Por Claudia Ocaranza

A cinco años del sismo del 19 de septiembre, las nuevas convocatorias para los contratos de restauración del patrimonio cultural vuelven a poner la lupa sobre el INAH. 

Entre agosto y septiembre de 2022 el INAH publicó al menos 15 convocatorias para restaurar daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ante la magnitud del desastre, no es nada raro que hoy que se cumplen cinco años, el gobierno tenga que seguir trabajando en la reconstrucción. Diego Prieto, director del INAH, anunció en la mañanera del 21 de julio, junto con un video del instituto, que se han recuperado 1,877 inmuebles con una inversión de más de 5 mil millones de pesos y que en 2023 se concentrarán en restaurar lo que falta en Puebla, Ciudad de México y Oaxaca. Sin embargo, hay que estar vigilantes, pues desde un inicio ese proceso ha faltado de claridad y transparencia y con esa óptica se deben analizar las nuevas convocatorias.

10 de las convocatorias fueron en invitación a cuando menos tres personas y dos en adjudicación directa, según una búsqueda en CompraNet. Esos métodos de contratación son de los más criticados por expertos en transparencia y contratación por prestarse a corrupción. Además, las 10 en invitación a cuando menos tres, fueron declaradas desiertas en días recientes, es decir, a pesar de que el INAH eligió a las empresas participantes, ninguna cumplió con los requisitos.

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Las cosas se ponen más raras. Cuando sucedió el sismo, el INAH hizo valer el seguro Banorte que tenía contratado para responder a diferentes eventos. Pero la forma en la que lo hizo fue, otra vez, poco transparente y sin el control necesario. Para empezar, se decidió aumentar una cuota del 25% sobre el importe conciliado para la restauración de cada bien mueble e inmueble, supuestamente para gastos operativos del instituto, es decir, para poder pagar la movilización, hospedaje y gastos de personal del INAH. El problema es que ese porcentaje tuvo diferentes conceptos y no fue propiamente registrado, a tal nivel que el instituto no pudo probar en qué y cómo se usó, como relaté en

Según fuentes, el dinero para esas primeras restauraciones fue dado de forma discrecional y sin contratos por orden de altos cargos del INAH. A esto se sumó el desconocimiento del INAH para bajar el dinero del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), hoy desaparecido. Así, llegamos a cinco años del desastre con las nuevas convocatorias que pareciera que son empezar la restauración de cero y sin reconocer el trabajo previo.

En el caso del Templo de Santiago Apóstol y/o de Jesús de Nazareth en Albino Zertuche, Puebla, ninguna de las empresas invitadas en la convocatoria fueron las que realizaron los primeros trabajos, esos asignados sin contrato. Según la conciliación a la que tuve acceso, Seguros Banorte, con York como ajustadora, acordó pagar 13,828,952.11 pesos al INAH para la restauración de ese templo.

Fuentes me contaron que el INAH todavía adeuda dinero a esos dos contratistas, quienes tenían la esperanza de ser incluidos en las nuevas convocatorias, pero no lo fueron. En 2019, una de las empresas había avanzado 20% en la restauración, sin recibir pago alguno todavía.

¿Por qué no se incluyó a las empresas en la nueva convocatoria? ¿cuánto se les debe y cómo se les planea pagar? Son preguntas que el INAH no quiso responder en una solicitud de entrevista o comentario que realicé para esta columna.

Las propuestas presentadas por las firmas Sociedad Constructora Interium, MC Cartney Internacional y Satori Inox, invitadas por el INAH en la convocatoria de 2022 para la “Elaboración de estudios, análisis estructural y proyecto de intervención para resarcir los daños relacionados con el sismo del 19 de septiembre de 2017”, fluctuaron entre los 764 mil y los 800 mil pesos. Finalmente, el proceso fue declarado desierto.

Según el video del INAH transmitido en la mañanera de julio, el dinero ya comenzó a fluir desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que prometió al instituto que daría el dinero del FONDEN, desaparecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando más se necesitaba continuar con la reconstrucción y restauración no sólo del patrimonio cultural, sino de los once estados afectados por los terremotos de 2017.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, presentado recientemente, todavía aparece el FONDEN dentro del Ramo 23 con un monto de 17,156,826,205 pesos contra poco más de 9 mil millones de pesos que se destinaron en 2022. En agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. Todo esto es importante porque estos son los únicos mecanismos que tendrá el INAH para la restauración de los daños causados por los sismos de 2017 y futuros terremotos, toda vez que ya no cuenta con un seguro privado que asegure los bienes culturales ante temblores.

En julio, Proceso dio a conocer cómo los habitantes de Cuauhtinchan en Puebla denunciaron que la entrega de un templo en esa localidad por parte del INAH se trata de un simulacro, pues no la reconstrucción se hizo sin proyecto, contrato ni presupuesto, además de que aún presenta daños.

Así, a cinco años de uno de los desastres que más han lastimado a la sociedad mexicana en muchos niveles, el cómo de la restauración del patrimonio cultural aún no está claro y sigue plagado de irregularidades, y por si fuera poco, vale la pena recordar que el INAH como el caso de la arquitecta Rutilia Amigón, que conté en este mismo espacio el mes pasado.

@clauocaranza 

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