Por: Jorge Monterrubio Salazar
Parece que las principales propuestas de candidatos de Morena a jefes de gobierno de la Ciudad de México se debaten entre dos formas distintas de gobernar. Clara Brugada y Omar García Harfuch representan dos vertientes de la gestión de la seguridad en la capital del país, lo cual implica diversos tipos de estrategias y líneas de acción para garantizar mejores condiciones de seguridad humana, así como la disminución de la violencia y de la incidencia delictiva. ¿Por qué me atrevo a afirmar que se trata de dos propuestas distintas en la materia?
Durante la gestión de Omar García Harfuch, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México entre 2019 y 2023, se registraron reducciones significativas de la incidencia delictiva y de la percepción de inseguridad[1]. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que desde el inicio de su gestión en octubre del 2019 hasta septiembre del presente, se presentaron disminuciones de varios delitos de alto impacto: homicidio doloso 41%, secuestros 25%, extorsión 39%, robo con violencia 57%, por mencionar algunas.[2]
No obstante, no queda claro cuál es el peso específico que le corresponde a cada acción de gobierno en la reducción de la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad. Sería necesario también valorar dentro de la ecuación las políticas sociales impulsadas por la anterior jefa de gobierno y por otras instituciones del gobierno de la Ciudad de México, como es el caso de los Senderos Seguros. De igual manera, no se pueden ignorar las intervenciones locales implementadas por las alcaldías.
Desde esta perspectiva, es pertinente observar lo que sucede en un ámbito más local como las acciones implementadas en Iztapalapa, dirigida hasta hace unos meses por Clara Brugada. La exalcaldesa desarrolló un modelo de reinserción social en potencia, que quisiera considerar de cierta forma “indirecto” dado que no estamos hablando de personas privadas de la libertad que tras su liberación se reinsertan en la sociedad, sino de ciudadanos que han tenido problemas con el consumo de drogas pero que ahora tienen acceso a los Centros Colibríes. Estos centros cuentan con programas e intervenciones para disminuir el consumo de drogas legales e ilegales a través de distintas estrategias como la disminución del consumo de forma progresiva. (Alcaldía Iztapalapa, 2022)
Dichas instancias se complementan con actividades recreativas y deportivas ya que pertenecen a las ya muy conocidas UTOPÍAS de Iztapalapa. Esto permite que las personas que se van recuperando del consumo puedan acceder a ellas y así, con el paso del tiempo, logren tener un empleo, recuperar su vida social y mejorar el entorno familiar.
Aún se desconoce el verdadero impacto que estos centros pueden tener en la población en el largo plazo. Dado que estos están ubicados en la alcaldía más poblada de México y con problemas aún no resueltos de seguridad, sería pertinente impulsar y evaluar intervenciones orientadas a la salud pública. Aunque la misión de estos centros no es igual a la de los centros de rehabilitación en algunas ciudades de Canadá, lo cierto es que ofrecen alternativas de política que valdría la pena explorar a mayor profundidad en la Ciudad de México.
A pesar de que no hubo debates ni propuestas abiertas de ambos personajes, no tengo duda que uno de los temas centrales del debate hasta hace unos días es si se debe seguir implementando un modelo tradicional de seguridad pública como el impulsados por Omar García Harfuch o si se apuesta por líneas de acción que busquen el bienestar y la reinserción social como las implementadas por Clara Brugada para desarrollar otro tipo de estrategias que permitan que los índices delictivos tengan mejoras mayores que las que hemos visto en los últimos años.
@Jorgemonsa7
Referencias
Alcadía Iztapalapa. (25 de agosto de 2022). Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=CcswZW-DkjQ&t=1s
[1] Para poder determinar qué es lo que ha causado estas disminuciones en su totalidad, se deberá considerar el peso que tiene la participación de la sociedad civil, el sector privado y el comportamiento de los actores criminales en el periodo comprendido, además de las acciones públicas.
[2] Si bien es importante tomar en consideración que el periodo de comparación es particularmente delicado, derivado de los cambios que hubo en la movilidad de las personas durante la pandemia de Covid-19, actualmente, los delitos previamente mencionados no presentan repuntes en el mediano plazo.
