Por Norma Bautista Santiago
Hace un año que la humanidad empezó a vivir un cambio radical en sus hábitos de vida cotidiana. El confinamiento para resguardar la vida frente al virus SARS-COV-2 obligó a las personas a resguardarse en casa y realizar ahí sus actividades. El trabajo, la escuela, las compras, el pago de servicios y las actividades de ocio se trasladaron a los dispositivos tecnológicos con conexión a internet. Empieza así una nueva historia en la vida ciudadana definida por la hiperconectividad.
Si bien es cierto que el distanciamiento social ha restringido el contacto con otras personas, es un hecho que abrió la puerta de nuestra privacidad al mundo virtual: escuela en línea, home office (oficina en casa) y las compras del supermercado se realizan en casa por medio de sencillos pasos: encender la computadora o el teléfono, conectarse a internet, registrarse como usuario, y dado el caso, dar de alta los datos de tarjetas bancarias para realizar pagos en línea.
Con el registro de datos considerados “sensibles” aún dentro de nuestra casa estamos a merced de la delincuencia. Según el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial, el riesgo de ciberataques a la infraestructura crítica y el fraude o robo de datos se clasificaron entre los 10 principales riesgos con mayor probabilidad de ocurrir. Las proyecciones mundiales estiman que los daños por delitos cibernéticos alcanzarán los seis billones de dólares para 20211.
En México, al mes se reportan en promedio 10 mil ciberataques a la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, el 22 por ciento de estos ataques se perpetran a ciudadanos y el 72 por ciento son incidentes que atentan a la seguridad de instituciones privadas y públicas del país, como Nextel, Comisión Federal de Electricidad y Universidades privadas2.
Las historias que guardan estos indicadores exponen como el patrimonio de los ciudadanos, las empresas y las instituciones están en riesgo constante debido a que la capacidad de ciberseguridad en México va construyendo su madurez de manera paulatina. El Reporte de Ciberseguridad 20203 detalla que nuestro país no cuenta con una ley de delito cibernético, aunque el artículo 211 del Código Penal prevé el delito informático, estas disposiciones son limitadas y con algunos huecos, esto dificulta la lucha contra el cibercrimen.
En este primer bimestre del año en curso, los casos de fraudes en línea y robo de identidad son cada vez más comunes. Al momento que los usuarios registran sus datos bancarios y personales en las páginas internet lo hacen como un acto de fe. Confían en la seguridad que los sitios web ofrecen y que en el mejor de los casos, conocen las recomendaciones de la policía cibernética difunde para identificar sitios web seguros de los que no los son.
Testimonios recopilados para este texto dan idea de lo vulnerable del ciberespacio. Como ejemplo, el caso de una mujer que radica en la Ciudad de México quien tras una compra en línea en una tienda mexicana de artículos deportivos y verificar la seguridad del sitio oficial de la marca, procedió a pagar con su tarjeta de crédito. Al rededor de 72 horas después en el mismo plástico se registraron tres compras consecutivas. Su tarjeta fue clonada y empleada para compras por más de 15 mil pesos, operaciones realizadas en un país europeo.
Mientras en México la inclusión digital siga avanzando y haya más usuarios de internet haciendo compras en línea, las autoridades tienen el gran reto de consolidar sus capacidades de ciberseguridad. Con suerte pronto pasará la pandemia de la COVID-19, pero el crimen en la red del internet seguirá al acecho.