La preocupación por los altos niveles de violencia e inseguridad ha llevado a que los gobiernos en sus distintos niveles pongan en funcionamiento una serie de medidas para mejorar el control de los territorios que administran. Sin embargo, la escala en la que pretenden obtener resultados en muchos casos no son los esperados. Las intervenciones suelen contener esporádicamente el problema, y no se generan condiciones sociales ni institucionales para mantener relaciones de convivencia pacíficas duraderas. Frente a esto emerge como alternativa dirigir los distintos recursos al control social de microespacios.
Sabemos que desde hace más de dos décadas los gobiernos se han decantado de manera casi unánime por montar una estrategia para contener el crimen y la violencia a través del uso de la violencia legítima del Estado. Cuando en una región del país se elevan los índices de violencia drásticamente, cientos de elementos de las fuerzas federales se vuelcan sobre los territorios afectados para atender la problemática. Sin embargo, este tipo de medidas terminan por complejizar las condiciones delictivas de los municipios o regiones objetivo.
Además del incremento de las muertes generadas por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y con las fuerzas federales, en los espacios atendidos emergen y se instalan otro tipo de violencias y delitos como lo son, la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, corrupción e impunidad (Granados, 2022). Como se ha documentado en muchos casos, estas condiciones emergentes son producto directo de las incursiones de este tipo de fuerzas de seguridad.
Respecto a las intervenciones de las fuerzas policiacas locales tampoco hay un número importante de referentes que nos permitan identificar una mayor eficacia en el control de los territorios bajo su jurisdicción. Las policías locales, en el marco de la crisis de inseguridad y violencia, no garantizan operar a favor del control de conductas antisociales y criminales. Entre muchas condiciones, la corrupción es uno de los principales fenómenos que ha corroído el accionar policial.
Es amplia la evidencia que ha mostrado cómo elementos de las fuerzas de seguridad local han tejido redes para dejar operar conductas ubicadas entre los límites de la legalidad o francamente protegen actividades criminales. En el corto plazo, esperar en ellos un actor principal para reducir la violencia y delincuencia no representa una alternativa en todos los casos.
Aunado a lo anterior, no se debe olvidar que la gran mayoría de las autoridades municipales y estatales han abandonado el proyecto de fortalecer y modernizar sus cuerpos de seguridad. Por un lado, se ha desdeñado la importancia de que sus policías atiendan y canalicen los problemas cotidianos de las comunidades. Por el otro, los gobiernos locales esperan que la federación responda con la fuerza una vez que los índices de violencia e inseguridad son insostenibles. La comprensión que subyace a estas medidas es que los policías locales solo son reactivas y no preventivas.
Ante un escenario de estas condiciones, invertir en las energías de las capacidades de control territorial de las comunidades emerge como una alternativa viable. La propuesta no significa que sean los ciudadanos quienes enfrenten el delito, más bien que los distintos actores sociales apoyen las acciones sociales para prevenir conductas que puedan derivar en la comisión de delitos y violencia.
En otras latitudes se ha demostrado que cuando las comunidades mejoran físicamente su entorno inmediato, mejorar la dotación los servicios públicos, tienen una mayor vigilancia sobre los jóvenes, establecen redes de confianza y cohesión social, ciertos tipos de delitos y violencia se previenen en el largo plazo (Sampson y Wilson, 2013; Sutherland et. al., 2013; Villarreal y Silva, 2006). Sin embargo, esto no se logra en grandes extensiones geográficas, el vecindario o los entornos más inmediatos han resultado ser los espacios más idóneos para controlar el delito.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
Fuentes:
Granados, Otto (9 de noviembre 2022). ¿La calle es mía?. El país. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-11-09/la-calle-es-mia.html
Sampson, R., & Wilson, W. (2013). Great American city : Chicago and the enduring neighborhood effect (Paperback ed.)
Sutherland, A., Brunton-Smith, I., & Jackson, J. (2013). Collective Efficacy, Deprivation and Violence in London. British Journal Of Criminology, 53(6), 1050-1074.
Villareal, A., & Silva, B. (2006). Social Cohesion, Criminal Victimization and Perceived Risk of Crime in Brazilian Neighborhoods. Social Forces, 1725-1753.
