Por Ángel Fernández
El mandato de López Obrador dejará un legado difícil de revertir: la militarización de la seguridad pública. Su gobierno empleó numerosos recursos materiales y simbólicos para desestimar la estrategia civil en la búsqueda de la paz y la seguridad. Se requerirán condiciones excepcionales para que la seguridad vuelva a estar en manos de instituciones civiles y adopte un enfoque diferente.
En principio, parece poco probable que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, modifique el camino que AMLO ha trazado en materia de seguridad. La reciente aprobación de la reforma que coloca a la Guardia Nacional bajo control de la SEDENA es una señal clara de que la militarización seguirá siendo el pilar de la estrategia de seguridad.
Estas decisiones mantendrán la inercia de centralizar las decisiones de seguridad en pocas manos, con acciones que continuarán siendo discrecionales, mientras que la disuasión, mediante el uso de la fuerza, seguirá activándose cada vez que una nueva crisis de violencia estalle en algún territorio del país. Esto sin olvidar la vulnerabilidad a la que seguirán expuestos los derechos humanos con el despliegue de las fuerzas de seguridad federales.
A pesar de este camino ya trazado, la posibilidad de generar políticas preventivas o centradas en la reconstrucción del tejido social no está completamente descartada. Desde el propio gobierno federal se pueden implementar algunas acciones; Claudia Sheinbaum, durante su gobierno en la Ciudad de México, puso en marcha un robusto conjunto de programas sociales e infraestructurales que posiblemente tuvieron un impacto en la reducción de la violencia letal en la capital.
Sin embargo, replicar estas medidas a nivel nacional representa un desafío enorme, considerando que pocas ciudades tienen un paralelismo con la capital del país. Además, el nuevo gobierno federal no ha presentado estrategias significativamente distintas al pasado inmediato, y parece que también seguirán esperando que las transferencias económicas resuelvan el problema de la inseguridad y la violencia.
Otra vía es que los gobiernos locales adopten medidas de prevención. Programas que promuevan la participación ciudadana, intervenciones con jóvenes, policías de proximidad y la recuperación de espacios urbanos pueden ser una alternativa viable. Para lograrlo, las autoridades deben abandonar la idea no comprobada de que una mayor capacidad punitiva reduce la incidencia delictiva.
Una tercera opción es que la sociedad civil genere procesos a escala micro para proteger a las comunidades de la criminalidad convencional y organizada. Para ello, es crucial que los gobiernos locales comprendan la importancia de estas intervenciones y faciliten las condiciones para que puedan llevarse a cabo.
La incapacidad para superar la crisis nos obliga a dejar de esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Persistir en la militarización podría costar miles de vidas y víctimas del delito. En los próximos años, una realidad alternativa puede surgir a partir del trabajo que se realice en el ámbito local, el cual será determinante para definir las condiciones de convivencia y seguridad en el país.
Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
