El 21 de septiembre de 2016, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es un acuerdo universal suscrito por 195 países, que busca limitar el aumento de la temperatura de la Tierra a menos de 1.5°C – un aumento que se considera “seguro” para evitar los peores impactos del calentamiento global en los humanos y la naturaleza. En diciembre de 2015 tuve la oportunidad de participar, desde la sociedad civil, en su negociación en París, y fui testigo del importante papel que México desempeñó en su adopción y de la esperanza que el Acuerdo suscitó en la comunidad internacional.
Después de cinco años, vale la pena recordar los compromisos que México hizo y evaluar si estamos cumpliéndolos. Pero, sobre todo, preguntarnos: ¿Cuáles son las implicaciones de la drástica reducción en el presupuesto federal 2021 aprobado por la Cámara de Diputados hace unos días? ¿Qué significa este machetazo presupuestal para la Ley general de cambio climático, la Ley de la industria eléctrica y la Ley de transición energética? ¿Para las obligaciones nacionales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, y protección de la biodiversidad? ¿Para la salud y el bienestar de los mexicanos?
De acuerdo con el Inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) preparado por el Instituto nacional de ecología y cambio climático con información de 2015, México emite 682,959 Gigatones de CO2 – 1.4% de las emisiones globales; es decir, somos el decimosegundo emisor mundial y el primero en América Latina.
En materia de mitigación, en el Acuerdo de París, México se comprometió a reducir (sin condiciones) 22% de GEI y 51% de carbono negro. Además, planteamos a la comunidad internacional que nuestras emisiones de GEI alcanzarán un pico en 2026 para declinar a partir de ese momento. Nuestro país también se comprometió a reducir sus emisiones en la industria y a generar 35% de energía de fuentes limpias para 2024 y 43% para 2030.
Por sus características geográficas, México es muy vulnerable a eventos meteorológicos extremos. Por ejemplo, sólo en 2014 los daños y pérdidas estimadas por desastres climatológicos ascendieron a 33 mil millones de pesos. Tal vez por eso nuestro país fue el primero en incluir un componente robusto sobre adaptación en su contribución nacionalmente determinada como parte del Acuerdo de París. Y también se comprometió a promover la adaptación del sector social, garantizando la seguridad alimentaria y el acceso al agua, y a reducir a la mitad el número de municipios vulnerables.
Entre 2001 y 2016, la deforestación por cambio de uso del suelo y la tala ilegal arrebató a los mexicanos 3 millones de hectáreas de bosques y selvas – la deforestación ese último año creció 36%, es decir, perdimos 253 mil hectáreas (100 mil más que el promedio perdido entre 2010 y 2015). También nos comprometimos en el Acuerdo de París a alcanzar una tasa cero de deforestación en 2030 y a reforestar cuencas, proteger las áreas naturales (hoy por hoy la mejor estrategia para conservar los recursos naturales y servicios ambientales de los que dependen los mexicanos), establecer corredores biológicos, recuperar ecosistemas y aumentar los programas de protección a especies. Para México la adaptación basada en ecosistemas debe ser una prioridad.
Pero ¿en dónde estamos hoy?
Un análisis de la Iniciativa de ley de ingresos de la federación y del Proyecto de presupuesto de egresos de la federación para 2021, publicado por el Grupo de financiamiento climático LAC, en octubre de 2020, refleja un panorama desolador para México en medio de la emergencia climática que hoy vive el planeta. El 11.6% de los recursos se destinará a la explotación de hidrocarburos y sólo 1.1% para atender el cambio climático – y la mayor parte de estos recursos será destinada al transporte de gas natural, una actividad que genera emisiones de gases que calientan el planeta.
El Climate Action Tracker, un análisis científico independiente que da seguimiento a las acciones climáticas de todos los países califica como “Insuficiente” el avance de México en el cumplimiento de sus metas del Acuerdo de París. Es decir, que lo que estamos haciendo para cumplir los compromisos para el 2030 no es consistente para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5°C – y, de hecho, contribuye a un calentamiento de 2°C a 3°C. No sólo esto, con las políticas actuales el país no alcanzará sus metas al 2020 y necesitará instrumentar nuevas políticas para lograr las metas al 2030.
La decisión de favorecer la generación de energía a partir de combustibles fósiles – en lugar de fuentes de energía renovable – coloca a México en camino de incumplir el Acuerdo de París y pone en serias dudas si cumpliremos las metas de la Ley de transición energética (LTE) y la Ley general de cambio climático. La LTE de 2015 mandata a la SENER a fijar metas para una participación mínima de las energías limpias en la generación de energía eléctrica: 25% para 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024. Y tampoco se cumpliría el acuerdo de la SENER para la actualización de la Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, de enero de 2020, que establece que para 2033 y 2050 las energías limpias deberán generar 39.9% y 50%, respectivamente, de la energía eléctrica total.
Por eso, sorprende que, del total de recursos de la Comisión federal de electricidad para programas y proyectos de inversión en 2021, sólo 2.8% irá a proyectos de energías renovables, sin contar hidroeléctricas – el presupuesto para energías renovables es sólo 0.3% del presupuesto total ($446,945 millones) de esa institución.
Un último comentario sobre las energías renovables. El Instituto nacional de energías limpias es el único centro de investigación público especializado (no universitario) dedicado al sector eléctrico, y ha servido la CFE durante décadas. La baja asignación de recursos a este centro parece ser una de las razones más obvias de que México se haya rezagado en el avance en tecnologías eléctricas de alta eficiencia y el desarrollo de energías limpias. Es imperativo incrementar su presupuesto, pues la investigación y desarrollo tecnológico en materia eléctrica y electrónica de control de potencia es un asunto de seguridad nacional.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está aún a tiempo de rectificar y destinar en el 2021 el presupuesto que el país requiere para la mitigación y adaptación al cambio climático. Por el bien de todos los mexicanos.
