Por Manuel Vélez
La semana pasada trascendió la noticia de la desaparición 8 ciudadanas colombianas en Tabasco, quienes presuntamente habían sido secuestradas por un grupo delictivo. Dicho acontecimiento fue dado a conocer durante una emisión del noticiario conducido por Ciro Gómez Leyva en la que narró cómo las mujeres habían acudido en calidad de acompañantes a un evento organizado por un líder criminal en el municipio de Cárdenas. Estas fueron localizadas gracias al esfuerzo de las autoridades estatales y federales el sábado pasado.
Al respecto, la nota periodística sostiene que las mujeres formarían parte de un grupo más numeroso que arribó al país con una deuda de 120 mil pesos contraída con una red de trata del Cartel Jalisco Nueva Generación. Para saldar dicha deuda, estas acuden a eventos en calidad de scorts.
Sin embargo, el domingo trascendieron nuevos vídeos difundidos por la fiscalía en los que una de las mujeres rescatadas afirma estar en México voluntaria y legalmente, en buen estado de salud y con sus documentos en el domicilio. Sería poco inteligente por parte de la víctima reconocer algo distinto pues su integridad seguramente no está exenta de riesgos en estos momentos.
Este caso nos obliga a reflexionar nuevamente sobre los mecanismos financieros típicos de la trata de personas. Cuando la víctima incurre en algún tipo de deuda con el grupo tratante durante la etapa del enganche, genera un vínculo de dependencia económica difícil de romper bajo las condiciones de explotación. Lo usual será que algunos gastos corrientes de las víctimas se carguen a la deuda mientras que los abonos siempre crecerán a un ritmo más lento, lo que derivará naturalmente en una deuda perpetua. Es un esquema tan viejo como fiable.
Otro mecanismo financiero que posibilita la trata de personas es el pago de sobornos u otros esquemas de corrupción en los que incurren las autoridades y que posibilitan su enriquecimiento a partir de los ingresos criminales provenientes de esta actividad. En este sentido, el último reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos fue contundente al especificar que, en 2022, “el gobierno [de México] no informó ninguna nueva investigación, procesamiento o condena de funcionarios por complicidad en delitos de trata”. Entonces, habría que indagar sobre el rol de funcionarios en Tabasco.
Aunque los cálculos sobre la magnitud económica de una actividad como la trata de personas siempre están sujetos a un nutrido debate metodológico, a menudo el consenso la sitúa en tercer o cuarto lugar, por detrás del tráfico de drogas. Sin embargo, la capacidad del sistema financiero de identificar las transacciones es aún incipiente. En 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 403 Reportes de Operaciones Inusuales con transacciones equivalentes a 7.5 millones de dólares. A pesar de que la cantidad de reportes se duplicó respecto al 2021, resta mucho por hacer en esta materia.
En 2022, el ONC abordó este tema en uno de sus documentos de investigación con la esperanza de que las instituciones y autoridades del sistema financiero, así como otros sujetos obligados y autoridades de procuración de justicia incorporasen la perspectiva financiera y antilavado en las acciones y políticas contra la trata de personas. Para ello, un requisito indispensable es la comprensión real de los riesgos de lavado de dinero en términos de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias.
Por este motivo, llama la atención que en la recientemente publicada Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023 se afirme que “la participación de grupos del narcotráfico en la explotación sexual es mínima” cuando casos como los narrados se replican con certeza en varios puntos de la geografía nacional. A reserva de que existe una diversidad de estructuras criminales que se dedican a la trata en el país, la mención aislada de esta actividad enciende las alarmas.
Es de particular preocupación que la ENR menoscabe esta amenaza, ya que plantearía serias dudas sobre la comprensión de los riesgos de lavado de dinero provenientes de la trata de personas la cual constituye, a mi juicio, una de las amenazas regionales más apremiantes en América Latina y el Caribe.
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@VelezManuel
