La Guardia Nacional (GN) ha hecho un esfuerzo excepcional para reducir la inseguridad en México. En un comunicado de prensa emitido a finales del año pasado por la GN, se menciona que esta ha sido clave para combatir el crimen de diversos tipos y generar una disminución de la percepción de inseguridad a su punto más bajo en los últimos cinco años.
Aunado a ello, la GN junto con el Ejército y la Marina cuentan con el respaldo de una opinión pública mayoritariamente favorable.
¿Por qué, entonces, ha habido tanta oposición por parte de los organismos de la sociedad civil y de los organismos internacionales a su creación?
En 2006, México adoptó una respuesta militarizada para enfrentar al crimen organizado. Desde entonces, la violencia y la inseguridad han aumentado de forma descontrolada y no han disminuido. Después de doce años de violencia, era necesario abrir un nuevo capítulo en la historia de la seguridad en México.
Sin embargo, en 2018, el gobierno federal eliminó a la Policía Federal y creó una nueva institución de seguridad interna: la Guardia Nacional. Esta incorpora elementos de la Marina y del Ejército que estaban ya realizando funciones de seguridad y las regulariza para que tengan mayor supervisión y puedan actuar mejor.
Dicha estrategia me parece alarmante porque, más que un cambio de rumbo, representa una profundización y expansión de la militarización de la seguridad interna mexicana.
Si bien se han producido algunos resultados positivos, hay serias dudas de que estos sean atribuibles a la GN y no a otros factores, como pudiera ser la epidemia causada por SARS-CoV-2, que frenó la actividad de grupos de crimen organizado de forma temporal –aunque ya está repuntando.
Aunado a ello, la GN ha sido acusada de frecuentes violaciones a Derechos Humanos,
ante los cuales ha habido impunidad y pocas o ninguna respuesta para prevenir que ello vuelva a suceder.
En definitiva, si doce años de una respuesta militar al crimen organizado nos han mostrado algo es que la creación de la Guardia Nacional no es un movimiento en la dirección correcta. Por lo tanto, es necesario replantear de forma radical la respuesta mexicana ante el crimen organizado, así como generar instituciones civiles y con supervisión civil para la seguridad interna del país, y acabar de una vez con la militarización en lugar de legitimarla.
Los resultados aparentemente positivos que ha tenido hasta ahora la GN no son más que un espejismo en el desierto, y perseguirlo pudiera implicar una muerte lenta y dolorosa para nuestra democracia y nuestra seguridad. Si bien hay algún resultado positivo de todo ello, aún hay tiempo de cambiar, aprendamos del pasado y pensemos en una nueva visión para la seguridad mexicana y hagamos un diseño institucional que no dependa exclusivamente de la fuerza para combatir el crimen.