Por Ángel Fernández
A pesar de los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno por manejar la narrativa y sugerir que el problema de la inseguridad está bajo control, especialmente al destacar una disminución en los homicidios dolosos, la realidad es que hay regiones donde la violencia está arraigada y existe la posibilidad latente de que aumente en cualquier momento. Debemos tener en cuenta tres elementos que respaldan esta afirmación.
En primer lugar, análisis recientes han señalado posibles irregularidades en la clasificación de homicidios intencionales en ciertas entidades del país. Aunque no contamos con pruebas concluyentes que demuestren una manipulación deliberada de estos datos, lo que podría explicar la aparente disminución en las estadísticas, el debate ha puesto de manifiesto que los homicidios intencionales clasificados como "no determinados" están experimentando un aumento atípico.
Un aspecto adicional que afecta a todos los gobiernos es la falta de un esfuerzo concreto para mejorar las condiciones de denuncia de delitos. Las autoridades, en sus distintos niveles, parecen tener este tema inexplicablemente relegado. Mientras tanto, la mayoría de las víctimas, como ha sido históricamente, optan por no denunciar, considerando que es una pérdida de tiempo y desconfían de la integridad de los ministerios encargados, según datos de la ENVIPE 2023.
En segundo lugar, algunas entidades federativas muestran que la exposición al riesgo de homicidio intencional no ha experimentado cambios significativos, manteniendo el fenómeno en niveles críticos. Ejemplos de ello son Baja California, Chihuahua y Colima, que continúan ubicándose en los primeros lugares en términos de violencia dolosa. En el caso específico de Colima, durante el año 2023, el homicidio intencional (98.7) ocurrió prácticamente con la misma intensidad que un robo a negocio (97.4), de acuerdo con los datos del SESNSP.
Adicionalmente, es crucial destacar que otros territorios han sido arrastrados por la violencia de regiones vecinas en años recientes. Morelos, Zacatecas, Guanajuato y Sonora, en los últimos años no han logrado contener la escalada de violencia letal y otros delitos estrechamente vinculados. En el caso de Morelos, por ejemplo, la tasa de homicidio doloso ya elevada en 2018, registrada en 36.04, experimentó un alarmante aumento hasta alcanzar 63.98 en 2023, representando un incremento del 77.52%.
Y tercero, no se observa una modificación significativa del contexto que nos permita pensar que la disminución de la violencia letal se mantendrá. Aunque los indicadores señalan una reducción de la pobreza en el país, es importante insistir en que no hay evidencia científica que respalde la influencia directa de la pobreza en la violencia.
Por otro lado, tampoco se perciben cambios profundos en la forma en que los mexicanos nos organizamos, relacionamos y reaccionamos frente al delito. Además, los gobiernos, en sus distintos niveles, han implementado escasos cambios institucionales, evidenciados en la impartición de justicia y en la manera de proporcionar seguridad.
Frente a la complejidad planteada, es esencial emprender acciones específicas. En primer lugar, resulta fundamental reconocer que la reducción de los homicidios intencionales a nivel agregado no debe interpretarse como un diagnóstico concluyente que nos permita afirmar que hemos alcanzado "la luz al final del camino". En segundo lugar, es necesario establecer espacios públicos propicios para escuchar y considerar otras perspectivas sobre cómo abordar la problemática de la violencia.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
