según la Convención, el desaparecido se debe considerar “vivo” hasta “encontrarlo”. Solamente cuando encuentran el cuerpo o restos de la persona desaparecida se le da por muerta por dignidad de la víctima y para que su familia pueda tener un cierre. Por eso es todavía más perverso decirles a los padres que sus hijos “están muertos” sin aportar información precisa o pruebas sobre su destino final.
En México los desaparecidos y sus familias han tenido que renunciar a la esperanza. Son imperdonables la mentira, la injusticia y sobre todo el desdén con los que el gobierno y AMLO los han tratado. Es vil. Es cruel. Es inhumano.
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