Por Dirección de Investigación del ONC
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha realizado una extraordinaria labor para generar información útil para entender mejor nuestra realidad a nivel nacional y subnacional. Para quiénes nos dedicamos a observar y analizar asuntos de seguridad y justicia los censos de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario, derechos humanos, procuración y administración de justicia son esenciales. Tanto como lo son las encuestas de victimización y percepción de (in) seguridad.
Estos acervos de información estadística han probado su valía para el análisis y se han convertido en referentes obligados y orientadores de la discusión pública cada vez que se publican los resultados más recientes. Otros proyectos como la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) han quedado en pausa debido a las restricciones presupuestales de la política de austeridad de la actual administración federal.
El INEGI también cuenta con algunas joyas un tanto ocultas en el Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad e Impartición de Justicia. Particularmente nos referimos a tres fuentes de estadísticas experimentales: a) Recopilación de información de los cementerios públicos en las zonas metropolitanas del país; b) Centros de Justicia para las Mujeres; y c) Encuesta para caracterizar a la población en situación de desplazamiento forzado interno en el Estado de Chihuahua.
Cada una de estas fuentes de información tiene elementos valiosos para comprender mejor el fenómeno de las violencias. Por ejemplo, los registros sobre cementerios públicos indican que en 2020 fueron inhumados en fosas comunes de los panteones públicos municipales 24 mil 330 cadáveres. Es decir, decenas de miles de cuerpos no han podido ser identificados y de manera legal fueron depositados en estas fosas. El problema es todavía más grave si se consideran las fosas clandestinas localizadas por colectivos de la sociedad civil.
Destinar más recursos al INEGI para continuar y mejorar estos registros administrativos permitiría coordinar los esfuerzos para la localización de personas desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) inició trabajos para integrar un Módulo de Fosas Comunes (MFC) con el objetivo de confrontar esa información con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De hecho, a petición de la CNB el INEGI ha incorporado preguntas a sus censos municipales sobre fosas comunes. Urge continuar con el esfuerzo institucional coordinado para obtener series de tiempo.
En situación similar se encuentra la información sobre los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) la creación y fortalecimiento de los CJM es “una de las políticas públicas más exitosas…desde el 2010” (CONAVIM, 2022). Sin embargo, no hay información completa para evaluar la precisión de esa aseveración. Gracias al acervo del
INEGI es posible saber que en 2021 había 55 CJM, de los cuáles 38 estaban adscritos a las Fiscalías Estatales, 14 a las Secretarías de Gobierno y 3 a otras dependencias estatales. En estos centros se atiende anualmente a cerca de 150 mil mujeres. Queda clara la importancia de los CJM, pero faltan datos para saber qué modificar o reforzar.
Finalmente, tenemos el acervo sobre desplazamiento forzado interno. Es el menos desarrollado de los tres, pero tiene mucho potencial. Las cifras recabadas son realmente bajas, 184 viviendas en Chihuahua con población desplazada. Probablemente, más que una encuesta se requiera incluir preguntas en algún censo. No obstante, ha quedado clara la necesidad de medir de alguna manera este fenómeno.
En suma, desde la Dirección de Investigación del ONC hacemos un exhorto a las futuras autoridades federales para que el INEGI cuente con mayores recursos presupuestales para
recuperar la periodicidad de algunas encuestas y consolidar los levantamientos que realiza en fase experimental. De esta manera podríamos contar con mejor información para evaluar el desempeño gubernamental en la contención de la violencia y entender otras aristas del fenómeno criminal.
