Por: Jorge Monterrubio Salazar
Si bien la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana y un área fundamental de la administración federal y local, es cierto que el gasto público destinado a este rubro apenas araña el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2023, el ONC detectó inconsistencias importantes entre la planificación y la ejecución presupuestaria, las cuales limitan de manera significativa la efectividad de las políticas de seguridad y afectan la capacidad del Estado para responder a las demandas de la ciudadanía.
El subejercicio del presupuesto es bastante común en diferentes instituciones encargadas de funciones de seguridad. Por ejemplo, solo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que es una de las instituciones principales, tuvo un 41.30% de recursos no ejercidos, es decir, que de cada 100 pesos aprobados del presupuesto, sólo se ejercieron 60. El costo de oportunidad del subejercicio de la SSPC implica negar la posibilidad de reducir los niveles de violencia y fortalecer las capacidades de prevención del delito.
Por otro lado, se observan también importantes sobre ejercicios en instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SM), con 28.73% y 37.43% respectivamente. En total, estas dos instituciones gastaron 47,821 millones de pesos adicionales a lo aprobado, lo que sugiere una expansión en actividades o necesidades no previstas, que, aunque pueden responder a la emergencia de crisis de seguridad, desbalancean la planificación financiera y comprometen la sostenibilidad de los recursos destinados a la seguridad pública en el largo plazo.
Los problemas en la administración del gasto en seguridad pública, como el uso ineficiente o insuficiente de los recursos, evidencian la falta de una estrategia clara. Según la OCDE, en su documento “Managing Public Expenditure”, una buena práctica para evitar estos errores, es elaborar presupuestos basados en datos confiables y en un análisis detallado de las necesidades reales de cada institución. Esto permite que los recursos se asignen de forma más precisa, evitando excesos o carencias.
Según el presupuesto de egresos de la federación 2025, el monto proyectado para el rubro “Seguridad y Protección Ciudadana” asciende a poco más de 70 mil millones de pesos. Como contexto, considerando el corte del tercer trimestre del 2024 se han ejercido en este mismo rubro poco más de 47 mil millones de pesos de los 54 mil
millones aprobados. Lo anterior significa un incremento entre 2024 y 2025 de casi un 30% para este ramo.1
Las nuevas facultades constitucionales que el Congreso de la Unión le otorgará a la SSPC vendrán acompañadas probablemente de un mayor gasto público que debería reducir el subejercicio que ha caracterizado a esta institución. Por este motivo y siguiendo la recomendación de la OCDE, es necesario que dicho gasto sea transparente y que se rinda cuentas sobre este para mejorar la confianza ciudadana.
México enfrenta el desafío de reorganizar su gestión del gasto en seguridad pública para garantizar que cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de las personas. Adoptar prácticas como las que recomienda la OCDE –presupuestos bien planeados, transparencia en el manejo de los recursos y evaluación constante de resultados– no solo ayudaría a evitar errores, sino que también fortalecería la confianza ciudadana y sin duda haría más efectivos los esfuerzos en materia de seguridad.
@Jorgemonsa7
1 Es fundamental ser precavidos al momento de interpretar este incremento entre 2024 y 2025, ya que el ramo “Seguridad y Proteccion Ciudadana” suele presentar subejercicios.
