Esta semana, la Unión Europea, Australia, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Perú, Reino Unido y Uruguay celebraron el primer tratado mundial jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial (IA).
El título del mencionado tratado internacional es: Framework Convention and human rights, democracy and the rule of law —en castellano: Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la Inteligencia Artificial y los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho—.
El referido Convenio además ha sido firmado por los gobiernos de Andorra, Georgia, Islandia, Israel Noruega, República de Moldavia y San Marino.
Esos gobiernos tendrán que ratificar individualmente su participación y esperar tres meses para que las disposiciones consideradas en el Convenio entren en vigor.
El principal objetivo del Convenio es “garantizar que las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial sean plenamente coherentes con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.
El Convenio “pretende complementar las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, y cubrir determinadas lagunas jurídicas que podrían derivarse de los rápidos cambios tecnológicos. Para resistir el paso del tiempo, el Convenio Marco no regula la tecnología y es esencialmente tecnológicamente neutro”.
Los países que decidieron participan en esta iniciativa se han comprometido a realizar rigurosas evaluaciones sobre las posibles amenazas que podría representar el uso de la IA a las garantías fundamentales, la democracia y el estado de derecho.
Además, los gobiernos “deberán establecer medidas preventivas y de mitigación al respecto, así como habilitar a las autoridades correspondientes para que introduzcan prohibiciones o moratorias sobre determinadas aplicaciones de sistemas de inteligencia artificial”.
El Convenio fue elaborado por el Consejo de Europa (CdE), cuya sede principal se localiza en Estrasburgo, Francia. El CdE es la más antigua de las organizaciones que persiguen los ideales de la integración europea. Fue constituido el 5 de mayo de 1949 mediante el Tratado de Londres.
De acuerdo con Wikipedia, la CdE es “un organismo internacional de ámbito continental destinado a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley”.
Sobre el Convenio impulsado por el CdE, Marija Pejčinović Burić, secretaria general del referido organismo afirmó a Wired: “Es un texto sólido y equilibrado, fruto del enfoque abierto e inclusivo con el que se redactó. Se benefició de las perspectivas de múltiples expertos. Framework Convention es un tratado abierto con un alcance potencialmente mundial”.
Los trabajos para elaborar el Convenio dieron inicio en 2019, cuando se encargó al Comité ad hoc sobre Inteligencia Artificial (CAHAI) que examinara la viabilidad de un instrumento. Finalmente, en 2022 el Comité sobre Inteligencia Artificial (CAI) redactó y negoció el texto.
El Convenio Marco fue redactado por los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, con la participación de todos los Estados observadores: Canadá, Estados Unidos de América, Japón, México y la Santa Sede, así como algunos Estados que no son miembros del Consejo de Europa, como Australia, Argentina, Costa Rica, Israel, Perú y Uruguay.
Las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de IA deben cumplir los siguientes principios fundamentales: Dignidad humana y autonomía individual, igualdad y no discriminación, respeto de la intimidad y protección de los datos personales, transparencia y supervisión, rendición de cuentas y responsabilidad, fiabilidad, innovación segura.
De acuerdo con lo asentado en el sitio web del Convenio, los gobiernos que participan en el Convenio se comprometen a
“documentar la información pertinente sobre los sistemas de IA y su utilización y ponerla a disposición de las personas afectadas. La información debe ser suficiente para que las personas afectadas puedan impugnar la decisión o decisiones tomadas mediante el uso del sistema o basadas sustancialmente en él, así como impugnar el uso del propio sistema; posibilidad efectiva de presentar una denuncia ante las autoridades competentes; proporcionar garantías procesales, salvaguardias y derechos efectivos a las personas afectadas en relación con la aplicación de un sistema de inteligencia artificial cuando un sistema de inteligencia artificial afecte significativamente al disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales; notificación de que se está interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no con un ser humano”.
De acuerdo con Wired, “los términos proporcionan un marco jurídico que abarca “todo el ciclo de vida de los sistemas IA” y obliga a los cosignatarios a cumplir ciertas normas de regulación y supervisión para mitigar posibles riesgos. Los preceptos fueron negociados por 46 Estados europeos y 11 países no miembros del bloque, incluidos México, Argentina, Canadá, Costa Rica, la Santa Sede, Uruguay y Perú”.
Es importante destacar que, cualquier nación interesada podrá sumarse a esta iniciativa.